TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El 74 % del personal de salud no cuenta con los suficientes recursos e insumos para realizar su trabajo, indicó a través de un informe la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).
La ASJ presentó los resultados de una veeduría que realizó con la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) en 502 establecimientos de salud pública
Los establecimientos de salud pública fueron evaluados en departamentos como Copán, Choluteca, Valle, La Paz, Olancho, Francisco Morazán, Lempira, Intibucá, El Paraíso, Comayagua y Atlántida.
Los resultados de la veeduría también muestran que el 70 % de los medicamentos entregados a los pacientes están incompletos.
“Sólo en abril de 2023, el 63 % de los usuarios reportaron recibir sus medicamentos incompletos o ninguno, afectando a un alto porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas”, cita la veeduría de ASJ.
La falta de medicamentos y suministros tiene un costo humano grande porque no se tratan las enfermedades y la condiciona del paciente se empeora, en algunos casos, fallecen por no recibir tratamiento, mientras que el porcentaje de pacientes que conocen a alguien que empeoró de salud por falta de medicamentos se mantiene en 31 % entre noviembre de 2022 y abril de 2023, según ASJ.
Asimismo, ASJ externó su preocupación por el pago tardío a los trabajadores de la salud detallando que el 38 % ha manifestado no haber recibido a tiempo su salario durante el presente año y un 64 % ha indicado tener un retraso de uno a tres meses.
Por otro lado, indicó que en el primer trimestre de 2023 sólo se ha ejecutado tres mil 164.9 millones de lempiras, es decir, un 11.9 % del presupuesto de 26 mil 638.89 millones designado a la Secretaría de Salud.
La ASJ pidió a la Secretaría de Salud que mejore prontamente la ejecución presupuestaria asignada a la compra de medicamentos e insumos y pago de salarios atrasados, mediante una planificación correcta y basada en los problemas y satisfacción de la población.
Asimismo, señaló que la Secretaría de Salud tiene una oportunidad para elaborar e implementar con urgencia un plan de compras públicas de medicamentos e insumos, permanente y sostenido, que mejore la dispensación a los pacientes que asisten a los establecimientos de salud pública.