- “Ya deberíamos estar hablando de un requerimiento fiscal”, advierte Nelson Castañeda, quien señala dilación y falta de coordinación institucional que favorece la impunidad.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, lanzó fuertes críticas contra el Ministerio Público (MP) por su falta de acción ante el presunto fraude de 12 millones de lempiras en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACIT), denunciado públicamente semanas atrás.
“A estas alturas podríamos estar hablando de la construcción de un proyecto de requerimiento fiscal”, manifestó Castañeda, cuestionando la pasividad del ente acusador pese a la gravedad del caso y la denuncia presentada.
El representante de ASJ lamentó que el MP no actúe de oficio ni active mecanismos de investigación sin necesidad de esperar un informe de la Secretaría de Transparencia.
“Esa parte preventiva del sistema de alertas tempranas no la tenemos. Aquí ya debería estar el Ministerio Público solicitando toda la información que respalde el proceso de adjudicación y compra”, señaló.
Para Castañeda, esperar informes de otras instituciones es una forma de dilatar procesos que deben tener respuesta inmediata, sobre todo cuando se trata de recursos públicos y posibles actos de corrupción.
“Me parece una manera de dilatar un proceso en el cual ya debería estar el Ministerio Público trabajando”, sostuvo.
El directivo también criticó la desarticulación entre instituciones clave en la lucha contra la corrupción, como el MP, la Secretaría de Transparencia y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), lo cual —advirtió— contribuye a perpetuar la impunidad.
“El Ministerio Público debe determinar si en efecto hay una sobrevaloración o un fraude de por medio, y seguir a todo aquel funcionario público de la institución que participó directa o indirectamente en esta actuación”, recalcó.
El caso SENACIT ha generado alarma por el posible uso irregular de fondos públicos y pone nuevamente bajo la lupa la eficiencia del sistema de justicia y la voluntad institucional para combatir la corrupción en el país.
