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sábado, enero 17, 2026

Auto de formal procesamiento para exdirector de Fiscales y exinterventor de la OABI por red de corrupción en bienes incautados

  • La Fiscalía contra la Corrupción acusa a los exfuncionarios de integrar una estructura que arrendaba propiedades incautadas mediante contratos ficticios y desviaba fondos a cuentas personales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) logró un auto de formal procesamiento contra Rigoberto Portillo Mejía, exmiembro de la Comisión Interventora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), y otros dos exfuncionarios vinculados a irregularidades en el manejo de bienes incautados.

Portillo Mejía, quien formó parte de la comisión nombrada en febrero de 2023, es señalado por los delitos de asociación para delinquir, uso de información privilegiada, malversación por uso, complicidad de estafa y concusión, según informó el Ministerio Público.

Asimismo, se dictó auto de formal procesamiento contra Jaime Renán Banegas Zerón, exdirector de Fiscales del Ministerio Público, y Jorge Luis Martínez Grijalva, a quienes se les imputan los delitos de asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, complicidad de malversación por uso y estafa, en perjuicio de la fe pública, la administración pública y otros derechos fundamentales, además de un testigo protegido.

Red de corrupción en el manejo de propiedades incautadas

Las investigaciones de la FETCCOP establecen que los tres exfuncionarios conformaron una red que arrendaba propiedades incautadas de forma irregular, utilizando contratos ficticios que no eran registrados ante la OABI ni entregados a los supuestos arrendatarios.

De acuerdo con el expediente, los implicados cobraban elevadas sumas de dinero, las cuales depositaban en cuentas personales, sin reportar los ingresos en las cuentas oficiales de la institución.

Compromiso institucional

El Ministerio Público reiteró que este caso forma parte de su estrategia integral de combate a la corrupción, orientada a la identificación y desarticulación de redes fraudulentas que operan en la relación público-privada.

“La Fiscalía reafirma su compromiso de mantener una lucha frontal contra este flagelo”, señaló la institución en su comunicado, destacando que continuará impulsando procesos para garantizar la transparencia en la gestión de los bienes del Estado.

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