Ana García compró con dinero público 135 manzanas de tierra en zona productiva de Olancho
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El enriquecimiento rápido, misterioso y sospechoso que tuvo en tiempo récord el clan Hernández Alvarado García Carías, que sus creadores no repararon en la excesiva información que fueron dejando en el camino que en el futuro podrían ser un principal insumo para ser perseguidos por delitos relacionados con la corrupción y delincuencia organizada.
En las entregas que efectuó en marzo anterior Radio Globo y ConfidencialHN se pudo demostrar que el matrimonio compuesto por Juan Orlando Hernández y Ana Rosalinda García Carías llegó a lavar hasta cuatro mil millones de lempiras procedentes de actividades ilícitas, incluido el narcotráfico; a la fecha, el Ministerio Público ha hecho la vista gorda para investigar cómo ambos se convirtieron en potentados de la noche a la mañana.
Las escrituras de constitución de varias sociedades como Agroinversiones San Martín e Inversiones del Río dan cuenta de la inyección de incuantificables cantidades de dinero que fueron utilizados para la compra de grandes extensiones de tierra, lujosas oficinas en modernas torres y desarrollos urbanísticos, por lo que se configuró -según las conclusiones de los equipos de investigación- el delito de lavado de dinero.
Se confirma que una entidad bancaria prestó 36 millones 327 mil 200 lempiras a la actual primera dama para la compra de alrededor de 30 manzanas de tierra ubicadas en Juticalpa y San Francisco de Becerra, en Olancho. El documento con registro 1172041 especifica que el monto de la compra subió hasta los 41 millones 101 mil lempiras, según un avalúo que realizó en su momento la entidad financiera.
El instrumento número dos y los folios 1172038 al 1172043, autorizados el 3 de febrero de 2017 por el notario José Walter Bodden Joya, da cuenta de que comparecieron, junto a García Carías, el representante de Agroinversiones San Martín Marco Tulio Castro y el enviado del banco para certificar la compra del bien inmueble a favor de Inversiones del Río, por lo que se pagaron 544 mil 908 lempiras por impuestos y que está bajo la matrícula 1559967 del Registro de la Propiedad de Juticalpa; asimismo, se pagaron unos 54 mil 690 lempiras por servicios y que está debidamente sellada por la entidad financiera, de acuerdo a las evidencias en poder de estos dos medios.
Cabe recordar que de acuerdo al contrato de la compraventa, firmada el 30 de noviembre de 2016 y formalizado por Bodden Joya, afirma que ambas partes “manifiestan que es su voluntad celebrar el contrato privado en arrendamiento (por 25 mil 500 lempiras) en relación al mismo, por un plazo definido” y que la finalidad será para la “explotación de un negocio ganadero, de ganado bovino y equino”. Sobre la compraventa, se agregó una adenda por «alquiler», a fin de ocultar cualquier evidencia que pudiera comprometer penalmente a García Carías.
La condición impuesta a la compradora –señala la adenda firmada bajo confidencialidad– es que “no se encuentra en ninguna lista negra o en la denominada Lista Clinton (o en cualquier otra que la reemplace, modifique o complemente) ni que hayan sido agregados a la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.), así como que ninguno de sus socios, accionistas o representantes legales se encuentran impedidos para celebrar actos y contratos…que violenten la ley penal”.
Resulta hasta inverosímil que una entidad del sistema financiero realizara semejante préstamo a una persona que apenas ha fungido como cargo de primera dama y -formalmente- no devengue un sueldo que le permitiera tener acceso a fuertes sumas de dinero, tampoco la empresa creada con su esposo y su cuñado Tony Hernández, cuyo monto inicial de 20 mil lempiras. Esta cantidad resulta hasta insuficiente para cualquier emprendedor que desee instalar un negocio en un país que impone trabas para la formación de capital.
De hecho, es válido rememorar que el periodo para el pago de préstamo fue extendido por diez años, por lo que Inversiones del Río moviliza cada mes una cuota nivelada que oscila entre un millón 907 mil 178 lempiras hasta los tres millones 632 mil 720 lempiras. En consecuencia, la cuestionada empresa pagará un total de 55 millones 398 mil 980 lempiras, a razón de 36.2 millones por capital y un poco más de 19 millones en intereses. Los pagos son realizados por el cliente código 2176401 y destinados a la cuenta 10130109272.
OTRA PROPIEDAD PARA ANA Y JUAN. La escritura 406 emitida el 21 de julio de 2016, autorizada por Graciela Ávila, certifica que una propiedad de 135 manzanas fue adquirida por Juan Orlando Hernández y Ana Rosalinda García, que está ubicada en la comunidad de Lepaguare, a unos 70 kilómetros al sur de la cabecera de Juticalpa.
El valor total de la propiedad, que también fue financiada por una entidad bancaria privada, fue de 11 millones 624 mil 571 lempiras con 43 centavos, que fueron recibidos por Marta Marina Mercado y Roberto Escalante, quienes declararon en el protocolo de que recibieron la fuerte suma de dinero por la compra del predio ubicado en el productivo valle olanchano.
El monto total del préstamo, testificó la esposa de Hernández, fue de 25 millones 743 mil lempiras exactos y se confirmó la «capacidad crediticia para contraer obligaciones con terceros en la forma pactada, todo para ser utilizado en la compra del terreno y para el giro normal de sus negocios» relacionados con la agroindustria.
El extenso predio pasó a control de Inversiones del Río, de acuerdo a la documentación y además se indica de que para la adquisición del bien, debe contar con los permisos ambientales emitidos por la Secretaría de Recursos Naturales.
En cuanto al préstamo, se dejó claro que la acreditada, o sea, García Carías, «podrá efectuar reeembolsos parciales o totales de las disposiciones que hubiera hecho durante su vigencia, quedando facultado para hacer nuevas utilizaciones, totales o parciales, de los saldos disponibles a su favor…y dispondrá total o parcialmente de las sumas amparadas por este crédito mediante órdenes de desembolso que le serán proporcionados por el banco».
La zona donde esta persona compró el vasto territorio es una de las más productivas de Honduras, aunque a la fecha se desconoce a qué rubro se dedica, cuando en este lugar prima el cultivo de granos básicos, hortalizas, lácteos y aquellos que son para consumo humano.
Cabe recordar que el matrimonio presidencial fijó sus ojos en Olancho, pues cuentan con haciendas grandes cantidades de ganado, cuya procedencia no pudo ser determinada. Los equipos de investigación registraron compras irregulares de terrenos a nombre de Hernández, mediante operadores con cierto grado de liderazgo dentro del Partido Nacional quienes usaron artimañas para que los clientes «vendieran o vendieran» sus bienes, en una operación de testaferrato.
En estas series de investigación, se logró determinar que algunas compras de grandes extensiones de terreno se realizaron mediante el chantaje y persecución judicial.
Fuentes de total confianza afirmaron a los investigadores sobre cómo un padre e hijo fueron enviados a prisión ya que se les inventaron varios delitos que no cometieron. Los emisarios se fijaron en la otra extensión de tierra que pareció idónea para los intereses del goberanante, por lo que recurrieron a sus «buenos oficios» a fin de convencer a los perjudicados vendieran a precios irrisorios. Ante la negativa de los potenciales vendedores, los intermediarios se vieron obligados a recurrir a la amenaza que se terminó cumpliendo.
De hecho, ambos fueron detenidos por delitos relacionados con la delincuencia organizada y enviados a prisión. El único «pecado» de los afectados fue decir no a las intenciones de Hernández de apropiarse del vasto terreno. Las acusaciones, lograron constatar los investigadores, fueron inventadas ya que no hubo un asidero o sustento legal que permitiera a los operadores de justicia decretar prisión preventiva.
¿AYUDAR A LA FAMILIA? El misterioso enriquecimiento del clan familiar dio enormes resultados a este núcleo que gobierna en la actualidad Honduras.
Ante la afluencia casi infinita de dinero, tanto Ana Rosalinda García Carías, como su madre Carlota Eugenia Carías Pizzati, se convitieron incluso en avales solidarios de José Amílcar Hernández, en varias hipotecas que, según expresa el instrumento público 588, aprobado el 13 de septiembre de 2017, llegó a un total de siete millones 484 mil 840 lempiras.
Y es que el también socio de la empresa Servicios de Seguridad Lempira (Sersel) junto a las dos mujeres, constituyeron una garantía hipotecaria por la referida cantidad de dinero por varios terrenos que están ubicados en el extremo sur de la capital y en caso de entrar en mora, se sometieron a las reglas establecidas por un banco que opera en San Pedro Sula; uno de los apartados dice que «la acreditada (Sersel) se obliga a pagar intereses moratorios» y los que ya ordena el sistema financiero nacional.
Se deja claro que la operación para acceder a una hipoteca, en teoría resulta siendo legítima, aunque el mismo ocurrió en el momento que García Carías comenzó a recibir fuertes cantidades de efectivo que llegaron a las empresas que administra. Por tanto, no tuvieron problemas para acceder al préstamo, cuyo total subió a los ocho millones 350 mil lempiras, «más intereses, comisiones y demás» que debe cubrir la empresa y sus respectivos avales.
Por tanto, según las condiciones del préstamo, la empresa y sus propietarios «podrán disponer de dicho financiamiento para su inversión mediante retiros parciales o totales, a través del libramiento o suscripción de toda clase de de documentos y títulos valores, como ser cheques, letras de cambio, pagarés, endosos».
El banco emisor del préstamo indicó en el documento con folio 1492488 que se registró una ampliación del crédito por más de ocho millones de lempiras y que el presente «convenio…cuenta con todos los requisitos legales para su validez y cumplimiento y que el mismo ha sido celebrado en condiciones equitativas para las partes contratantes».
Además, resulta hasta incongruente que el socio principal de Sersel tuviera que acudir a un banco local, con el aval Carías Pizzati y García Carías para tener un préstamo y una ampliación a su línea de crédito, cuando la empresa de la que forma parte obtuvo generosas ganancias por contratos de seguridad procedentes del gobierno.
Y es que desde 2006 a la fecha, esta empresa de servicios de seguridad recibió por 38 contratos un total de 311 millones de lempiras, por lo que su socio no tuvo necesidad de acudir al sistema financiero para obtener un préstamo hipotecario y como garantía dio varios terrenos que pueden ser ejecutados judicialmente en caso de que cayeran en insolvencia. No obstante, ese extremo es poco probable que ocurra ya que el clan Hernández ha sido uno de los principales beneficiarios del dinero público, así como de la formación de capitales de origen ilícito, según las investigaciones que ha realizado tanto Radio Globo como ConfidencialHN.
PRÉSTAMOS INCONGRUENTES. Para una mejor comprensión de la incongruencia hallada, tanto en esta investigación como en otras efectuadas en su momento, es que Sersel recibió casi 200 millones de lempiras por la contratación de unos 196 guardias de seguridad para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y, en comparación al préstamo hipotecario (cuya media es de un 2,500 por ciento), pudo haberlo pagado o realizar algunas ampliaciones a su vivienda con los recursos procedentes del público que fueron canalizados a través de su empresa.
Y para demostrar esta incongruencia, se viene a colación el instrumento público número 65 del 8 de junio de 2010 cuando Hernández pagó a una inmobiliaria capitalina unos 732 mil dólares, teniendo como intermediario a otro banco, tal como se constatan en las escrituras, que fueron autorizadas por el notario Arturo Medrano y cuyo local, ubicado en el decimoprimer piso de Torre Alianza fue vendido por José Azcona Bocock y José Luis Moncada. Este documento está registrado bajo las matrículas 642766 y 591347 del Instituto de la Propiedad y está foliado desde la serie 2104671 hasta la 2104673.
Aunque este local fue comprado cuando Sersel comenzaba a florecer económicamente, ¿por qué otras empresas, con fuerte prestigio no pueden darse el lujo de acceder a un espacio de tal categoría, en uno de los edificios lujosos de la capital? De hecho, otras empresas de seguridad se han visto en números rojos que hasta han tenido que cerrar operaciones, despedir personal, mientras que la compañía -de la que también tiene relación el jefe del Ejecutivo nacionalista- ha tenido crecimientos desproporcionados que saltarían las alarmas de un ponderado auditor de cualquier oficina pública, pero que debe callarse para conservar su trabajo.
Las evidencias recabadas por los equipos de investigación de Radio Globo y ConfidencialHN revelan cómo se configuró una megarred que colinda con la delincuencia organizada sobre el movimiento ilegal de miles de millones de lempiras que fueron a parar a las empresas de los Hernández; a la fecha, el fiscal general Óscar Chinchilla ha optado por permanecer en el absoluto silencio a fin de no emitir requerimientos fiscales, en virtud de los favores que ha recibido del régimen a cambio de apuntalar la impunidad que se vive en Honduras.
