- En su primera reunión de alto nivel, el nuevo gobierno pone sobre la mesa cambios al Código Penal, endurecimiento de penas y medidas para frenar el crimen organizado que asfixia a Honduras
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En un movimiento que marca el inicio de su estrategia en materia de seguridad, el presidente Nasry Asfura encabezó en las últimas horas la primera reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad bajo su administración, en un contexto donde la violencia y la extorsión continúan golpeando a la población hondureña.
El encuentro, realizado en horas de la noche del martes, reunió a las principales figuras del Estado: el titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; y el Fiscal General, Pablo Emilio Reyes, evidenciando la intención de articular una respuesta conjunta ante la crisis de seguridad.
El ministro de Comunicaciones, José Argueta, detalló que la agenda estuvo centrada en decisiones clave que apuntan a una reforma estructural del sistema penal hondureño.
Entre los principales temas destaca la revisión del Código Penal para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, con especial énfasis en el delito de extorsión, considerado uno de los mayores flagelos del país.
Asimismo, se discutió el endurecimiento de penas en casos de feminicidio, un delito que sigue generando alarma social, así como la revisión de las medidas sustitutivas a la prisión, señaladas por diversos sectores como un mecanismo que ha permitido abusos y debilitado la justicia.
Otro de los puntos relevantes fue la implementación de grilletes electrónicos como alternativa de control, junto con la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, una instancia clave que en el pasado ha tenido un papel limitado en la coordinación entre instituciones.
En materia económica y de seguridad jurídica, el gobierno también puso sobre la mesa el fortalecimiento de la protección a la propiedad privada, con el objetivo de frenar el delito de usurpación y enviar señales de confianza a los inversionistas, en un país donde la incertidumbre legal ha sido una constante preocupación.
Sobre la polémica revisión de medidas sustitutivas, Argueta explicó que se busca una evaluación “exhaustiva” caso por caso, considerando factores como la ubicación geográfica y la naturaleza del delito, con el fin de descongestionar el sistema penitenciario sin poner en riesgo la seguridad ciudadana.
“Estamos claros que el delito de extorsión es uno de los flagelos que afecta a las familias y al sector productivo; en el plan de gobierno estaba clara la lucha frontal”, afirmó el funcionario.
Sin embargo, el reto no es menor. Las promesas de reformas y endurecimiento de penas han sido una constante en administraciones anteriores, muchas veces sin resultados sostenibles.
Ahora, el gobierno de Asfura enfrenta la presión de traducir estos anuncios en acciones concretas que logren contener la criminalidad y devolver la confianza a una ciudadanía golpeada por la inseguridad.
