FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
El Ministerio Público (MP), informó en las últimas horas que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán admitió la solicitud de antejuicio contra el juez, Reymundo Esaú Gradiz Vilorio.
En tanto, se ordenó librar comunicación al juez antejuiciado para que en el término de tres días rinda el informe correspondiente en forma clara, concreta y precisa sobre los cargos que se le formulan.
El togado es acusado por la presunta comisión del delito de prevaricato judicial en perjuicio de la administración de justicia.
De acuerdo al expediente, la jueza de lo civil, Irisabel Lucía Miranda Hernández, fue antejuiciada por el delito de prevaricato judicial continuado.
En ambos casos, los hechos están relacionados a la resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), una parte notificada el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en la cual se condenó al Estado a pagar 51 millones 482 mil 550.90 dólares, equivalente a más de mil millones de lempiras.
También una resolución del 30 de septiembre del 2022, ordenó el embargo a la cuenta del Banco Central de Honduras (BCH) con afectación a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) por 106 millones 155 mil 242.86 dólares, casi tres mil millones de lempiras.
A la sentencia emanada del Centro de Conciliación y Arbitraje del CAH que originó la interposición de las dos demandas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le denegó su reconocimiento mediante una sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, considerando que eran contrarias al orden público y había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno.
La primera demanda fue resuelta seis años después por la togada Irisabel Lucía Miranda Hernández, posteriormente, una segunda parte de la demanda la ejecutó 13 años después el juez Reymundo Esaú Gradiz Vilorio, lo que en total suma un perjuicio económico al Estado de más de 157 millones de dólares, equivalente a más de tres mil 500 millones de lempiras.
Por lo cual, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), solicitó que se le autorice a proceder con el requerimiento fiscal en contra del juez señalado, a quien igualmente se le considera parte de un grupo de personas sujetos de investigación de distintas instituciones, entre ellas del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el FHIS y particulares.
Mientras que César Arnulfo Salgado Sauceda, exdirector del FHIS, vinculado al caso, fue sobreseído el año anterior en aplicación al decreto 04-2022 conocido como Ley de Amnistía.
