Wednesday, Jul 24, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El enriquecimiento rápido, misterioso y sospechoso que tuvo en tiempo récord el clan Hernández Alvarado García Carías, que sus creadores no repararon en la excesiva información que fueron dejando en el camino que en el futuro podrían ser un principal insumo para ser perseguidos por delitos relacionados con la corrupción y delincuencia organizada.

En las entregas que efectuó en marzo anterior Radio Globo ConfidencialHN se pudo demostrar que el matrimonio compuesto por Juan Orlando Hernández y Ana Rosalinda García Carías llegó a lavar hasta cuatro mil millones de lempiras procedentes de actividades ilícitas, incluido el narcotráfico; a la fecha, el Ministerio Público ha hecho la vista gorda para investigar cómo ambos se convirtieron en potentados de la noche a la mañana.

Las escrituras de constitución de varias sociedades como Agroinversiones San Martín e Inversiones del Río dan cuenta de la inyección de incuantificables cantidades de dinero que fueron utilizados para la compra de grandes extensiones de tierra, lujosas oficinas en modernas torres y desarrollos urbanísticos, por lo que se configuró -según las conclusiones de los equipos de investigación- el delito de lavado de dinero.

Se confirma que una entidad bancaria prestó 36 millones 327 mil 200 lempiras a la actual primera dama para la compra de alrededor de 30 manzanas de tierra ubicadas en Juticalpa y San Francisco de Becerra, en Olancho. El documento con registro 1172041 especifica que el monto de la compra subió hasta los 41 millones 101 mil lempiras, según un avalúo que realizó en su momento la entidad financiera.

El instrumento número dos y los folios 1172038 al 1172043, autorizados el 3 de febrero de 2017 por el notario José Walter Bodden Joya, da cuenta de que comparecieron, junto a García Carías, el representante de Agroinversiones San Martín Marco Tulio Castro y el enviado del banco para certificar la compra del bien inmueble a favor de Inversiones del Río, por lo que se pagaron 544 mil 908 lempiras por impuestos y que está bajo la matrícula 1559967 del Registro de la Propiedad de Juticalpa; asimismo, se pagaron unos 54 mil 690 lempiras por servicios y que está debidamente sellada por la entidad financiera, de acuerdo a las evidencias en poder de estos dos medios.

Cabe recordar que de acuerdo al contrato de la compraventa, firmada el 30 de noviembre de 2016 y formalizado por Bodden Joya, afirma que ambas partes “manifiestan que es su voluntad celebrar el contrato privado en arrendamiento (por 25 mil 500 lempiras) en relación al mismo, por un plazo definido” y que la finalidad será para la “explotación de un negocio ganadero, de ganado bovino y equino”. Sobre la compraventa, se agregó una adenda por «alquiler», a fin de ocultar cualquier evidencia que pudiera comprometer penalmente a García Carías.

La condición impuesta a la compradora –señala la adenda firmada bajo confidencialidad– es que “no se encuentra en ninguna lista negra o en la denominada Lista Clinton (o en cualquier otra que la reemplace, modifique o complemente) ni que hayan sido agregados a la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.), así como que ninguno de sus socios, accionistas o representantes legales se encuentran impedidos para celebrar actos y contratos…que violenten la ley penal”.

Resulta hasta inverosímil que una entidad del sistema financiero realizara semejante préstamo a una persona que apenas ha fungido como cargo de primera dama y -formalmente- no devengue un sueldo que le permitiera tener acceso a fuertes sumas de dinero, tampoco la empresa creada con su esposo y su cuñado Tony Hernández, cuyo monto inicial de 20 mil lempiras. Esta cantidad resulta hasta insuficiente para cualquier emprendedor que desee instalar un negocio en un país que impone trabas para la formación de capital.

De hecho, es válido rememorar que el periodo para el pago de préstamo fue extendido por diez años, por lo que Inversiones del Río moviliza cada mes una cuota nivelada que oscila entre un millón 907 mil 178 lempiras hasta los tres millones 632 mil 720 lempiras. En consecuencia, la cuestionada empresa pagará un total de 55 millones 398 mil 980 lempiras, a razón de 36.2 millones por capital y un poco más de 19 millones en intereses. Los pagos son realizados por el cliente código 2176401 y destinados a la cuenta 10130109272.

OTRA PROPIEDAD PARA ANA Y JUAN. La escritura 406 emitida el 21 de julio de 2016, autorizada por Graciela Ávila, certifica que una propiedad de 135 manzanas fue adquirida por Juan Orlando Hernández y Ana Rosalinda García, que está ubicada en la comunidad de Lepaguare, a unos 70 kilómetros al sur de la cabecera de Juticalpa.

El valor total de la propiedad, que también fue financiada por una entidad bancaria privada, fue de 11 millones 624 mil 571 lempiras con 43 centavos, que fueron recibidos por Marta Marina Mercado y Roberto Escalante, quienes declararon en el protocolo de que recibieron la fuerte suma de dinero por la compra del predio ubicado en el productivo valle olanchano.

El monto total del préstamo, testificó la esposa de Hernández, fue de 25 millones 743 mil lempiras exactos y se confirmó la «capacidad crediticia para contraer obligaciones con terceros en la forma pactada, todo para ser utilizado en la compra del terreno y para el giro normal de sus negocios» relacionados con la agroindustria.

El extenso predio pasó a control de Inversiones del Río, de acuerdo a la documentación y además se indica de que para la adquisición del bien, debe contar con los permisos ambientales emitidos por la Secretaría de Recursos Naturales.

En cuanto al préstamo, se dejó claro que la acreditada, o sea, García Carías, «podrá efectuar reeembolsos parciales o totales de las disposiciones que hubiera hecho durante su vigencia, quedando facultado para hacer nuevas utilizaciones, totales o parciales, de los saldos disponibles a su favor…y dispondrá total o parcialmente de las sumas amparadas por este crédito mediante órdenes de desembolso que le serán proporcionados por el banco».

La zona donde esta persona compró el vasto territorio es una de las más productivas de Honduras, aunque a la fecha se desconoce a qué rubro se dedica, cuando en este lugar prima el cultivo de granos básicos, hortalizas, lácteos y aquellos que son para consumo humano.

Cabe recordar que el matrimonio presidencial fijó sus ojos en Olancho, pues cuentan con haciendas grandes cantidades de ganado, cuya procedencia no pudo ser determinada. Los equipos de investigación registraron compras irregulares de terrenos a nombre de Hernández, mediante operadores con cierto grado de liderazgo dentro del Partido Nacional quienes usaron artimañas para que los clientes «vendieran o vendieran» sus bienes, en una operación de testaferrato.

En estas series de investigación, se logró determinar que algunas compras de grandes extensiones de terreno se realizaron mediante el chantaje y persecución judicial.

Fuentes de total confianza afirmaron a los investigadores sobre cómo un padre e hijo fueron enviados a prisión ya que se les inventaron varios delitos que no cometieron. Los emisarios se fijaron en la otra extensión de tierra que pareció idónea para los intereses del goberanante, por lo que recurrieron a sus «buenos oficios» a fin de convencer a los perjudicados vendieran a precios irrisorios. Ante la negativa de los potenciales vendedores, los intermediarios se vieron obligados a recurrir a la amenaza que se terminó cumpliendo.

De hecho, ambos fueron detenidos por delitos relacionados con la delincuencia organizada y enviados a prisión. El único «pecado» de los afectados fue decir no a las intenciones de Hernández de apropiarse del vasto terreno. Las acusaciones, lograron constatar los investigadores, fueron inventadas ya que no hubo un asidero o sustento legal que permitiera a los operadores de justicia decretar prisión preventiva.

 

¿AYUDAR A LA FAMILIA? El misterioso enriquecimiento del clan familiar dio enormes resultados a este núcleo que gobierna en la actualidad Honduras.

Ante la afluencia casi infinita de dinero, tanto Ana Rosalinda García Carías, como su madre Carlota Eugenia Carías Pizzati, se convitieron incluso en avales solidarios de José Amílcar Hernández, en varias hipotecas que, según expresa el instrumento público 588, aprobado el 13 de septiembre de 2017, llegó a un total de siete millones 484 mil 840 lempiras.

Y es que el también socio de la empresa Servicios de Seguridad Lempira (Sersel) junto a las dos mujeres, constituyeron una garantía hipotecaria por la referida cantidad de dinero por varios terrenos que están ubicados en el extremo sur de la capital y en caso de entrar en mora, se sometieron a las reglas establecidas por un banco que opera en San Pedro Sula; uno de los apartados dice que «la acreditada (Sersel) se obliga a pagar intereses moratorios» y los que ya ordena el sistema financiero nacional.

Se deja claro que la operación para acceder a una hipoteca, en teoría resulta siendo legítima, aunque el mismo ocurrió en el momento que García Carías comenzó a recibir fuertes cantidades de efectivo que llegaron a las empresas que administra. Por tanto, no tuvieron problemas para acceder al préstamo, cuyo total subió a los ocho millones 350 mil lempiras, «más intereses, comisiones y demás» que debe cubrir la empresa y sus respectivos avales.

Por tanto, según las condiciones del préstamo, la empresa y sus propietarios «podrán disponer de dicho financiamiento para su inversión mediante retiros parciales o totales, a través del libramiento o suscripción de toda clase de de documentos y títulos valores, como ser cheques, letras de cambio, pagarés, endosos».

El banco emisor del préstamo indicó en el documento con folio 1492488 que se registró una ampliación del crédito por más de ocho millones de lempiras y que el presente «convenio…cuenta con todos los requisitos legales para su validez y cumplimiento y que el mismo ha sido celebrado en condiciones equitativas para las partes contratantes».

Además, resulta hasta incongruente que el socio principal de Sersel tuviera que acudir a un banco local, con el aval  Carías Pizzati y García Carías para tener un préstamo y una ampliación a su línea de crédito, cuando la empresa de la que forma parte obtuvo generosas ganancias por contratos de seguridad procedentes del gobierno.

Y es que desde 2006 a la fecha, esta empresa de servicios de seguridad recibió por 38 contratos un total de 311 millones de lempiras, por lo que su socio no tuvo necesidad de acudir al sistema financiero para obtener un préstamo hipotecario y como garantía dio varios terrenos que pueden ser ejecutados judicialmente en caso de que cayeran en insolvencia. No obstante, ese extremo es poco probable que ocurra ya que el clan Hernández ha sido uno de los principales beneficiarios del dinero público, así como de la formación de capitales de origen ilícito, según las investigaciones que ha realizado tanto Radio Globo como ConfidencialHN.

PRÉSTAMOS INCONGRUENTES. Para una mejor comprensión de la incongruencia hallada, tanto en esta investigación como en otras efectuadas en su momento, es que Sersel recibió casi 200 millones de lempiras por la contratación de unos 196 guardias de seguridad para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y, en comparación al préstamo hipotecario (cuya media es de un 2,500 por ciento), pudo haberlo pagado o realizar algunas ampliaciones a su vivienda con los recursos procedentes del público que fueron canalizados a través de su empresa.

Y para demostrar esta incongruencia, se viene a colación el instrumento público número 65  del 8 de junio de 2010 cuando Hernández pagó a una inmobiliaria capitalina unos 732 mil dólares, teniendo como intermediario a otro banco, tal como se constatan en las escrituras, que fueron autorizadas por el notario Arturo Medrano y cuyo local, ubicado en el decimoprimer piso de Torre Alianza fue vendido por José Azcona Bocock y José Luis Moncada. Este documento está registrado bajo las matrículas 642766 y 591347 del Instituto de la Propiedad y está foliado desde la serie 2104671 hasta la 2104673.

Aunque este local fue comprado cuando Sersel comenzaba a florecer económicamente, ¿por qué otras empresas, con fuerte prestigio no pueden darse el lujo de acceder a un espacio de tal categoría, en uno de los edificios lujosos de la capital?  De hecho, otras empresas de seguridad se han visto en números rojos que hasta han tenido que cerrar operaciones, despedir personal, mientras que la compañía -de la que también tiene relación el jefe del Ejecutivo nacionalista- ha tenido crecimientos desproporcionados que saltarían las alarmas de un ponderado auditor de cualquier oficina pública, pero que debe callarse para conservar su trabajo.

Las evidencias recabadas por los equipos de investigación de Radio Globo ConfidencialHN revelan cómo se configuró una megarred que colinda con la delincuencia organizada sobre el movimiento ilegal de miles de millones de lempiras que fueron a parar a las empresas de los Hernández; a la fecha, el fiscal general Óscar Chinchilla ha optado por permanecer en el absoluto silencio a fin de no emitir requerimientos fiscales, en virtud de los favores que ha recibido del régimen a cambio de apuntalar la impunidad que se vive en Honduras.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El narco hondureño Juan Carlos Arbizú Hernández, extraditado hace varios años a EE.UU. reveló que el jefe de personal de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, habría recibido maletas con dinero procedente de actividades ilícitas.

Un oficio girado el 13 de junio de 2016 por el ex subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Roger Medardo Maradiaga, al entonces director de la fuerza pública, Félix Villanueva Mejía, explica que Arbizú, más conocido como Lanchita le indicó: «Dígale a Sauceda que allá lo espero. Que recuerde cuando iba a traer las maletas».

Esa confesión, plasmó Maradiaga en el documento con registro INP-DN-038-2016, tuvo como testigo al entonces director de la Penitenciaría Nacional de Támara, el coronel César Augusto Nájera, a fin de hacer constar la veracidad de los dichos que profirió el narcotraficante minutos antes de abordar una camioneta que lo trasladaría a la base aérea Hernán Acosta Mejía, a fin de ser extraditado a EE.UU.

La revelación de Lanchita deja en evidencia a Leonel Sauceda Guifarro, quien en los últimos meses ha permanecido de bajo perfil cuando en el pasado reciente era un personaje muy mediático, acostumbrado a responder a las preguntas sobre el accionar del cuerpo armado en el combate al delito.

El hecho de que el capo lo mencionara por su apellido, coloca al funcionario en una posición de vulnerabilidad y podría convertirse en una persona de interés para Washington en su cacería de narcos, que incluyen a políticos, oficiales de las fuerzas de seguridad y defensa y no se descarta que en el futuro cercano podría ser requerido por ese país para responder por sus posibles vínculos con la delincuencia organizada.

Los antecedentes ponen a la fuerza como una colaboradora eficaz del narcotráfico, ya que varios de sus agentes, todos oficiales, admitieron ser miembros de las agrupaciones criminales, por lo que algunos ya fueron condenados y otros están en espera de ser sentenciados por la justicia de EE.UU.

Este documento firmado por el entonces subdirector del sistema penitenciario Roger Maradiaga, confirman que Lanchita mencionó a Leonel Sauceda de ser el receptor de maletas que contendrían dinero.

Tales maletas que menciona Arbizú, también conocido como Banchi, apuntan a que contendrían fuertes sumas de dinero procedentes de los cárteles que tuvieron a la Policía como socia estratégica en el trasiego de toneladas de cocaína rumbo a EE.UU.

De hecho, Lanchita se especializó como transportista independiente de narcóticos y trabajó con poderosos cárteles como el de los Cachiros, jefeado por los hermanos Devis Leonel y Javier Eriberto Rivera Maradiaga; además, se asoció con el extraditado Juving Alexander Suazo Peralta, Chancleta, y Carlos Arnoldo Lobo, el Negro, por lo que se convirtió en una persona de confianza por su agilidad y destreza para mover fuertes cargamentos sin ser detectados y, en el mejor de los casos, contó con la logística policial y militar.

Conocedores del tema dijeron a Radio Globo ConfidencialHN que Banchi controlaba a jefes de la Fuerza Naval y se le respetaba por ser un león del mar o un viejo lobo en temas marítimos.

También es conocido en el hampa como un sujeto drástico y violento contra quienes transportaban estupefacientes sin pagar coimas a los hermanos Rivera Maradiaga durante la época de bonanza que tuvo el narcotráfico en Honduras. Cada persona que quisiera contratar un embarque de cocaína, debía pagar una renta de 100 mil dólares a los Cachiros y el receptor del dinero era Arbizú.

El hecho que se ganara esa reputación con los Rivera Maradiaga, le permitieron ser el principal cobrador por cada barcaza de drogas que movilizaban Víctor Hugo Díaz Morales, el Rojo; Héctor Emilio Fernández Rosa, don H; Neftalí Duarte, el Compa; incluso los hermanos Valle Valle se vieron obligados a pagar el tributo por el uso de las rutas marítimas que llegaron a controlar los Cachiros en el caribe hondureño.

Otro informe girado en su momento al exdirector Juan Carlos Bonilla solicitó que se investigara a Leonel Sauceda, por presuntamente pertenecer a una estructura del narcotráfico. Según este documento, el actual funcionario policial habría colaborado con el fallecido parlamentario Armando Ávila Panchamé en el narcotráfico. Asimismo, aparecen otras personas dentro de la organización.

Una de las personas que supo de primera mano cómo funcionó esta estructura, afirmó que el extraditado trabajó con estas organizaciones mafiosas durante varios años.

En otras palabras, no se podía mover un kilogramo de cocaína o anfeteminas por la zona atlántica sin que Banchi lo supiera.

Cabe recordar que un tribunal federal de Florida condenó a 30 años de cárcel a esta persona por sus nexos con el narcotráfico. Un juez falló que el connacional conspiró para introducir grandes cantidades de cocaína y por sus relaciones con varios cárteles, cuyos líderes purgan largas penas de prisión.

Respecto a los policías que ya recibieron condenas, se encuentran Carlos Valladares, Carlos José Zavala, cuyas penas oscilan entre los 14 y 12 años de cárcel, de manera respectiva.

Los demás como Ludwig Criss Zelaya Romero, Carlos José Zavala, Mario Guillermo Vargas y otros tienen pendiente la lectura de su sentencia ante un tribunal federal de Nueva York, según datos del Departamento de Justicia de EE.UU.

En este oficio que recibió en su momento un exdirector de la Policía de Investigación, en la que se giraron órdenes expresas del entonces jefe Bonilla Valladares para que procediera a indagar los posibles nexos de Leonel Sauceda con la delincuencia organizada y narcotráfico. 

Los señalamientos contra Sauceda datan desde hace varios años, de acuerdo a las investigaciones que realizaron los directores de investigación policial. Por tanto, los exsecretarios de Seguridad Óscar Álvarez y Pompeyo Bonilla tuvieron total conocimiento que el actual jefe de personal estaría coludido con el narcotráfico.

Al respecto, los oficios 0396-2012 y 0895-2013 señalan que se realicen las investigaciones sobre los movimientos migratorios y nexos de este personaje con los cárteles; a pesar que se entablaron las pesquisas, los resultados fueron engavetados y Sauceda no ha sido sometido a ningún procedimiento administrativo o judicial a fin de determinar si estuvo o no involucrado con personajes de interés, tanto para la justicia hondureña como la estadounidense.

En su momento, Álvarez requirió al subalterno para que diera explicaciones sobre las sospechas en su contra, pero los informes permanecen engavetados. El exfuncionario, quien reside en la actualidad en EE.UU., tampoco ha proferido comentarios, a pesar de que tuvo conocimiento y hay evidencias que entrevistó a Sauceda durante su mandato al frente de la Secretaría de Seguridad.

El exsecretario de Seguridad, Óscar Álvarez, supo de primera mano las investigaciones que involucran a Leonel Sauceda con el narcotráfico. A la fecha, se ha mantenido en silencio sobre las imputaciones que han hecho varios jefes narcos contra el alto funcionario.

Informes de inteligencia colocan al comisionado en una red criminal dedicada al tráfico ilícito de droga, que se desprende desde Colombia, utilizando el corredor de Centroamérica, México y norteamérica, junto a otras personas de interés como el exdiputado nacionalista Armando Ávila Panchame, quien fue asesinado en julio de 2004 cuando servía una condena de 20 años.

Según un organigrama, el oficial de Policía formaría parte de una estructura jefeada guerrilleros colombianos y tendría como subalternos a otros altos jerarcas que fueron cancelados en 2016 por la actual junta depuradora. Otros, en cambio, salieron años antes de que se suscitara el proceso de purga de la fuerza pública y a la fecha no hay procesos contra ellos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Un narcoavión iba a ser regalado en 2014 por los cárteles de la droga  a Juan Tony Hernández por sus generosas contribuciones para el narcotráfico y que tuvo como intermediario a un operador del cártel de los Valle Valle que fue extraditado en fecha reciente a EE.UU., de acuerdo a esta línea de investigación de los equipos de trabajo de Radio Globo y ConfidencialHN. 

La aeronave, con matrícula mexicana XA-LUN -en código fonético X-Ray Alpha Lima Uniform November- fue traída a Honduras por dos pilotos aztecas, quienes fueron arrestados y posteriormente liberados por órdenes superiores, iba dirigido al hermano del actual gobernante como un estímulo a su contribución para que cientos de toneladas de cocaína fueran enviadas a la nación del norte.

En la investigación se pudo confirmar que el aeroplano se encuentra bajo custodia en la base aérea Armando Escalón de San Pedro Sula y a cinco años de que se registrara el incidente sobre la captura de los dos tripulantes y Jeffry Darío Guzmán Tovar, extraditado en fecha reciente por su colaboración activa con los cárteles, permanece estancada.

Sobre el tema, los investigadores de ambos medios pudieron confirmar que jamás se abrió un expediente para dejar constancia de la confiscación del aparato, cuando las normas ya ordenan de que tiene que crearse un proceso legal para efectos de constancia y verificar si los involucrados son culpables o inocentes de los hechos que se imputan.

Tanto el fiscal general Óscar Chinchilla, como la actual jefa antinarcóticos Soraya Cálix tuvieron total y amplio conocimiento de la inmovilización del avión de matrícula mexicana, la captura y posterior libertad de los pilotos, quienes se fueron para su país y jamás se les dio seguimiento o, en su defecto, coordinar acciones con el Ministerio Público mexicano para perseguirlos penalmente.

Este bimotor tendría como destino la familia Hernández Alvarado-García Carías y su uso sería estrictamente personal, aunque un grupo de personas comprometidas con la ley impidieron que ese anhelo se hiciera realidad.

Al cierre de esta investigación, no hay requerimientos fiscales contra Guzmán Tovar (quien aspiraba a ser candidato a alcalde por la comunidad copaneca de El Paraíso), ni los otros dos ciudadanos para deducirles las responsabilidades.

El lujoso avión, según datos del fabricante, es un British Aerospace 125-700B, con número de serie, 257127, registrado a nombre de JY Hermanos SA, que estuvo matriculado en Inglaterra, Dinamarca, Suiza, EE.UU. y México, antes de ser decomisado y confinado en uno de los hangares de la Fuerza Aérea Hondureña.

Radio Globo ConfidencialHN hallaron que JY Hermanos es una empresa dedicada al alquiler sin intermediación de oficinas y locales comerciales y está ubicada en colonia San Lorenzo Tepaltitlán de Toluca, en México. Suele emplear alrededor de unas cinco personas.

«Esta empresa esta clasificada dentro del sector (531 – Servicios inmobiliarios que agrupa unidades económicas) dedicadas principalmente al alquiler sin intermediación de bienes raíces y proporcionar servicios inmobiliarios, como administración promoción y consultoría de propiedades», según indican los registros públicos mexicanos.

Por el tipo de actividad económica y la cantidad de empleados que suele tener esta empresa, podría ser utilizada por la delincuencia organizada.