- Entre 2022 y 2024, se han asignado L 88,100.6 millones a instituciones del sistema de defensa, seguridad y justicia.
- La reducción de la tasa de homicidios es un punto positivo, pero sigue siendo la más alta de Centroamérica.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A más de tres años de gestión del actual gobierno, las principales promesas en materia de seguridad y justicia permanecen sin cumplirse, pese al incremento del presupuesto para las secretarías de Seguridad y Defensa, señala el informe Estado de país 2025: Seguridad y Justicia, presentado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El análisis detalla que, de los ocho principales compromisos incluidos en el Plan de gobierno para refundar Honduras (2022-2026) de la presidenta Xiomara Castro, sólo uno ha sido cumplido, dos están en proceso, mientras cinco siguen sin cumplirse. Entre las promesas sin cumplir destacan la desmilitarización de la seguridad ciudadana, la derogación de leyes que favorecen la impunidad y el fortalecimiento del sistema de justicia.
A pesar del aumento del presupuesto en las secretarías de Seguridad y Defensa, con un 61 % y 18.7 % respectivamente más que lo asignado en el período 2019-2021, los problemas de criminalidad y violencia siguen afectando gravemente a la ciudadanía hondureña. El incremento presupuestario demuestra que el dinero no es el problema, pero tampoco la solución si no hay estrategias efectivas y sostenibles.
La extorsión continúa siendo una de las principales amenazas para las familias hondureñas. En 2024, de acuerdo con un estudio de ASJ, el 11.6 % de la población reportó haber sido víctima de este delito, con mayor afectación en los departamentos de Intibucá (18.2%), Atlántida (15.8%), Colón (15.2%), Choluteca (14.8%), Francisco Morazán (14.5%) y Cortés (12.4%). Tras la implementación del estado de excepción -instaurado en diciembre de 2022 como parte de la guerra contra la extorsión, la prolongación de la medida y la restricción de derechos fundamentales ha generado más de 700 denuncias contra agentes del orden público, además esta medida excepcional pone en riesgo la democracia en el contexto del proceso electoral de 2025.
Otro dato relevante es el incremento de 165 % en las denuncias de lavado de activos y un índice de impunidad de 89 % de los casos. A esto se suma la crisis generada por la denuncia al tratado de extradición con Estados Unidos, la cual ha sido suspendida hasta inicios de 2026, luego de haberse retractado de la decisión tomada. Esto evidencia la injerencia política en las decisiones adoptadas por el gobierno y cómo esto genera una afectación al Estado de derecho y combate contra el crimen organizado.
En cuanto a la violencia, aunque la tasa de homicidios en 2024 descendió a 25 por cada 100,000 habitantes –la más baja en 18 años, según datos oficiales– Honduras sigue teniendo la tasa más alta de Centroamérica y una impunidad del 91 %. Sin embargo, el fenómeno de las muertes múltiples se ha incorporado a la violencia homicida que vive Honduras, que deja luto, dolor y llanto en miles de familias hondureñas. Entre 2022 y 2024 registraron en el país 127 muertes múltiples que dejaron 500 personas muertas y en lo que va de 2025, suman 46 las víctimas registradas en 13 masacres, con un aumento de 160 % respecto al mismo período (2024).
En el caso de los delitos contra la niñez, las denuncias de abuso sexual infantil aumentaron en un 98 % en 2024, con una impunidad de 92 %. La violencia contra las mujeres también sigue siendo preocupante, ya que entre 2022 y 2024 se reportó una mujer asesinada cada 29 horas en el país, registrando una impunidad de 86 % en 2024.
Si bien algunos indicadores muestran mejoras, persisten graves problemas de impunidad. La prolongación del estado de excepción, la inacción en la derogación de leyes que favorecen la corrupción y los vínculos de altos funcionarios con el crimen organizado han debilitado la institucionalidad del país. Ante esta situación, ASJ urge al gobierno a cumplir con sus promesas en materia de defensa, seguridad y justicia, de acuerdo con el plan de gobierno; así como la sustitución del estado de excepción por una estrategia de seguridad integral y sostenible, basada en inteligencia policial, fortalecimiento del Ministerio Público y el Poder Judicial, e inversión en prevención del delito.
