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TEGUCIGALPA, HONDURAS

Un equipo especial de la DEA permaneció durante dos semanas en Honduras investigando el asesinato de Magdaleno Meza Fúnez, socio del exjefe narco Tony Hernández, a fin de determinar quién giró la orden para silenciar al responsable de las narcolibretas que apuntan contra el jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández.

Radio Globo y ConfidencialHN supieron de primera mano que este equipo especial permaneció en el país para recabar información en torno a la muerte de Meza o Nery Orlando López Sanabria y la misma será entregada a fiscales federales que en su momento mostraron preocupación sobre las condiciones en las que permanecía confinado el ahora occiso.

Los agentes lograron acceder a datos que podrían complicar a altas autoridades estatales, exfuncionarios del Instituto Nacional Penitenciario y FFAA, en el sentido de cómo ingresó el arma al penal de ultra alta seguridad de Ilama y la conspiración que se orquestó para dar muerte al operador clave del cártel de los hermanos Valle Valle, con quienes Tony trabó sociedad y recibió multimillonarias sumas de dinero que también llegaron a manos de Hernández o Versace como era identificado en las libretas confeccionadas por López Sanabria y que fueron ventiladas en el tribunal federal de Nueva York.

Pocas personas, incluyendo autoridades de defensa y seguridad, tuvieron conocimiento de la incursión del equipo especial, quienes ya se encuentran en EE.UU. y están elaborando las conclusiones que serán entregadas a las autoridades judiciales a fin de determinar las implicaciones que supondría la ejecución del hombre que pudo haber revelado muchos detalles de la infiltración del narcotráfico en el régimen nacionalista.

MAGDALENO ESTABA LISTO PARA SER EXTRADITADO. De hecho, estos dos medios lograron acceder a una fuente de extrema confianza en el Departamento de Justicia norteamericano, cuyos miembros están muy molestos con la actual administración ya que Meza estaba colaborando eficazmente para rendir declaración ante el juez Kevin Castel, ya que al momento de ser asesinado le faltaban unos seis días para ser llevado rumbo a Nueva York; ya se habían finiquitado los detalles de cómo sería movilizado bajo protección de agentes de la DEA y se convertiría en la pieza clave para resolver el rompecabezas del trasiego de estupefacientes y cómo los hermanos Juan Orlando y Juan Antonio estaban involucrados.

Esto supone que todos los involucrados en la cadena de custodia del ahora occiso, comenzando desde Casa Presidencial, hasta los funcionarios de baja categoría dentro del sistema penitenciario, ya sabían que Meza sería extraditado y estaban en el deber de resguardarlo a fin de preservar su vida, a sabiendas que estaba en un presidio de alta peligrosidad como el Pozo, donde están recluidos miembros de maras y pandillas y que en cualquier momento podría ser ajusticiado por órdenes superiores.

Cabe recordar que miembros de una pandilla mataron al socio de Tony mientras dialogaba con el exdirector de la cárcel Ildefonso Armas, quien fuera posteriormente asesinado en diciembre en Choluteca; el defensor del encausado, Carlos Chajtur, denunció la negligencia estatal al sostener que su cliente estaba en peligro de muerte.

Consideró como «grave» la muerte de su cliente, ya que era sujeto de investigación por la justicia de EE.UU. por sus nexos con el narcotráfico y reafirmó que desde hace varios meses venía pidiendo el traslado de su representado a una prisión militar donde pudiera estar seguro.

«Estuvimos pidiendo el traslado a otro centro donde se le pudiera salvaguardar su vida; en noviembre se le relacionó con Tony y su condición se agravó», detalló el letrado y agregó que “el único responsable es el gobierno de Honduras ya que habíamos solicitado el traslado en más de una ocasión; el juez que conoce la causa no tuvo el valor de autorizar el traslado”.

Producto de esta acción, también fue asesinado en diciembre anterior uno de los apoderados, José Luis Pinto, mientras almorzaba en una cafetería en la localidad occidental de Nueva Arcadia.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La fiscalía federal de Nueva York presentó cargos contra el oficial de Policía en retiro Mauricio Hernández Pineda, quien se entregó en fecha reciente en Ciudad de Guatemala a funcionarios antidroga para responder por los delitos de conspirar para introducir drogas a EE.UU., uso de armas automáticas y conspiración para usar armas de fuego con la intención de trasegar drogas a la nación del norte.

El documento que obtuvieron Radio Globo y ConfidencialHN confirman que el pariente de Juan Orlando y el exjefe narco Tony Hernández incurrió en tales delitos, según el escrito presentado por el fiscal federal Geoffrey Berman al juez Kevin Castel.

La entrega de Hernández Pineda fue concertada entre funcionarios de la DEA y posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde se encuentra bajo custodia y se prevé que en los próximos días se programe la fecha del juicio en su contra.

Lea la acusación formulada por la fiscalía neoyorquina:

Tribunal de Distrito de EE.UU.

Corte (federal) de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York

EE.UU. versus Mauricio Hernández Pineda (el demandado)

Cuenta (cargo) 1 (conspiración para la importación de cocaína). El gran jurado acusa:

VISIÓN GENERAL

1. Desde 2000, hasta 2018, varias organizaciones del narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de promientes políticos y particulares hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir en Honduras varias de toneladas de cocaína enviadas desde Colombia y otros lugares por vía aérea y marítima y ​​transportar las drogas hacia el occidente rumbo a la frontera con Guatemala y eventualmente a EE.UU.

2. Para protegerse de la interferencia estatal y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de varias toneladas de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos miembros del Congreso Nacional de Honduras y la Policía Nacional de Honduras (HNP, en inglés).como Mauricio Hernández Pineda, el acusado, miembro de alto rango de la HNP que participó y apoyó las actividades de narcotráfico de, entre otros, a su primo, Juan Antonio Hernández Alvarado, (alias) Tony Hernández.

3. Pineda, entre otras cosas, proporcionó seguridad armada, incluyendo a personas que portaban ametralladoras, para (proteger) los envíos de varias toneladas de cocaína y envió a sus coconspiradores en Honduras, información sensible sobre las operaciones planificadas de aplicación de la ley evadir la detección (de los cargamentos) mientras podían transportar cocaína a través de Honduras. A cambio, Hernández Pineda recibió cientos de miles de dólares en ingresos por drogas.

ALEGACIONES ESTATUTARIAS

4. Desde 2000 hasta 2018, tanto en Honduras y en otros lugares, en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier Estado o distrito particular de EE.UU., Mauricio Hernández Pineda, el acusado, otros conocidos y desconocidos y, al menos, uno de los cuales fue arrestado y llevado por primera a la corte del Distrito Sur de Nueva York, habían acordado intencionalmente violar las leyes de EE.UU. para introducir sustancias controladas en violación del Título 21 del Código de EE.UU., Secciones 952 (a) y 960 (a) (1).

6. Además, el acusado Mauricio Hernández Pineda y otros conocidos y desconocidos conspiraron, fabricaron y distribuyeron una sustancia controlada y poseían con intención y conocimiento razonable de hacer creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a EE.UU. y a las aguas (territoriales) a una distancia de 12 millas de la costa en violación del Título 21 del Código de EE.UU., secciones 959 (a) y 960 (a ) (3).

7. Más allá de que el acusado Mauricio Hernández Pineda fuera parte de la conspiración, otros conocidos y desconocidos, fabricaron y distribuyeron a bordo de un avión registrado en EE.UU.,con la intención de distribuir una sustancia controlada, en violación del Título 21, del Código de EE.UU., secciones 959 (c) y 9 (a) (3).

8. Pineda, el demandado, conspiró para (a) importar a EE.UU. desde un lugar externo (estupefacientes) así como (b) fabricar, distribuir y poseer con la intención de hacer creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a EE.UU. y en aguas (territoriales) dentro de una distancia de 12 millas de la costa estadounidense y (c) distribuir en EE.UU. a bordo de un avión registrado en ese país mezclas y sustancias que contenían varios kilogramos de cocaína, en violación del Título 21, del Código de EE.UU., sección 960 (b) (1) (B) (ii). (Título 21, Código de Estados Unidos, Sección 963; y Título 18, sección 3238.)

(Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos). El Gran Jurado acusa además: Desde 2000, hasta 2018, tanto en Honduras y en otros lugares, y en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito de EE.UU. y para el cual dos o más delincuentes aliados (uno de ellos) fue llevado y arrestado por primera vez en el Distrito Sur de Nueva York, Mauricio Hernández Pineda, acusado con relación por el delito de narcotráfico por el cual él puede ser procesado en un tribunal de Estados Unidos, a saber, la conspiración de importación de narcóticos enunciada en el primer cargo de esta acusación, usó y portó armas de fuego a sabiendas y, para promover dicho delito, poseyó armas de fuego y ayudó e instigó el uso, portación y posesión de armas de fuego como ametralladoras capaces de disparar automáticamente más de un disparo y sin recarga manual, mediante una sola función del gatillo, así como dispositivos destructivos. (Título 18, Código de Estados Unidos, Secciones 924 (c) (1) (A), 924 (c) (1) (B) (ii), 3238 y 2.)

CARGO TRES

(Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos) El gran jurado acusa además: 11. Desde 2000 hasta 2018, tanto en Honduras como en otros lugares, Mauricio Hernández Pineda, el acusado y otros conocidos y desconocidos, al menos uno de los cuales fue llevado y arrestado por primera vez en el Distrito Sur de Nueva York, acordaron entre sí violar el Título 18, del Código de Estados Unidos, Sección 924 (c). Fue una parte y un objeto de la conspiración que Mauricio Hernández Pineda, el acusado y otros conocidos y desconocidos, incurrieron en un delito de tráfico de drogas por el cual pueden ser procesados ​​en un tribunal de Estados Unidos.

En el primer cargo de esta acusación, que es de usar y portar armas de fuego…violaron el Título 18, del Código de Estados Unidos, secciones 924 (c) (1) (A) (i) y 924 (c) (1) (B) (ii). (Título 18, Código de Estados Unidos, Secciones 924 (o) y 3238.)

ALEGACIÓN DE PÉRDIDA (en cuanto al primer cargo)

Como resultado de cometer la sustancia controlada 14. delito acusado en el primer cargo de esta acusación, Mauricio Hernández Pineda, el demandado, perderá en EE.UU., de conformidad con el Título 21, del Código de Estados Unidos, Secciones 853 y 970, cualquier propiedad que constituya, o se derive de, cualquier producto que el acusado haya obtenido, directa o indirectamente, como resultado del delito de tráfico de drogas, todos y cada uno de los bienes utilizados, o destinados a ser utilizados, de cualquier manera o parte, para cometer y facilitar la comisión del delito acusado en el primer cargo de esta acusación.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La esposa del fallecido Magdaleno Meza Fúnez, Julissa Bandy García, denunció que es víctima de una conspiración en su contra para asesinarla y que es dirigida por miembros de una pandilla y de Monse Fraga Duarte, la excompañera de hogar del capo Wilter Blanco.

Radio Globo y ConfidencialHN consiguieron una carta que fue redactada por un juez ejecutor de un recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de Bandy García, quien permanece confinada en la cárcel de mujeres de Támara desde mediados de 2018, en la que advierte que podrìa ser asesinada.

Según el acta de entrevista, la viuda responsabilizó al jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández y a Melvin Bonilla, el apoderado legal del exjefe narco Tony Hernández de cualquier acción que pudiera atentar contra su vida. En el documento que tiene en exclusiva los dos medios, indica que «dos compañeras reclusas que son miembros activas» de bandas criminales la han amenazado de manera constante,

Asimismo, reafirmó que Fraga Duarte «fue parte de un complot en su contra para que dejara de apoyar a su esposo (Meza y), siempre utilizada por estas pandilleras». Si bien reconoce que la Policìa Penitenciaria la ha protegido durante este tiempo, pero «también cabe manifestar que mis familiares recibieron mensajes de amenazas que si yo me oponía a la audiencia preliminar, tanto mía como de mi esposo y los demás implicados, asesinarían a mis hijos y a mi esposo dentro del centro penal de Ilama, Santa Bárbara».

Por tanto, la privada de libertad solicitó al juez ejecutor de la causa 02603-2019, del 27 de octubre de 2019, que se le proporcionaran más medidas de protección porque teme por su vida y la de sus hijos y cuyos miedos se elevaron luego que su cónyuge fuera asesinado por miembros de bandas criminales cuando dialogaba con el exdirector del presidio, Ildefonso Armas, quien fue liquidado en diciembre en Choluteca.

El recurso, que fue solicitado en su momento por la defensa ante un juzgado penal capitalino, precisa que Bandy García está en peligro extremo tras el crimen de Meza Fúnez o Nery Orlando López Sanabria y hace énfasis en la necesidad de redoblar las medidas para que no sea atacada mientras se le sigue el proceso judicial en su contra por la supuesta comisión de varios delitos.

En últimas líneas, la integridad de la viuda del autor de las narcolibretas se encuentra en vulnerabilidad porque la información que pudiera tener sobre la presunta actividad del ahora occiso podría costarle la muerte en cualquier instante. Si bien la junta interventora del sistema penitenciario tomó el control de todas las cárceles, incluyendo la femenina, no es una garantía de que la reclusa se encuentre a salvo.

En su momento, el defensor de DDHH, Hugo Maldonado, reafirmó las amenazas contra la implicada en la trama y aseguró que en una entrevista efectuada en una de las celdas, le dijo que «el siguiente objetivo soy yo».

El procurador aseguró que en su momento notificó al subsecretario de Seguridad Luis Suazo a fin de que ofrezca todas las medidas de protección a Bandy García, en el sentido que “no queremos que suceda lo ocurrido con Magdaleno”.

En caso de un posible ataque, se cerraría la última fuente de información útil que podría tener la justicia de EE.UU. respecto a las investigaciones que penden contra Hernández sobre sus nexos con la delincuencia organizada y narcotráfico. De hecho, Meza Fúnez tenía un vasto conocimiento de cómo Tony desarrolló negocios en el trasiego de cocaína rumbo a la nación del norte, durante la época dorada que gozaron los señores de la droga ya que contaron con la venia estatal de movilizar toneladas de estupefacientes sin ser siquiera molestados.

La muerte violenta de este personaje supuso un fuerte golpe para la fiscalìa federal de Nueva York, ya que habían amplias negociaciones sobre su colaboración para esclarecer cómo funcionó el lucrativo negocio por el que los hermanos Hernández Alvarado recibieron millones de dólares del narcotráfico.

Cabe recordar que los apuntes hechos Meza Fúnez, fueron presentados como evidencia ante un tribunal federal de Nueva York, valieron el veredicto de culpabilidad a manos de un gran jurado y se espera que el juez Kevin Castel dicte la pena a Hernández en los próximos días.

Audios publicados esta semana indican que Meza o López Sanabria entró en contacto con la DEA y el Departamento de Justicia de EE.UU. para alcanzar un acuerdo para revelar secretos sobre Tony y el ocupante de Casa Presidencial.

Su apoderado, Carlos Chajtur, aseguró temer algún atentado luego de que uno de sus colegas del equipo de defensores, José Luis Pinto, fuera ejecutado de varios impactos de bala en una cafetería de la comunidad copaneca de Nueva Arcadia.