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TEGUCIGALPA, HONDURAS

A pesar de que Eny Bautista dejó el sistema tributario a mediados de 2019 para asumir un cargo en el servicio exterior, el familión jamás desapareció; hubo una radicalización en el nepotismo, en el sentido que hay una enorme cantidad de personas que lograron colocar a sus parientes en cargos de confianza, con buenos salarios y, sobre todo, que son afines al Partido Nacional.

Aunque el secretario de la Presidencia del actual Ejecutivo nacionalista Ebal Díaz dijo en 2014 que adelgazarían la Administración Central y las entidades descentralizadas y desconcentradas, sin embargo, esa amenaza se convirtió en un escudo para contratar a mas activistas como un pago de favores por haber votado por Juan Orlando Hernández; a la fecha, unas 225 mil personas engrosan la pesada planilla que para este 2020 oscila en unos 50 mil millones de lempiras.

Radio Globo y ConfidencialHN , en esta nueva entrega, presenta cómo opera el familón en la extinta DARA -ahora Administración Aduanera de Honduras- logrando consumir enormes sumas de dinero aportados por los contribuyentes por un servicio que no suele ser eficiente y en el que prima la corrupción, a juzgar por las relaciones familiares y extramaritales que se viven en este organismo.

Para el caso, uno de los hallazgos de ambos medios confirma que la empleada de la unidad de recursos humanos Lucía Ávila es hermana de Ariel Ávila y cuñada de Blanca Núñez, especialista en administración de tratados, mientras que el analista de regímenes especiales Gary Almendarez, es el esposo de Martha Cecilia Valladares, quien funge como analista del departamento técnico aduanero.

Se pudo investigar que esta dama está fungiendo tal cargo sin haber recibido un título universitario en administración aduanera, a fin de comprender y gestionar el masivo movimiento de carga que suele ingresar por la aduana que opera en el aeropuerto de Toncontín. El hecho de tener lazos sanguíneos bien consolidados le permitieron gozar de una buena posición.

Asimismo, se logró descubrir que la analista de inteligencia aduanera Reina Luisa Portillo colocó a su sobrina Silian Janeth Osorto como supervisora de fiscalización.

En los listados en poder de este periódico se muestra cómo se fue sistematizando la corrupción a través del nepotismo, en el sentido que los que accedieron a una plaza por filiación nacionalista y trenzados contactos dentro de la Administración Aduanera de Honduras y cuyos nombres aparecen en amplios listados de personas que lograron un contrato temporal o permanente; muchos de ellos fueron colocados en varias posiciones el pasado 20 de enero, cuando se programaron las audiencias de celebración de contratos y, por consiguiente, se da por descontado que hubo un festival de chambas para quienes simpatizan con el régimen nacionalista.

Se colocaron en puestos, cuyos sueldos van desde los 23 mil a 27 mil lempiras Yajaira Clarissa Ávila Martínez, Roberto Emilio Reyes Silva, Breissy Mariela Cabrera Valladares, quienes tienen parientes dentro del sistema aduanero. Además, el director del organismo, Juan José Vides, colocó a su prima Ana María de Dios Chang Vides en un cargo de confianza y Christian René Madsen Amaya, localizado en el puesto 64 de las personas que accedieron a un contrato, es sobrino de Laurinda del Carmen Amaya y ambos fungen como jedes de departamentos.

Cabe recordar que alrededor de 16 personas, muchos de ellos, parientes o «muy allegados» están percibiendo sueldos que van desde los 27 mil hasta los 70 mil lempiras mensuales. Sólo en julio de 2019, se pagaron alrededor de 23 millones 014 mil 329 lempiras por sueldos y salarios; la planilla que fue engrosada durante la gestión de Bautista fueron los contratos administrativos que llegaron a los 11 millones 004 mil 360 lempiras y los regímenes especiales con cuatro millones 047 mil 266 lempiras.

En esa administración, se registraron jugosos sueldos que llegan a equipararse a lo que devenga un secretario de Estado. La exfuncionaria llegó a tener un salario mensual de 90 mil lempiras. También logró colocar a Fausto Lenin Cárcamo Ordóñez, jefe de transparencia, quien tiene un ingreso de 50 mil lempiras cada mes.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El prontuario de Leopoldo Durán Mahomar, hijo del reconocido dirigente ganadero Leopoldo Durán, quien a su vez es amigo íntimo de Juan Orlando Hernández, le ha permitido cometer homicidios mientras las autoridades le han dado el «beneficio de la duda» a pesar de que las evidencias lo incriman de ser el autor material e intelectual de unas tres muertes.

El hecho de que el sujeto se presentara el 13 de enero ante las autoridades para, supuestamente, someterse a la justicia, y que quedara en libertad sin la mínima explicación de los locuaces portavoces del Ministerio Público, demuestra cómo las conexiones políticas de Durán padre han permitido que su vástago pueda seguir operando en la impunidad, según las evidencias que ha venido recolectando Radio Globo y ConfidencialHN desde hace unos cuatro años.

Vídeos, imágenes y relatos han podido recoger ambos medios en el sentido que Durán está directamente implicado en tales muertes; las últimas dos ocurrieron el pasado 31 diciembre en la comunidad yoreña de Olanchito y uno de los fallecidos resultó ser hijo de un alto jerarca policial y nieto de un militar en retiro, hecho que lo orilló a acudir a la fiscalía para someterse al proceso pero sigue en libertad.

Los testimonios de fuentes familiarizadas con el tema a los que tuvieron acceso ambos medios indican que el doble crimen cometido por Durán ocurrió en torno a las 3:00 de la mañana, cuando las víctimas, identificadas como Salvador Tróchez Pagoada y Noel Guifarro Martínez, decidieron ir a comprar bebidas para seguir departiendo con su familia cuando se encontraron a su verdugo, quien atravesó el automotor que conducía en un acto de provocación para desatar sus cruentos instintos.

Uno de los conocedores del tema precisó que el hijo del potentado ganadero y protegido del régimen de Hernández se bajó del vehículo y procedió a acribillarlos; hubo saña, premeditación, alevosía y ventaja, por lo que el hecho que acabó con la vida de ambos jóvenes se habría configurado el delito de asesinato, a juzgar por los relatos que se pudieron recoger en el lugar donde se registró la acción violenta.

Una de las víctimas presentaba alrededor de nueve impactos de bala, de acuerdo al informe que tiene en sus manos la Dirección de Medicina Forense. Todo apunta a que los disparos que recibió fueron a mansalva.

Un vídeo que está en manos de las autoridades podría dar un giro dramático al incidente, pues da constancia de que Durán Mahomar apunta con un arma contra sus víctimas y les disparó en varias ocasiones hasta causarles la muerte. Asimismo, otro vídeo ubica al hechor en la escena del crimen, ya que se encontraba con varios amigos, con quienes ingirió bebidas alcohólicas unos 40 minutos antes que iniciara la confrontación con Tróchez y Guifarro.

Tróchez, quien gozaba de la residencia estadounidense, había venido a Honduras a disfrutar con su familia las fiestas de fin de año, dijeron a este periódico algunos informantes; era hijo de un alto oficial y nieto del exjefe de inteligencia de las FFAA, el fallecido general Luis Enrique Tróchez Martínez. Durán, al ser informado sobre ese parentesco,se vio obligado a acudir a la fiscalía, pero apenas estuvo un par de horas y aún sigue en libertad.

Por ese hecho, se tiene previsto que en las próximas horas declare ante la Agencia Técnica de Investigaciín Criminal (ATIC) para dar su versión sobre las muertes que se le achacan, aunque se da por descontado que el caso podría quedar impune ya que su progenitor podría recurrir a los buenos oficios del inquilino del palacio José Cecilio del Valle a fin de evitar una persecución penal.

Radio Globo y ConfidencialHN supieron que el arma utilizada por el supuesto autor es propiedad de Augusto Mendoza Mahomar, quien tiene una visa estadounidense de estudiante y es hijo de un ejecutivo de una empresa que opera en la comunidad de Coyoles Central.

Esta persona huyó en fecha reciente a la nación del norte, pero se vio obligado por sus familiares a regresar a Honduras por temor a ser arrestado.

En esta serie de relatos obtenidos de primera mano, se deja constancia de que las personas que presenciaron el doble homcidio optaron por llamarse al silencio, por temor a ser perseguidos por Durán padre e hijo, quienes han impuesto el terror en la zona al trasluz de su historial de violencia y ataques desproporcionados contra personas que carecen de un arraigo o apellido de abolengo.

A pesar que la fiscalía y la fuerza pública tienen en su poder imágenes, vídeos, notas de voz y evidencias circunstanciales, ninguno ha querido emprender la persecución contra Durán, por temor a ser relevado del cargo.

Cabe recordar que el hechor es sindicado de matar a una persona en un poblado de Olancho, pero de manera misteriosa desapareció el expediente que contiene datos sobre el crimen. Posteriormente, fue relacionado con un tiroteo ocurrido a inmediaciones de un kínder en Olanchito, en Yoro, pero jamás fue requerido, por lo que el incidente quedó impune.

Un testigo que reside en EE.UU. denunció en su momento que fue víctima de la conducta agresiva del sujeto, pues su «pecado» fue haber denunciado algunas irregularidades que ocurrieron en una de sus propiedades. «En una ocasión me obstruyó el paso y me dijo que donde estuviera él, no me daría pasada y para salir de ese lugar me vi obligado a discutir con él y más tarde me estaba esperando con un arma para atacarme», dijo.

En 2016, añadió, fue atacado por segunda ocasión junto a un grupo de personas que lo encubrieron, por lo que se vio obligado acudir a la policía, pero la queja fue desestimada.

El afectado, quien fungió como director de un canal local de televisión, decidió hace unos días contar la vivencia que tuvo con Júnior -como es conocido el hijo del prominente ganadero- a un canal de televisión, pero fue censurado por órdenes de su director, a fin de no entrar en controversia con Durán ni con Juan Orlando Hernández.

A Júnior se le achacan otras agresiones, como la ocurrida en 2016, cuando atacó a golpes a un joven junto a su guardaespaldas en una glorieta; al cierre de esta investigación, las autoridades no lo han requerido por el hecho.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El todopoderoso e influyente jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández, suele cuestionar las ilegalidades que se cometen en la administración pública, opinar de temas de los cuales no tiene el bagaje intelectual, al tiempo que coloca a su madre y un cuestionado juez a formar parte de ternas evaluadoras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quienes reciben hasta mil lempiras por cada alumno que aspira a especializarse en derecho penal.

Y es que esta nueva faceta de Fernández, cuyo padre estaría involucrado en ilícitos contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pudo colocar a su progenitora y al juez de sentencias Crosby Lanza, como miembros de ternas evaluadoras en la Facultad de Derecho de la UNAH, ya que funge como coordinador de la maestría de derecho penal y derecho procesal penal, por lo que está incurriendo en tráfico de influencias y nepotismo.

En otras palabras, el luchador anticorrupción está organizando su familión dentro de la administración pública lo que provoca conflictos de intereses en perjuicio de la institucionalidad.

Radio Globo y ConfidencialHN supieron que cada persona que presenta su tesis a la terna compuesta por su progenitora y Lanza, deben pagar mil lempiras y en ocasiones los candidatos al máster llegan a pagar hasta tres mil lempiras para que su tesis pueda ser examinada, sin que haya una garantía que puedan aprobar la última etapa que les permita tener el grado academico superior.

El número dos de la denominada instancia de sociedad civil también puso en la terna evaluadora a uno de sus mejores amigos, de nombre Sergio Mejía, quien también recibe el estipendio que proporciona cada aspirante a la maestría y cuyo nombramiento fue de dedo, pues Fernández tiene amplios poderes dentro del posgrado que dirige.

Uno de los conocedores del tema comentó a este periódico que los candidatos a máster llegan a pagar hasta nueve mil lempiras por defender su tesis, sumado a la cuota que deben pagar cada mes que es de dos mil 950 lempiras.

«Sólo a sus amigos manda a las ternas y cada uno de ellos gana mil por tesis evaluada y a veces los grupos de tres alumnos llegan a pagar hasta nueve mil, es decir tres mil cada uno», comentó una fuente que solicitó mantenerse en el anonimato para evitar el carácter histriónico del jefe investigador del CNA.

Cada análisis de terna, detalló la fuente, suele durar una hora exacta y -de todos modos- quien toma la decisión final es Fernández.

La mano derecha de la directora del CNA Gabriela Castellanos no cuenta con experiencia como procurador en los tribunales de justicia, a pesar de contar con maestrías en derecho penal; tampoco se le conoce trayectoria que le ayude a comprender cómo opera el sistema judicial y sus altibajos respecto al trato que reciben los imputados.

Tanto la madre de Odir Fernández (de saco negro), como el juez de sentencias Crosby Lanza, fueron colocados por el jefe investigador del CNA; la dama de rojo es asistente de Fernández en la instancia de sociedad civil y junto a ella aparece el Javier Gómez, un litigante privado que realizó la entrevista para acceder a la maestría en derecho penal.

No obstante, es reconocido en los círculos mediáticos y oenegeístas como un osado crítico de la aplicación de la ley y suele emitir opiniones o comentarios en torno a la legislación vigente. De hecho, Fernández ha sido uno de los operadores del titular del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández infiltrados en la sociedad civil que busca anular la vigencia del nuevo Código Penal sin tener la experiencia como litigante y sin tener conciencia de los alcances que tendrá la misma cuando comience a funcionar en mayo de 2020.

El nepotismo de este personaje y su círculo familiar también vienen a contradecir su fastuoso discurso anticorrupción que ha tenido en los últimos cinco años; el exdirector del IHSS, Mario Zelaya -preso por corrupción- le recordó hace unos años que su padre fue destituido de la entidad porque halló irregularidades cuando fungió en la secretaría general y, por tanto, sus dichos y cuestionamientos están basados en conflictos de intereses.

Es más, el progenitor -Odir Antonio Fernández Herrera- pretendió en abril anterior convertirse en el superitendente de concesiones de las alianzas públicas y privadas, según un listado que divulgó el Legislativo, quedando fuera del mismo ya que fue elegido el diputado nacionalista y exgerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Leo Castellón Hirezi.

Llama la atención que se coloque en la terna al juez de sentencias Crosby Lanza, fuertemente criticado por su carácter pusilánime, cobarde y mandilón, ya que suele ser influenciado por altos funcionarios judiciales para que emita veredictos contrarios a las normas vigentes y que pone en peligro la vida de quienes suelen ser procesados.

De hecho, Lanza formó parte de la terna de jueces del Tribunal de Sentencias que, transgrediendo la legislación penal, condenó al director de Radio Globo ConfidencialHN, David Romero, ya que recibió órdenes directas del corrupto exconcejal Teodoro Bonilla, quien a su vez obtuvo una orden expresa de Juan Orlando Hernández en represalia por las denuncias de corrupción del IHSS y actos irregulares que salpican al exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar.

Este operador judicial sustituyó junto con Indiana Castellanos y Geraldina Mejía Rivera al exjuez Dimas Agüero Echenique, quien advirtió a Romero de que había línea dictada por Hernández a través de Bonilla para condenarlo, extremo que le costó el cargo y fue removido a una posición de baja categoría como coordinador de la defensa pública.

La ratificación de la condena contra el comunicador -quien reveló nexos del hombre fuerte del régimen nacionalista con el narcotráfico y delincuencia organizada- se efectuó por los magistrados de la Sala Penal del Poder Judicial, quienes a su vez tienen un prontuario que colinda con la corrupción y crimen.

En esta relación de hechos, se evidencia cómo los nexos del número dos del Consejo Nacional Anticorrupción forma parte de una trenzada y sólida red de tráfico de influencias -cuan títere de teatro- que dirige de manera personal Hernández en su afán por tener controlada la institucionalidad como mecanismo de blindaje ante las denuncias en su contra que podrían colocarlo en el futuro como un perseguido de la justicia.