TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señaló que, el incremento de casos de extorsión, amenazas, asesinatos, homicidios, despojo de propiedades, trata de personas y el reclutamiento de niños y jóvenes tuvo un fuerte impacto en el desplazamiento forzado de personas que, a juzgar por lo ocurrido en el 2023, va en aumento cada año.
Según el ente estatal, las medidas adoptadas por el gobierno, como la instauración del Estado de excepción, no ha dado los resultados que espera la población ya que la violencia no ha disminuido y, afirmó que, según el recuento preliminar de las quejas atendidas, en el 2023, el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que sigue en crecimiento.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes mencionó que, solo en el 2022, se atendieron quejas de 21 municipios del país concentrándose, el 77.9 por ciento de los casos, en el Distrito Central (617), San Pedro Sula (313), Choluteca (90) y La Ceiba (84), lo cual tiene una relación estrecha con el alto índice de violencia que presentan las principales ciudades del país.
Agregó que, hay barrios y colonias donde el desplazamiento forzado está tocando fuertemente a las mujeres, a los comerciantes y a los transportistas, entre otros.
“Constantemente hay rutas del transporte que se paralizan porque no quieren continuar brindando su servicio por la extorsión, que es una de las principales causas que está generando el desplazamiento forzado”.
Modalidades delictivas como la extorsión, las amenazas, los asesinatos, los homicidios obliga que la gente no solo abandone su casa, sino que su trabajo, su medio de subsistencia y huyen para salvaguardar su integridad física y su vida, muchas veces en compañía de sus familiares.
De las 10 mil 556 quejas atendidas por el Conadeh en el año 2022, el 13.4 por ciento estuvieron relacionados a situaciones de desplazamiento interno.
Las “maras y pandillas” fueron identificadas, por las víctimas, como los principales agresores en el 30.6 por ciento de las quejas relacionadas a desplazamientos forzados. Además, en el 27.8 por ciento de los casos, las personas peticionarias identificaron a familiares, pareja, vecinos e incluso al empleador y compañeros de trabajo como los principales agresores de actos de violencia en su contra.
En el 33.4 por ciento de los casos, las personas que interpusieron quejas relacionadas a desplazamiento forzado interno indicaron que “desconocían” a sus agresores, ya que las amenazas las recibieron vía telefónica o a través de notas escritas en papel.
Más de un centenar de perfiles de profesiones y ocupaciones en riesgo permanente
Reyes explicó que producto de las quejas atendidas, en el Conadeh, fueron identificados más de 100 perfiles de profesiones y ocupaciones que están siendo golpeadas por el desplazamiento forzado. Entre estas mencionó a las amas de casa, comerciantes, transportistas, docentes de primaria y secundaria, abogados, periodistas.
Especial mención hizo de los operadores de justicia, principalmente los que viven en zonas de alto riesgo, porque cuando son identificados que forman parte de la Secretaria de Seguridad o de Defensa son obligados a tener que abandonar su comunidad por el riesgo que representan los grupos criminales.
Reyes exhortó a las autoridades encargadas de la seguridad en el país a brindar protección a los afectados ya que una persona desplazada es altamente vulnerable porque tiene que salir huyendo de su casa para salvaguardar su integridad física y su vida.
Solo en el 2022, el 54 por ciento de las quejas atendidas por el Conadeh, por desplazamiento forzado, fueron interpuestas por hombres, por causas que ponen sus vidas en situaciones de riesgo, como el tipo de trabajo, ubicación geográfica o relación entre pareja.
El 46 por ciento restante, de las quejas, fueron presentadas por las mujeres, por factores de riesgo relacionados a la violencia basada en género, que se manifiesta mediante el abuso sexual y la violencia intrafamiliar, además, del reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la usurpación, despojo o destrucción de viviendas, y la ocupación como amas de casa, comerciantes o vendedoras ambulantes.
Las edades de las víctimas oscilan entre los 31 a 59 años en un 64 por ciento de los casos, seguidos por los de 18 a 30 años (26 por ciento) y adultos mayores (4 por ciento).
