TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La polémica generada por la rotación de magistrados de las salas que conforman la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha puesto de manifiesto nuevamente, la falta de voluntad y ambivalencia de la clase política hondureña en perjuicio de la democracia, el Estado de Derecho y la confianza ciudadana., señaló hoy la Red por la Defensa de la Democracia (RDD).
Indican que “observan con preocupación el constante debilitamiento al Estado de Derecho en Honduras, en un contexto en el que el país se mantiene bajo polarización por el accionar de la clase política y se distancia de garantizar que el imperio de la Ley sobrepase acuerdos e intereses partidarios y personales”.
Cabe señalar que, el pasado 16 de febrero, la abogada Rebeca Lizette Ráquel Obando, presidenta de la CSJ, comunicó al resto de magistrados la rotación de las coordinaciones de las salas de forma unilateral, imponiendo su condición de titular del Poder Judicial sobre una votación que debió realizarse en el pleno.
“Instamos a las autoridades del Poder Judicial a reflexionar sobre la importancia de su rol en el fortalecimiento de nuestra democracia y a actuar con responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de sus funciones y sobre todo de la ley en beneficio del pueblo hondureño”, subrayaron.
Aquí el pronunciamiento integro:
RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE PRIMAR SOBRE DECISIONES POLÍTICAS PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO
La reciente controversia por la rotación de magistrados de las salas que conforman la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha puesto en manifiesto, nuevamente, la falta de voluntad y ambivalencia de la clase política hondureña en perjuicio de la democracia, el Estado de Derecho y la confianza ciudadana.
El pasado 16 de febrero, la abogada Rebeca Lizette Raquel Obando, presidenta de la CSJ, ha comunicado al resto de magistrados la rotación de las coordinaciones de las salas de forma unilateral, imponiendo su condición de titular del Poder Judicial sobre una votación que debió realizarse en el pleno.
Desde la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) observamos con preocupación el constante debilitamiento al estado de Estado de Derecho en Honduras, en un contexto en el que el país se mantiene bajo polarización por el accionar de la clase política y se distancia de garantizar que el imperio de la Ley sobrepase acuerdos e intereses partidarios y personales.
En tal sentido, nos pronunciamos en los siguientes términos:
1. La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia. La interferencia política en la selección de los miembros de la Corte Suprema pone en riesgo esta independencia y debilita la confianza en las instituciones democráticas. La politización del sistema judicial es un fenómeno alarmante que afecta la imparcialidad y la independencia de las decisiones judiciales, lo cual representa una amenaza para la estabilidad democrática y el funcionamiento del sistema de justicia en Honduras.
2. Lamentamos la ambivalencia y la falta de voluntad de su máxima autoridad. Es penoso que desde la CSJ se desprendan estas acciones, ya que dicho poder del Estado está llamado a ser el último bastión en la defensa de la democracia y establecer pesos y contrapesos en el sistema democrático. Estas acciones evidencian que las decisiones adoptadas -más que jurídicas- son políticas, lo que debilita el Estado de Derecho y el acceso a la justicia.
3. Estas imposiciones, que irrespetan lo establecido en reglamentos y leyes hondureñas en lugar de optar por fortalecer los mecanismos de democracia interna del Poder Judicial, alimentan de manera negativa las evaluaciones internacionales como el índice de Democracia, el cual en su edición 2023 puntúa a Honduras con 4.98 de 10 y lo ubica en la posición 95 de 167 como un país bajo un «régimen híbrido», que no logra ser una democracia sólida y madura. A nivel centroamericano, el único país peor calificado es Nicaragua, calificado como «régimen autoritario».
4. Instamos a las autoridades del Poder Judicial a reflexionar sobre la importancia de su rol en el fortalecimiento de nuestra democracia y a actuar con responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de sus funciones y sobre todo de la ley en beneficio del pueblo hondureño. Es crucial que se respeten y se mantengan los principios del Estado de derecho, incluido el respeto a los precedentes y las normativas establecidas para garantizar la imparcialidad y la transparencia en el sistema judicial hondureño. Por ello, exhortamos de manera inmediata a que se convoque al pleno de magistrados para que, como máxima autoridad, tomen las determinaciones que ameriten para corregir este impase que ha causado tanta zozobra en la población.
Desde la sociedad civil organizada hacemos un llamado a las autoridades y actores políticos a reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones y a tomar medidas concretas para preservar la integridad del sistema judicial y fortalecer el estado de derecho en Honduras. Instamos a todas las partes involucradas a trabajar en conjunto para asegurar que el sistema judicial opere de manera independiente y en beneficio de toda la sociedad hondureña.
El respeto al Estado de derecho es fundamental para el desarrollo democrático y el bienestar de nuestro país.
