Friday, Nov 15, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández, a fin de financiar su campaña para quedarse ilegalmente por otro periodo al frente del Ejecutivo, se vio obligado a sustraer multimillonarias cantidades de dinero de las entidades públicas, así como la obtención de recursos de la delincuencia organizada y narcotráfico.

En varias entregas efectuadas por los equipos de investigación de Radio Globo como ConfidencialHN demostraron con pruebas fehacientes de cómo Hernández y sus cuadros de confianza (compinches) lavaron por los menos unos cuatro mil millones de lempiras procedentes del saqueo institucional y del tráfico de estupefacientes, extremo que lo ha obligado a aferrarse a la titularidad del Ejecutivo para no ser perseguido penalmente en el corto y mediano plazo.

En las líneas de investigación se detalla de cómo conspiraron funcionarios, empleados de segunda y tercera categoría, quienes contaron con el aval de Hernández, para apropiarse de fuertes sumas de dinero que, al final, terminaron ingresando a las arcas del Partido Nacional y ayudaron para ganar de manera controvertida las elecciones de 2013 y 2017.

Estimaciones independientes, de acuerdo a un documento que tuvo acceso este periódico, se hace constar que hubo un latrocinio de hasta cuatro mil 629 millones 508 mil 480 lempiras (sin incluir los aportados por el narcotráfico), en un total de 26 contratos de emergencia que fueron aprobados por el Consejo de Secretarios de Estado, por lo que también se convierten en cómplices del megasaqueo institucional.

Según hallazgos, los montos por los cuales fueron suscritos alrededor de 26 contratos de emergencia son de 200 millones de lempiras cada uno y cuyo operador fue el entonces secretario Jacobo Paz Bodden ya que contó con la venia de la alta cúpula del régimen para movilizar dinero a favor de la campaña presidencial que se realizó en 2017.

Entre los contratos suscritos por Paz Bodden se encuentran las series 322, 327, 330, 394, 395, 396, 421, 420, 419, 418, 411, 410, 409, 408, entre otros, suscritos entre el 12 de septiembre y el 13 de noviembre de 2017 y cuyos fondos procedían del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agrícola (Firsa) que terminaron siendo pagados con cheques emitidos por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), según las publicaciones efectuadas en su momento por el diario oficial La Gaceta.

En concreto, en septiembre de 2017 se firmaron tres contratos por un total de 600 millones, mientras que en octubre se registraron otros cuatro por 800 millones, en noviembre se emitieron un total de 16 contratos de emergencia que ascendieron a los tres mil 091 millones 508 mil 480 lempiras, a unos 10 días de que se efectuaran las controvertidas votaciones en las que salió reelecto Hernández.

Asimismo, en mayo del año anterior sólo se dio un contrato por 46 millones y en agosto de 2018 hubo dos acuerdos firmados por un total de 92 millones de lempiras exactos, según investigaciones que ya tiene en su poder el Ministerio Público a través 152 folios y cuya investigación concluyó, de acuerdo a fuentes a las que pudo tener acceso ambos medios.

No obstante, el fiscal general Chinchilla no ha querido emitir los requerimientos fiscales porque la mayoría están dirigidos contra los operadores que ha tenido -y sigue teniendo Hernández- en el Ejecutivo.

En otras palabras, los fondos Firsa se convirtieron en una caja chica de la administración nacionalista, las que no tuvieron controles sobre cómo se ejecutarían los gastos, quiénes serían los beneficiados y el impacto que tendrían esas asistencias financieras para colaborar con el desarrollo de la agricultura y ganadería nacional, pues en los últimos años ha venido mermando su capacidad de producción de granos básicos.

Se suponía que esos fondos, aprobados en sesión del gabinete de gobierno y que están contemplados en los decretos de emergencia PCM 034-2017 y PCM 069-2016, deberían ser destinados a compras de emergencia para afrontar el fenómeno de El Niño en zonas de mayor calamidad social, pero que terminaron en otros asuntos que no están relacionados con temas de agricultura y ganadería.

Uno de los operadores de la fiesta de contratos fue el exsecretario de Agricultura, Jacobo Paz Bodden, quien dio a varias empresas contratos multimillonarios para reactivas la producción agrícola nacional y cuyos resultados no son visibles.

A través de esos decretos, se pagaron consultorías de hasta 200 millones de lempiras a varias personas, entre ellas, a Jorge Alexander Núñez Guzmán para efectuar trabajos independientes, por lo que tal cantidad termina siendo hasta astronómica, en términos de que esta persona pudo recibir esa fortísima cantidad de recursos, según el acuerdo 322-2017, publicado el 12 de septiembre de 2017.

Entre las irregularidades que fueron detectadas se encuentran una misteriosa asignación de 400 millones de lempiras para la construcción de un embalse que serviría para irrigar apenas 20 manzanas de tierra en la comunidad paceña de Cane y que fueron suscritos entre Paz Bodden y Kelvin Ernesto Turcios Flores (de apenas 32 años) y Maximiliano Flores Aguilera, de acuerdo a los convenios 394 y 395, firmados el 23 de octubre de 2017.

En estos contratos primaron la sobrevaloración de los mismos, ya que se pagaron multimillonarias cantidades de dinero a personas en remotas comunidades por servicios que quizá nunca se realizaron o cuentan con graves deficiencias que serían sujetos de reparos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Un ejemplo de esa irregularidad es el acuerdo 421-2017 del 9 de febrero de 2018 ya que se destinaron 91 millones 508 mil 480 lempiras por el alquiler de un local ubicado en Lepaera, en Lempira, que fue acordado entre el exsecretario Paz y Dilia Argelia Pinto Pérez.

El pago de la enorme suma de dinero no coincide con el local que podría tener Pinto Pérez, la ciudad donde se encuentra emplazada y el propósito que debería tener esa edificación para el almacenamiento de insumos, instrumentos y aquellos que podrían ser utilizados para combatir los daños que provocó El Niño en su momento.

Ese patrón de entregar elevadas cantidades de dinero también se pudieron detectar en otras regiones como en los departamentos de Copán, El Paraíso, Intibucá, Santa Bárbara, La Paz y Francisco Morazán, y los que no tienen una justificación del porqué se tuvieron que erogar las amplias sumas de dinero para obras que no pudieron haberse ejecutado.

Uno de los contratos -el 421 2017- firmado el 13 de noviembre de 2017, se otorgó para el arrendamiento de un local en el departamento de Lempira. Tal cantidad es exagerada en comparación a los alquileres, cuyo costo máximo puede llegar hasta los 20 mil lempiras mensuales.

En teoría, el fideicomiso Firsa debería servir para la reactivación del aparato agrícola, en la cual Hernández había decidido que las solicitudes de crédito de los pequeños productores se proporcionarían en menos de 24 horas y de paso reducir la lista de requisitos para optar a financiamiento.

En su momento, el jefe del programa que administra el fideicomiso, José Benítez, detalló que “se van a aprobar las solicitudes de crédito, para las personas que tengan proyectos de siembra de granos básicos”, y lo que se busca “es que los interesados llenen los requisitos, y tener respuestas al siguiente día”.

Al cierre de esta investigación, el Ministerio Público no ha emitido requerimientos contra los involucrados.

El ocupante del palacio José Cecilio del Valle ordenó desde junio anterior que las FFAA se dedicaran a la producción de granos básicos a través del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) por lo que les proporcionó alrededor de cuatro mil millones de lempiras para, según él, que el país vuelva a ser «el granero de Centroamérica».

Sin embargo, organizaciones como la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) se pronunciaron en contra de esa idea al afirmar que transferir semejante cantidad de dinero al brazo armado para la agricultura va en contra de las funciones del Poder Ejecutivo.

La CCIT pidió a las FFAA que se limiten al ejercicio de las funciones y actividades para las cuales fueron instituidas y entrenadas como lo dispone la Constitución. Esa postura hizo cambiar de opinión a Hernández, quien dijo posteriormente que el aparato castrense ya no administrará ese dinero, aunque creó una unidad denominada C10, la responsable del controvertido programa.

Los contratos directos que dio la Secretaría de Agricultura y Ganadería ocurrieron en los departamentos de Olancho, Santa Bárbara, Lempira, Francisco Morazán y otras y el denominador común es que el valor de las obras a contratar fueron de 200 millones de lempiras cada una.

Insistió que los militares «no van a manejar recursos. Ellos están trabajando con un grupo de campesinos y es un proyecto en el que comenzamos a hacer un piloto, probablemente a finales de este año y principios del otro”.

En total, Hernández tuvo a su disposición un total de cuatro mil 909 millones 508 mil 480 lempiras, sumados los 282 millones que fueron sustraídos durante la campaña electoral de 2013 y al que también tuvieron acceso otros partidos como el Liberal y el Frente Amplio y cuya trama fue bautizada por la UFECIC y la MACCIH como Pandora.

El hecho de disponer de una amplísima cantidad de dinero para sufragar una multimillonaria y desproporcionada campaña a favor del oficialismo, sirvió para que Hernández pudiera acceder y, en algunos casos, comprar votos para lograr por una segunda ocasión retener la silla presidencial, a pesar de que hubo abrumadoras denuncias de fraude en su contra.

En otras palabras, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) se convirtió en la verdadera caja chica del régimen porque dispuso de funcionarios dóciles y supo movilizar el dinero mediante complejos entramados cuya destino fue la comisión de campaña del Partido Nacional.

La mayoría de los contratos que fueron suscritos por Paz Bodden con varias empresas ocurrieron, curiosamente, en el contexto de las elecciones generales de noviembre de 2017, a pocos días de que Hernández lograra un cuestionado triunfo, en medio de denuncias de fraude hechas por la oposición.

 

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Juan Orlando y Juan Antonio Tony Hernández utilizaron una red de prestanombres o testaferros para legitimar capitales procedentes de la corrupción, delincuencia organizada y narcotráfico para evitar ser perseguidos penalmente en el futuro.

En la diversificación comercial e industrial que ambos hermanos, incluyendo a Ana Rosalinda García Carías, lograron desarrollar con el blanqueo de dinero y a fin de no levantar sospechas en las autoridades, en particular, las estadounidenses, aunque ya habían sospechas al respecto, llegaron a lavar hasta cuatro mil millones de lempiras.

EE.UU. pidió en abril anterior al Ministerio Público una asistencia judicial respecto a la causa contra Tony y de otros sospechosos como Félix Francisco Pacheco Reyes, quien habría adquirido de manera misteriosa la empresa mercantil Aviation Partners, y que tendría nexos con el narcotráfico.

Cabe recordar que la empresa fue constituida con un capital de cinco mil lempiras y en su momento se asoció con Caribbean Tours, la cual se encuentra asegurada ya que tiene relación con el exjefe narco Sergio Neftalí el Compa Mejía Duarte y en su momento se hicieron de aviones y helicópteros cuya propiedad es del jefe del régimen nacionalista.

Por tanto, Pacheco Reyes se convirtió en el cuadro útil a los intereses de Hernández, quien supo pagar sus servicios mediante generosos contratos para mantener a flote a empresas con un oscuro historial.

Al respecto, este periódico encontró las escrituras de constitución de la empresa mercantil y sus respectivas inscripciones, con registros 21819, 22614, 25558, 34566, 40145, 45767, 47639, 48166, 49953 y 51575 y tomo 999, en las que Pacheco Reyes operó como ejecutor de los acuerdos de la empresa Aviación Tecnológica SA (Aviatsa) -y su nombre comercial Honduras Air- y luego como administrador único, por lo que está ligado directamente con el hecho.

La empresa fue constituida el 26 de marzo de 2014 por Luis Fernando Lezama Ramírez y Leonel Enrique Fonseca Peña, con un monto inicial de 25 mil lempiras y Pacheco Reyes aparece en 2016 como un ejecutor de los acuerdos tomados por los dos directivos de Aviatsa y posteriormente toma control de la empresa por lo que contó con el visto bueno de todos los socios.

Sin embargo, los fines comerciales que tomó la empresa distaron, pues Aviatsa se convirtió en una suerte de «aerolínea de badera» del actual Ejecutivo nacionalista ya que gozó de la preferencia de Hernández para actividades por las que Pacheco Reyes accedió a fuertes sumas de dinero.

De hecho, el también involucrado en la trama Pandora, se benefició con la firma de convenios suscritos por el exdirector del Instituto Hondureño de Turismo, Emilio Silvestri, alegando el «desarrollo económico» y «fomento» de la denominada industría sin chimenea.

Cabe recordar que Radio Globo ConfidencialHN ubicaron un convenio suscrito entre Pacheco y el entonces director del organismo, firmado en agosto de 2017, el cual detalla que se debe comercializar el destino turístico del caribeño departamento de Islas de la Bahía por un monto total de 120 mil dólares (dos millones 876 mil 712 lempiras) que fueron pagados en varias etapas, siendo ganador el propietario de la empresa aérea, quien se limitó a colocar el logo de Marca País a un viejo avión Boeing 737-200 con matrícula HR-AVR.

A pesar de que Aviatsa recibió casi 2.9 millones de lempiras por la prestación de un deficiente servicio, nunca se evidenciaron los resultados que contribuyeran a una imagen positiva de Honduras, que inició hace varios años la fallecida secretaria de Comunicaciones Hilda Hernández.

Pacheco Reyes aprovechó esta coyuntura para incorporar a la flota dos aviones más, entre ellos, un King Air 350 con matrícula hondureña HR-CLQ, otro avión con registro HR-AVR y otra aeronave que está estacionada en un hangar privado y se encuentra -aparentemente- en proceso de mantenimiento.

Asimismo, se confirma que el señalado supo hacer el trabajo a cambio de grandes favores, aunque las autoridades locales no lo han requerido hasta el momento por sus posibles nexos con el narcotráfico, a pesar de estar en la mira de la justicia de EE.UU. por ser un cómplice en la trama en la que participó Juan Antonio Tony Hernández.

El documento de asistencia judicial enviado al Ministerio Público y que tienen en su poder Radio Globo ConfidencialHN afirma que «en 2012, un familiar de Hernández Alvarado (Juan Orlando) participó en la compra de un avion Beechcraft King Air utilizando un testaferro llamado Félix Francisco Pacheco Reyes y una compañía hondureña de nombre Aviation Partners S. de R.L., C.V. El avion fue registrado en EE.UU. al momento de su compra, y actualmente se encuentra registrado en Honduras bajo el registro HR-AXL».

«La titularidad del avion fue transferida de Aviation Partners S. de R.L., C.V. a Inversionistas Tecnológicos Unidos, S.A. y se cree que el avion está almacenado en un hangar en Tegucigalpa, junto con un helicoptero Bell 429 con registro hondureño HR-GCA y un avion King Air 200 con registro hondureño HR-CLW, que tambien pertenecen a familiares de Hernandez Alvarado a traves de unos intermediarios», se establece en el requerimiento del Departamento de Justicia norteamericano.

Cuando la empresa fue vendida en 2014 al español Manuel Rodríguez Campo y a Catherine Fransoise Henriquez Zschecher, de origen canadiense, por un total de 450 mil dólares, (o más de 11 millones de lempiras), describe la escritura pública, inscrita en el Registro Mercantil y que en la página siete de ese documento con número de presentación 37701 dice: «se excluye la venta del taller de mantenimiento OMA RAC 145-003, ubicado en el aeropuerto de Golosón, ciudad de La Ceiba, Atlántida, zona litoral de Honduras», de acuerdo a un cruce de información con el medio nicaragüense Expediente Público.

La escritura pública detalla que también «se excluyen de esa venta las aeronaves con matrículas haitianas HH-TOR y HH-LET y las aeronaves hondureños HR-GCA, HR-AXL y HR-AVR, las cuales el señor Manuel Rodrigo Campo, de nacionalidad española, se obliga a traspasar a favor de la persona natural o jurídica que le designe el señor Félix Francisco Pacheco Reyes».

En consecuencia, el sindicado en la trama procedió a transferir las aeronaves a Juan Orlando Hernández y la justicia de EE.UU. tiene la certeza de que fueron adquiridas de manera irregular en ese país.

Un año después de esa venta, los mismos personajes, Pacheco Reyes y Mejía Duarte vuelven a asociarse para constituir otra compañía con similar denominación: Aviation Partners Services, un hangar localizado en el aeropuerto Golosón de La Ceiba. En esa empresa también se incorporó Dorn Andy Ebanks Ebanks, el notario Roberto Carlos Echenique Salgado y Juan Francisco Chinchilla Peña, uno de los socios de la empresa Servicios de Seguridad Lempira, (Sersel), que está relacionada con Hernández.

En tanto, Juan Francisco Chinchilla Peña, constituyó junto con Pacheco Reyes otra empresa denominada Inversionistas Tecnológicos Unidos y las tres aeronaves HR-GCA, HR-AXL y HR-CLQ, fueron transferidas a Inversionistas Tecnológicos Unidos.

El hecho de que Hernández recurriera a Pacheco para instalar negocios turbios es porque fue su compañero en el Liceo Militar del Norte. De hecho, esta persona ha sido una mano derecha del actual jefe del Ejecutivo en temas empresariales, aunque a la fecha no ha podido justificar el origen de los fondos.

Otra de las personas que fueron utilizadas es Leonel Enrique Fonseca Peña, quien tiene un cargo de mediana categoría en la Secretaría de Desarrollo Económico.

REGALO DE NARCOAVIONETA. Radio GloboConfidencialHN lograron dar a mediados de 2019 con un narcoavión que fue regalado por los cárteles a Tony Hernández por sus generosas contribuciones a la causa y que tuvo como intermediario a un operador del cártel de los Valle Valle que fue extraditado a EE.UU.

La aeronave, con matrícula mexicana XA-LUN fue traída en 2014 a Honduras por dos pilotos aztecas, quienes fueron arrestados y posteriormente liberados por órdenes superiores, iba dirigido al hermano de JOH como un estímulo a su contribución para que cientos de toneladas de cocaína fueran enviadas a la nación del norte.

En la investigación se pudo confirmar que el aeroplano se encuentra bajo custodia en la base aérea Armando Escalón de San Pedro Sula y a cinco años de que se registrara el incidente sobre la captura de los dos tripulantes y Jeffry Darío Guzmán Tovar, extraditado en fecha reciente por su colaboración activa con los cárteles, permanece estancada.

Sobre el tema, los investigadores de ambos medios pudieron confirmar que jamás se abrió un expediente para dejar constancia de la confiscación del aparato, cuando las normas ya ordenan de que tiene que crearse un proceso legal para efectos de constancia y verificar si los involucrados son culpables o inocentes de los hechos que se imputan.

Tanto el fiscal general Óscar Chinchilla, como la actual jefa antinarcóticos Soraya Cálix tuvieron total y amplio conocimiento de la inmovilización del avión de matrícula mexicana, la captura y posterior libertad de los pilotos, quienes se fueron para su país y jamás se les dio seguimiento o, en su defecto, coordinar acciones con el Ministerio Público mexicano para perseguirlos penalmente.

Este bimotor tendría como destino la familia Hernández Alvarado-García Carías y su uso sería estrictamente personal, aunque un grupo de personas comprometidas con la ley impidieron que ese anhelo se hiciera realidad.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El jefe de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Castro, optó por hacer la vista gorda ante varias denuncias respecto a los vínculos del exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández y de turbios negocios con el narcotráfico que en los últimos años han venido realizando funcionarios de mediana escala de la Policía Nacional de Honduras.

En memorandos que le hicieron llegar desde inicios de 2016, se le informó a Castro sobre la presencia de narcopistas en el nororiental departamento de Olancho, en los que pudo haber participado Tony en contubernio con el exdiputado liberal Fredy Nájera, alcaldes, incluyendo a un coronel de la Policía Militar del Orden Público y algunos operadores de justicia en la descarga y transporte de toneladas de cocaína, cuyo destino final fue EE.UU.

Un oficio girado al titular de la ATIC por el jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado, Julio Alberto Hernández, el 14 de enero de 2016, indicó que sostuvo una reunión el 12 de enero de ese año con un informante de confianza, quien le hizo saber sobre la existencia de la pista clandestina en un lugar denominado Planes de Teyaco, en la que solían aterrizar aviones procedentes de América del Sur cargados de estupefacientes y que contaban con la venia de un «(comisionado) general de la Policía de apellido Oliva Acosta, quien vive cerca de esa zona y al parecer es dueño de la pista».

Los colaboradores en el ilícito -afirma el documento al que accedieron Radio Globo y ConfidencialHN– están Nájera, preso en EE.UU. por delincuencia organizada, un coronel de la Policía Militar identificado por el apellido Nájera, el alcalde del lugar, un jefe departamental de la fuerza pública y un juez de Policía y el mismo Tony Hernández «quien es hermano del presidente Juan Orlando Hernández».

En el memorando que leyó Castro, se hace constar que una aeronave aterrizó en la pista un 24 de diciembre de 2015 y «que estas caen una vez por semana en la pista, al llegar el avión este es cuidado por lo menos por 200 personas y para llegar a la zona se puede (hacer) caminando pero es un trayecto entre 8 y 10 horas, y la otra es en helicóptero».

El informante, aseguró el subalterno, «se pueden observar muchos vehículos de lujo y también está el problema del consumo de la droga que se está llevando a cabo en la discoteca de la zona».

Entre las recomendaciones que le proporcionó el informante al jefe Hernández es que en caso de realizar trabajos de inteligencia e incursión en la zona remota «no se trabajara con policías» porque temía que estuvieran involucrados en el ilícito y pudieran alertar a quienes se encargaban del aterrizaje de las narcoavionetas y el traslado de la droga hacia otras regiones.

Aunque Castro tuvo conciencia y comprensión de las advertencias hechas por el subalterno, prefirió ocultar la información.

En otro informe girado el 14 de enero de ese año, se reveló que un subinspector de apellido Castillo y un subcomisionado, cuyo apellido es Mayes, asignados a la subestación policial del barrio El Manchén, en Tegucigalpa, «hicieron un trabajo en diciembre de 2015 que no supieron explicar, pero que se agenciaron con al menos dos millones de lempiras».

Aunque los dos hechos podrían no estar relacionados entre sí, pero hay un factor en común y es que Castro jamás decidió emprender una investigación que concluyera con un requerimiento fiscal contra Hernández, Nájera y los funcionarios de seguridad y defensa involucrados en narcotráfico, si bien el informante pudo dar datos superficiales sobre la llegada de narcoavionetas a zonas remotas o de difícil acceso en Olancho.

Una búsqueda rápida hecha por este periódico concluyó que ninguna de estas personas, en especial, los dos excongresistas y los oficiales de la subestación de El Manchén fueron sujetos de persecución penal por sus relaciones con el trasiego de drogas y delincuencia organizada.

También resulta hasta curioso el hecho de que el Ministerio Público jamás persiguiera penalmente a Tony y Nájera mientras fungieron en sus cargos y gozaban de absoluta libertad, por lo que se deja en evidencia el pacto de impunidad del fiscal general Óscar Chinchilla y el jefe del régimen Juan Orlando Hernández.

A la fecha, Chinchilla no ha querido pronunciarse sobre las imputaciones de la justicia estadounidense contra el acusado y su incapacidad por no hacer cumplir la ley; también ha decidido encubrir a Castro, señalado por no proceder criminalmente contra agentes que pertenecen a escuadrones de la muerte -por su participación en la muerte de varias personas- y el crimen contra Sherill Yubissa Hernández, ocurrido en junio de 2018, en la comunidad de Santa Rosa de Copán.

Algunas fuentes familiarizadas con el tema, dijeron a Radio Globo y ConfidencialHN  explicaron que Washington ha venido incrementado la presión contra Chincilla para agilizar los procesos que podrían concluir con una persecución penal contra el actual titular del Ejecutivo, aunque todo apunta a que acusador se resistirá hasta el último momento para no perseguir a su amigo, pues uno de sus motivos es que le colocó a su esposa Catherine Chang en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En la actualidad, los dos exlegisladores se encuentran encarcelados en EE.UU. y el hermano del inquilino del palacio José Cecilio del Valle afronta un juicio por delitos de narcotráfico, uso de armas para trasladar drogas hacia la nación del norte y mentir a agentes federales, por lo que podría ser condenado a una pena de 40 años hasta prisión de por vida.

Tony, según la fiscalía federal de Nueva York, operó varias narcopistas en Honduras y poseía narcolaboratorios en Colombia en sociedad con reconocidos traficantes de estupefacientes, por lo que es visto como un capo a gran escala que contó con toda una infraestructura institucional y que le permitió trasegar cientos de toneladas de drogas hacia la nación del norte al contar con la venia de su hermano.