- La empresa favorecida se dedica a obras civiles y ofertó computadoras con precios hasta 91% más altos que sus competidores. Un informe oficial revela graves irregularidades, sobrevaloración y violaciones a la ley de contrataciones.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC) confirmó este martes lo que inicialmente fue una denuncia periodística: el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACIT/IHCIETI), dirigido por el ministro Luther Castillo Harry, adjudicó irregularmente un contrato de 12.5 millones de lempiras para la compra de 496 laptops a una empresa que no se dedica a la venta de tecnología, sino a obras civiles.
El contrato fue otorgado a una compañía con poca trayectoria y sin experiencia en el rubro tecnológico, cuyo principal antecedente empresarial fue la remodelación del Congreso Nacional. Fundada apenas en 2022, la empresa ofertó equipos con precios hasta un 91.9% más altos que los de sus competidores.
A pesar de ello, la oferta fue seleccionada bajo el argumento de que entregaría las laptops en 20 días, aunque el tiempo de entrega no formaba parte de los criterios evaluados, ni hubo justificación técnica que acreditara una supuesta urgencia.
El informe revela además una cadena de irregularidades estructurales:
- El estudio de mercado incluyó cotizaciones inválidas, de empresas sin relación geográfica o capacidad operativa.
- Se infló artificialmente la demanda de equipos, comprando más de los necesarios.
- La comisión evaluadora estaba mal integrada, con al menos un miembro sin acreditación legal.
- No se aplicaron controles preventivos ni auditorías internas durante el proceso.
- La evaluación técnica fue deficiente y sin sustento lógico.
Pese a los ataques del ministro Castillo contra las denuncias, el informe oficial lo contradice categóricamente, señalando que la adjudicación violó la Ley de Contratación del Estado, el presupuesto público y el Código de Ética del Servidor Público.
La Secretaría de Transparencia ya ha trasladado el caso al Tribunal Superior de Cuentas, solicitando que se investiguen posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Este caso expone nuevamente las deficiencias crónicas del sistema de compras públicas en Honduras: opacidad, falta de controles, favoritismo político y derroche de recursos sin justificación técnica.
La situación es aún más preocupante por tratarse de una institución dedicada a la ciencia y tecnología, que debería ser modelo de innovación y transparencia, y no un foco de prácticas cuestionables.
La conclusión del informe es contundente: el proceso fue ilegal, innecesario y financieramente irresponsable. Y el país, una vez más, paga el precio de una gestión pública sin rigor ni escrutinio efectivo.
