- Carlos Hernández afirma que la representación oficial dejó de lado la protección de la institucionalidad democrática y desaprovechó una oportunidad clave para fortalecer la posición de Honduras.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, cuestionó la estrategia utilizada por el Gobierno de Honduras durante la audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que la representación oficial no estuvo a la altura del desafío y desaprovechó una oportunidad importante para defender la posición del Estado.
Hernández sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo sobre quién asumiría la representación del Estado fue equivocada, ya que, a su criterio, tanto el Congreso Nacional como el Ministerio Público contaban con mejores argumentos jurídicos y una preparación más sólida para sustentar la defensa del país.
El titular de la ASJ señaló que, más allá de las posibles irregularidades o errores que pudieron haberse cometido durante el juicio político contra el ahora exfiscal general Johel Zelaya y funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el verdadero debate debía centrarse en la protección de la democracia y la institucionalidad del Estado hondureño.
“Aquí se defendió un bien mayor. Creo que aquí había un bien mayor que estaba en riesgo, que era nuestro sistema democrático”, expresó Hernández, al insistir en que ese argumento debió ocupar un papel central durante la audiencia ante la CIDH.
Asimismo, recordó que la Comisión Interamericana tiene como mandato velar por principios fundamentales como la democracia, el Estado de derecho y la independencia de los poderes públicos, por lo que consideró que esos elementos debieron ser el eje de la estrategia presentada por Honduras.
Hernández manifestó que el país todavía tiene margen para fortalecer su posición jurídica dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos conforme avance el proceso, por lo que instó a replantear la estrategia legal de cara a las siguientes etapas del caso.
Finalmente, reiteró que la discusión no debe limitarse a aspectos procesales, sino enfocarse en la defensa de la institucionalidad democrática y la independencia de los poderes del Estado, al considerar que esos principios constituyen el bien jurídico de mayor relevancia para Honduras.
