TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El secretario del Congreso Nacional y miembro del partido Libertad y Refundación (Libre), Carlos Zelaya, reconoció ayer que los consensos que habían sido alcanzados inicialmente se han desbaratado.
Lo anterior ha llevado al Congreso Nacional a buscar nuevas vías de aproximación, con el ánimo de alcanzar un acuerdo con los diversos partidos políticos.
Los arreglos previos entre los partidos políticos que conforman el tripartidismo (Liberal, Nacional y Libre) para seleccionar al próximo Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público han colapsado, generando incertidumbre en torno a la elección de estas figuras clave para el período 2023-2028.
El proceso de selección de las nuevas autoridades fiscales ha sido complicado desde el principio.
A pesar de los esfuerzos iniciales por parte del tripartidismo para repartir equitativamente los cargos más influyentes dentro del Ministerio Público, como la fiscalía general, la adjunta y la elevación al rango constitucional de la dirección de fiscales, estos esfuerzos han fracasado.
Carlos Zelaya admitió que el primer pacto propuesto no logró mantenerse firme.
Este revés plantea un escenario desafiante, ya que se espera que las actuales figuras del Ministerio Público, Óscar Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrían (adjunto), finalicen sus mandatos el 1 de septiembre.
Sin embargo, las perspectivas de elegir a sus sucesores para esa fecha parecen sombrías.
Los políticos involucrados, incluido el propio Zelaya, han reconocido que la élite política en el Congreso Nacional deberá renegociar un nuevo acuerdo.
Zelaya subrayó que es poco probable que se logre elegir a las nuevas autoridades fiscales para el 1 de septiembre.
Este reconocimiento surge tras la disolución del primer acuerdo entre los partidos, lo que ha dejado a los políticos sin otra opción más que iniciar desde cero las negociaciones para alcanzar un consenso renovado.
El proceso de elección del fiscal general y su adjunto es crucial, ya que requiere de una mayoría calificada de 86 votos.
Sin embargo, con el Partido Libre teniendo 50 votos, el Partido Nacional con 44 y el Partido Liberal con 22, se hace evidente que será necesario unificar fuerzas y alcanzar acuerdos transversales para lograr la elección deseada.
Los desafíos no son solo numéricos, sino también ideológicos. Tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal han expresado su deseo de evitar que el Ministerio Público quede sujeto a las influencias del Poder Ejecutivo.
Por su parte, Antonio Rivera, diputado del Partido Nacional, enfatizó la importancia de un fiscal independiente y transparente para salvaguardar la justicia y evitar persecuciones políticas.
En medio de estas dificultades, el partido Libre, liderado por Carlos Zelaya, se muestra preparado para reiniciar el proceso una vez que se defina un nuevo procedimiento interno.
Sin embargo, los desafíos son evidentes y el éxito dependerá de la capacidad de estos partidos políticos para superar sus diferencias y encontrar un candidato comprometido en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado, mientras garantizan su independencia.
