- Juan Carlos Aguilar advierte que el retraso en la aprobación del documento clave limita la participación de observadores nacionales y abre la puerta a la politización del proceso
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, expresó su preocupación por el retraso en la aprobación del reglamento de observación electoral, un instrumento indispensable para garantizar la presencia de misiones nacionales en las próximas elecciones generales.
Según Aguilar, mientras dicho reglamento no se apruebe, no existe posibilidad de que las organizaciones interesadas presenten solicitudes de observación.
“Este documento define el procedimiento, el mecanismo para la entrega de credenciales y las condiciones de participación”, explicó.
Señalamientos de obstrucción dentro del CNE
El representante de ASJ reveló que dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) existirían intentos deliberados de obstaculizar la normativa.
“Hemos escuchado, incluso de manera pública por parte de la consejera Cosette López, que hay intentos de torpedear los reglamentos, en especial los relacionados con la acreditación de observadores nacionales. Vemos un riesgo de politización para limitar la labor de estas organizaciones”, denunció.
Aguilar subrayó que, aunque los convenios con misiones internacionales como la OEA ya están garantizados, el mayor obstáculo recae en el despliegue de observadores nacionales, entre ellos la Red por la Defensa de la Democracia, integrada por iglesias y organizaciones con gran capacidad de movilización.
La observación como un derecho, no un favor
El director de Democracia y Transparencia recordó que la acreditación de observadores está respaldada por la Ley Electoral y la Constitución, por lo que no depende de la discrecionalidad del CNE.
“Esto no es un favor que pedimos al Consejo Nacional Electoral, es un derecho. Lo que solicitamos es el visto bueno para formalizar ese derecho mediante un convenio entre las organizaciones y el CNE, y la entrega de acreditaciones”, enfatizó.
En su análisis, Aguilar advirtió que impedir la acreditación de observadores nacionales sería un golpe a la credibilidad del proceso electoral, además de un retroceso democrático que limitaría la transparencia en los comicios.
Crítica a la entrega tardía de credenciales
El representante de ASJ también cuestionó la práctica recurrente del CNE de entregar las acreditaciones de observadores a última hora, lo que en procesos anteriores solo permitió su despliegue en Tegucigalpa y, en algunos casos, en San Pedro Sula.
“Esperamos que no se den esas prácticas antidemocráticas y que pronto se apruebe el reglamento, para garantizar que todas las organizaciones que lo soliciten puedan contar con acreditaciones a tiempo y desplegarse en los 18 departamentos del país”, concluyó Aguilar.
Un proceso bajo sospecha
El retraso en la aprobación del reglamento vuelve a poner bajo la lupa al CNE, una institución clave en el proceso electoral pero permanentemente cuestionada por su falta de independencia y por la pugna política entre sus consejeros.
De mantenerse la demora, el riesgo no solo es que se limite la observación nacional, sino que se profundice la percepción ciudadana de que las elecciones se administran con sesgos y maniobras que favorecen al oficialismo.
