- La abogada constitucionalista advierte que la inasistencia reiterada del consejero propietario y sus suplentes constituye una posible violación a la Ley Electoral y a la Constitución, dejando al órgano electoral en parálisis y comprometiendo la legalidad del proceso.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La reconocida abogada constitucionalista Ana Pineda lanzó este martes una seria advertencia ante la inactividad del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la negativa del consejero propietario Marlon Ochoa y de dos suplentes de asistir a las sesiones legalmente convocadas.
Pineda advirtió que esta conducta podría constituir una violación grave a la Ley Electoral y a la Constitución de la República, al incumplirse con deberes fundamentales que tienen los funcionarios públicos en un órgano clave para la democracia hondureña.
“Decir que no hubo consenso en un punto no puede considerarse una justificación válida. La ley fue clara al establecer esta obligación precisamente para evitar la infuncionalidad del órgano electoral”, afirmó la jurista.
Según explicó, la Ley Electoral obliga a los consejeros a asistir a las sesiones y prohíbe ausentarse sin causa justificada. La situación se agrava, añadió, porque ni siquiera los suplentes han atendido las convocatorias, lo que ha dejado al CNE en una condición de parálisis total.
Pineda enfatizó que esta omisión no solo afecta la operatividad del ente electoral, sino que vulnera el mandato constitucional del CNE, que es el de garantizar el derecho de los ciudadanos a elegir y ser electos.
Además, recordó que el artículo 45 de la Constitución establece que “es punible todo acto que en materia electoral limite el ejercicio de la participación pública de un ciudadano”, por lo que la prolongación de esta situación podría tener consecuencias civiles, administrativas e incluso penales.
“Si en el peor de los casos se llegara a entorpecer o bloquear la realización de las elecciones, estaríamos frente a una situación extremadamente grave”, advirtió, aunque aclaró que espera no llegar a ese extremo, confiando en que todos los partidos tienen aspiraciones legítimas de competir en las urnas y no de obstaculizar el proceso.
Finalmente, Pineda hizo un llamado a la responsabilidad institucional de los funcionarios implicados, recordando que su deber es con el Estado de derecho y con la ciudadanía, no con intereses particulares ni cálculos políticos.
