• Tras las protestas por los decomisos de vehículos, el titular del IHTT, Emilio Maldonado, llamó a construir consensos técnicos entre los transportistas concesionados y los operadores de plataformas digitales, aunque advirtió que quienes trabajen sin autorización estatal continuarán expuestos a sanciones.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El conflicto entre los conductores de aplicaciones móviles y las autoridades del transporte terrestre en Honduras continúa escalando, luego de las recientes protestas realizadas por operadores de estas plataformas en rechazo a los decomisos de vehículos efectuados por el Estado.
Ante esta situación, el comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado, hizo un llamado a construir consensos técnicos entre los taxistas legalmente concesionados y quienes prestan servicios mediante aplicaciones digitales, con el objetivo de encontrar una salida al creciente debate sobre la regulación del transporte privado en el país.
La postura del funcionario surge después de que decenas de conductores realizaran un plantón que provocó afectaciones temporales en el tránsito vehicular, especialmente en zonas de alta circulación, como medida de presión contra los operativos impulsados por las autoridades.
Maldonado aseguró que, hasta el momento, el IHTT no ha recibido una solicitud formal de parte de los representantes de las plataformas tecnológicas para sostener un acercamiento institucional. Sin embargo, afirmó que existe plena disposición para dialogar y buscar mecanismos que permitan resolver el conflicto dentro del marco legal vigente.
“Estamos aplicando la ley, simple y sencillamente. No queremos generar afectaciones, pero quienes operan sin las concesiones correspondientes del Estado están sujetos a sanciones”, expresó el titular del ente regulador.
El funcionario defendió los operativos realizados por el IHTT y sostuvo que las acciones de decomiso responden al cumplimiento de la normativa que regula el transporte público y privado remunerado en Honduras.
Debate sobre regulación
La expansión de las plataformas digitales de transporte ha generado durante los últimos años una creciente disputa con el sector tradicional del taxi, cuyos representantes argumentan que ellos sí cumplen con los requisitos establecidos por el Estado, incluyendo permisos, concesiones y obligaciones tributarias.
Por su parte, los conductores que operan mediante aplicaciones sostienen que estas herramientas representan una alternativa moderna para la movilidad urbana y una fuente de ingresos para miles de familias hondureñas, por lo que consideran necesaria una actualización del marco regulatorio.
Uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el Estado es la falta de información precisa sobre la dimensión de este mercado.
Maldonado reconoció que no existe un registro oficial que permita determinar cuántos vehículos prestan servicio a través de aplicaciones móviles, debido a que cualquier propietario puede incorporarse a estas plataformas mediante procesos digitales relativamente sencillos.
“Hoy no tenemos una cifra exacta porque cualquier persona puede afiliarse a una aplicación desde su teléfono y comenzar a operar”, explicó.
Esta falta de control estadístico dificulta la supervisión del sector y representa uno de los principales obstáculos para la eventual creación de una normativa específica que permita regular la actividad sin afectar la innovación tecnológica ni la libre competencia.
¿Hacia una mesa de negociación?
Aunque el conflicto continúa abierto, las declaraciones del presidente del IHTT dejan entrever la posibilidad de una futura mesa de diálogo entre los distintos actores involucrados.
La propuesta de construir consensos técnicos busca acercar posiciones entre los transportistas tradicionales, que exigen igualdad de condiciones, y los operadores de plataformas digitales, que reclaman reconocimiento legal para desarrollar su actividad.
Mientras tanto, las autoridades mantienen su postura de continuar aplicando la legislación vigente, lo que anticipa que los operativos y sanciones podrían seguir ejecutándose mientras no exista una regulación específica o un acuerdo que permita redefinir las reglas del sector.
El debate vuelve a poner sobre la mesa uno de los mayores retos del transporte en Honduras: cómo adaptar las leyes a los nuevos modelos tecnológicos sin generar conflictos con los sectores que históricamente han operado bajo esquemas regulados por el Estado.
