TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a través de análisis titulado, «Juicio político a la titular del Poder Ejecutivo», considera que existen “elementos” y “causales suficientes” para un “juicio político” a la presidenta Xiomara Castro, tras los últimos acontecimientos que sacuden al gobierno.
El organismo de sociedad civil el CNA insta a los diputados y diputadas del Congreso Nacional para realizar el trámite que en derecho corresponde.
El estudio recuerda que existen tres causales por las que pueden ser sometidos los altos funcionarios del Estado siendo estas: La denuncia grave en el desempeño de su cargo; realizar actuaciones contrarias a la Constitución o el interés nacional y la manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.
Señalan que en el artículo 234 de la Constitución de la República se contempla la figura del juicio político, aplicable a los altos funcionarios que realicen actuaciones contrarias al interés nacional.
“El procedimiento realizado por parte de la presidencia de la República para denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos carece de fundamentación real, por lo tanto, no existe una causal válida que justifique dicho accionar más que la generación de impunidad dentro del territorio nacional”, añade el ente.
El CNA apunta en su escrito que existen actuaciones que “lesionan el interés nacional” y que “atentan” contra el Estado, por lo que, insta a los diputados del Congreso hondureño a realizar el trámite que en derecho corresponde.
“Utilizar esta atribución para dar por terminado el tratado de extradición por parte de la titular del Poder Ejecutivo es exigua, ya que, en ningún momento se determinó de manera contundente la presunta amenaza contra la paz interior o ataque de agresión exterior debidamente motivado”, cita el escrito.
La organización Anticorrupción enfatizó en el documento que “al haberse señalado mediante criterios objetivos las causales para determinar el inicio de un juicio político a la titular del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo al ser independiente y complementario, tiene el deber constitucional de analizar dicha conducta y proceder tal y como lo indica la norma suprema del Estado”.
“En caso que no se eleve únicamente acreditaría que no existe una verdadera independencia de poderes dentro del territorio nacional como consecuencia de la concentración de poder”, expresan.
En conclusión, señala el análisis presentado por el CNA, “más allá de la legalidad en el proceso de denuncia del tratado de extradición, las razones utilizadas por el gobierno de la República carecen de una motivación y ello, implica una evidente lesión a la buena fe con la que se aplicó el referido tratado de extradición como herramienta de cooperación internacional y consecuentemente”.
Asimismo, agrega que, “al establecer que su gobierno se encuentra en riesgo por presuntas amenazas sin que estas hayan sido debidamente acreditadas por encima del interés nacional en cuanto al combate de la criminalidad organizada, se lesiona gravemente la seguridad jurídica del Estado de Honduras”.
