Amnistía Internacional (AI) advirtió que la «crisis de derechos humanos» que vive El Salvador en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir A las pandillas podría profundizarse durante el segundo mandato de Nayib Bukele, quien obtuvo una victoria aplastante en los comicios del domingo, según el escrutinio preliminar.
«Nos preocupa profundamente el deterioro en el respeto y la protección de los derechos humanos bajo el Gobierno de Nayib Bukele y la probabilidad de que esta tendencia se consolide durante su segundo mandato», señaló la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.
La organización destacó que los comicios del domingo estuvieron marcados por «un extenso despliegue militar, veintidós meses consecutivos de suspensión de varios derechos civiles en El Salvador, y serios señalamientos de diversos sectores de la sociedad sobre la independencia y el cumplimiento del mandato del Tribunal Supremo Electoral».
De acuerdo con Piquer, bajo la administración de Bukele, AI ha «observado la grave crisis provocada por un modelo de gobierno que promovió violaciones masivas de derechos humanos y la evasión de mecanismos de rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como internacional».
«La comunidad internacional debe permanecer vigilante y utilizar todos los recursos y mecanismos a su disposición para detener y revertir los abusos y la violencia estatal que ponen en riesgo la situación de derechos humanos de El Salvador», agregó.
Piquer urgió a evitar que se perpetúe «la instrumentalización del proceso penal y la instauración de facto de una política de tortura en el sistema penitenciario».
Según denuncias recabadas por organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales, desde que se aprobó la suspensión de garantías constitucionales como el derecho a la defensa, se han registrado en las cárceles más de 220 muertes de detenidos, algunos con signos de violencia o torturas.
«Si no se corrige el rumbo, estaremos a las puertas del surgimiento de una nueva generación de víctimas a manos del Estado», subrayó Piquer.
«Ya hemos visto en la región las graves consecuencias de la falta de acción coordinada, oportuna y contundente de la comunidad internacional frente a estos modelos represivos, no solo en El Salvador, sino en toda la región», destacó.
De acuerdo con las encuestas, la popularidad de Bukele se sostiene principalmente en su política de seguridad, que incluye una alta presencia de militares en las calles en labores de seguridad y el régimen de excepción.
El Gobierno atribuye a este régimen una tasa de homicidios de 2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023, sin que se incluyan todas las muertes violentas, como las causadas por las fuerzas de seguridad en supuestos enfrentamientos con las pandillas o los asesinatos de presuntos delincuentes por ciudadanos.
Tras 22 ampliaciones en el Congreso, de mayoría oficialista, el Gobierno reporta más de 76.000 detenciones y se registran más de 6.000 denuncias de atropellos por organizaciones humanitarias.
Con el escrutinio preliminar del 70,25 % de las actas Bukele, de 42 años, alcanzaba 1.662.313 votos, seguido del candidato de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Manuel Flores con 139.025 votos, y del aspirante del Alianza Republicana Nacionales (Arena, derecha), Joel Sánchez con 122.926 votos.
Estos resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ha reconocido dificultades en la transmisión de resultados desde las juntas de votación en los colegios electorales, deben ser ratificados en un escrutinio final con las actas físicas, un proceso que tarda varios días.
Con información de EFE
