San Pedro Sula. Cortés. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) continúa este miércoles con la audiencia inicial en contra de cuatro empresarios y cinco exfuncionarios de la alcaldía sampedrana acusados por la construcción en la zona de reserva El Merendón de lo que se conoce como proyecto habitacional Ciudad Jaraguá.
El juez natural abrió ayer la audiencia y esta mañana se retoma con la evacuación de los medios de prueba del Ministerio Público.
Son imputados: el representante legal y presidente de la sociedad mercantil MPG, César Octavio Elvir Prieto y el gerente de la sociedad inmobiliaria El Activo, Antonio José Oviedo Prieto, a quienes se les presume responsables de corte ilegal de producto forestal, daños en su modalidad de agravados y urbanización ilegal.
Asimismo, el representante legal de la constructora Desarrollos Urbanos Gutiérrez, José Luis Gutiérrez Hermosilla, a título de autor de urbanización ilegal y el representante legal de la empresa Yesera Umanzor, Wilfredo Umanzor Sabillón, a título de autor del delito de uso ilegal de explosivos comerciales.
Además, los exfuncionarios de la comuna Samuel Alexander Fajardo Escalente de la Unidad de Contaminantes, Martín Ramón Galo Roldán de la Unidad de Cuencas, Santos Turcios García como Jefe de la Unidad de Licencias Auditorias y Seguimientos y Fausto Daniel Bográn Cárcamo como director de la Unidad de Protección y Control Ambiental, a quienes se les presume responsables de tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
Igualmente, la gerenta general de la División Municipal Ambiental (DIMA), Cristy María Raudales Barahona, por suponerla responsables de tres delitos de abuso de autoridad.
Como se sabe, El Merendón es una importante reserva natural y área protegida por ser el hábitat de una inmensa diversidad de flora y fauna además de la principal fuente de agua de los sampedranos y de las investigaciones hechas por el Ministerio Público, se concluye que este proyecto, ubicado entre el sector de Armenta y El Zapotal, inició con el corte y aprovechamiento de productos forestales y apertura de calles, lo que causó enormes daños a la zona protegida.
También, se logró comprobar que los funcionarios municipales mencionados anteriormente, incurrieron en otras acciones típicas constitutivas de delito, quienes cooperaron desde sus cargos en la DIMA, autorizando los permisos para corte y aprovechamiento de productos forestales y licencias ambientales sin observar las disposiciones administrativas.
A medida que el ilegal proyecto avanzaba se acreditó que en conexión directa con la tramitación y autorización de las licencias ambientales y los permisos correspondientes obtenidos de manera irregular, los representantes legales de las empresas desarrolladoras de Ciudad Jaraguá, continuaron con la construcción, y para ello, contrataron a dos empresas para realizar trabajos de voladura de rocas con explosivos y urbanización del proyecto, compañías que no estaban autorizadas legalmente para realizar este tipo de actividad.
Otro de los hallazgos fue que las empresas “Inversiones MPG S. A. de C.V” e “Inmobiliaria El Activo S de R. L.” al momento de realizar los descombros de árboles en los sectores de Armenta y el Zapotal, no contaban con el permiso para el corte de árboles, daño incalculable ya que arrancaron de raíz especies de madera de color que están vedadas en todo Honduras, causando severos perjuicios ambientales.
Otro dato importante que se descubrió fue que los desarrolladores dividieron el proyecto habitacional en tres partes para luego solicitar la licencia ambiental como un proyecto categoría 3, pero los diferentes dictámenes e informes emitidos por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) estimaron que dicho proyecto de acuerdo a sus dimensiones supera los 30,000 m2 y en razón de su naturaleza, su impacto ambiental muy alto, su tipo de construcción, características de la urbanización, sitio geográfico de ubicación y zona considerada ambientalmente frágil, entonces Ciudad Jaraguá es categoría 4.
Es así que los funcionarios municipales se tomaron una atribución que no era de su competencia en razón de las actividades obras o proyectos de categoría 4, quienes debieron rechazar dicha solicitud, para que fuera SERNA como autoridad competente y la única autorizada legalmente para categorizar el proyecto y posteriormente extender la licencia ambiental correspondiente a categoría 4.
A pesar de todas las irregularidades anteriores y aún sin contar con todos los permisos respectivos los desarrolladores han continuado construyendo el proyecto en manera ilegal, puesto que no contaban con la aprobación final, por parte de la Comisión Técnica de Urbanismos y Obras Públicas, ni había sido del conocimiento ante la Corporación Municipal, por lo que es considerado una Urbanización Ilegal, también hay que agregar que la Dirección de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de San Pedro Sula, recientemente realizó inspección a la urbanización de “Cumbres de Jaraguá”, concluyendo que la construcción del sistema de alcantarillado y agua potable, no tienen aprobación por la autoridad competente municipal.
Consecuentemente, del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que actúa como juez natural en razón que uno de los imputados es diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), se espera un auto de formal procesamiento en contra de los nueve acusados.
