TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El gobierno hondureño, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, aprobó la licencia ambiental para la construcción de una megacárcel en las Islas del Cisne, a 250 kilómetros de Islas de Bahía, zona insular de Honduras.
Así lo informó el propio ministro del Ambiente, Lucky Medina, quien además detalló que la resolución se tomó con la participación de 40 profesionales certificados.
“Aprobamos Licencia Ambiental ‘Cárcel de Máxima Seguridad en Islas del Cisne’», posteó Medina en su red social X.
Adicionó que, para conservar el valioso ecosistema de la zona del Caribe hondureño, el proyecto contempla un Centro de Monitoreo Biológico.
La aprobación de la licencia ambiental es considerada como una primera fase que incluye detalles del diseño final de estudios biológicos, marino-costeros y ampliación de datos científicos.
La segunda fase del proyecto se enfocará en la infraestructura, incluyendo una granja solar para generar energía sin afectar la vegetación local y plantas de tratamiento de aguas residuales.
La cárcel en Islas del Cisne prevé albergar a unos dos mil privados de libertad.
Se prevé que unos 80 millones de dólares (2 mil millones de lempiras) se destinarán para las obras de infraestructura de la cárcel.
La instrucción ha sido precisa: que el penal esté listo lo más pronto posible para trasladar a “sus primeros huéspedes”.
Islas del Cisne y áreas protegidas en Honduras
Las Islas del Cisne forman parte de las 39 áreas prioritarias de las 99 áreas protegidas existentes en Honduras.
Se trata de un importante archipiélago por su biodiversidad y singularidad ecosistémica.
También son consideradas prioridad a nivel regional ya que presentan ecosistemas terrestres y marinos únicos a lo largo de México hasta Costa Rica, especialmente por la presencia del pájaro bobo y el arrecife parchado, el cual se considera se encuentra en mejor condición a la existente en Belice e Islas de la Bahía.
Uno de los gremios que más se ha opuesto a la construcción de la cárcel es el de los biólogos, que han alertado el impacto ambiental y ecológico que podría generar el desarrollo de infraestructura marino-costera en un área compleja y vulnerable como el archipiélago.
