- Nelson Márquez es señalado por el Ministerio Público por actuaciones vinculadas a un convenio de pagos, dentro de un caso que investiga demandas promovidas contra el Estado por L3,084 millones.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La Corte de Apelaciones designada autorizó este martes al viceministro de Contingencias Nacionales y Gestión de Riesgos (Copeco), Nelson Márquez, a salir temporalmente del país para cumplir con una misión oficial relacionada con sus funciones como funcionario público.
La resolución fue confirmada por el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, quien explicó que el pleno declaró parcialmente con lugar la petición presentada por la defensa durante la audiencia de revisión de medidas.
De acuerdo con la resolución, Márquez podrá permanecer fuera de Honduras del 18 al 25 de octubre, período después del cual deberá retornar al territorio nacional.
“Se declara con lugar de manera parcial este permiso al alto funcionario de Copeco, se le ha dado un tiempo prudencial para salir del país”, informó Silva a los periodistas que cubren la fuente judicial.
Márquez se encuentra vinculado a un proceso penal junto con otras personas por un caso que el Ministerio Público relaciona con un supuesto perjuicio de L3,084 millones de lempiras al Estado hondureño, derivado de una serie de demandas que, según la Fiscalía, fueron promovidas de manera irregular.
¿Qué señala el Ministerio Público?
Según el requerimiento fiscal, el origen del caso se remonta a los hechos posteriores al huracán Mitch, cuando en el año 2000 el Estado de Honduras adjudicó, con fondos de cooperación internacional, un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc. La Fiscalía sostiene que la compañía no estaba autorizada para operar en Honduras y que posteriormente habría subcontratado de manera irregular a NAINSA.
El MP señala que en 2001 el cooperante canceló la ayuda debido a inconsistencias relacionadas con el contrato. Años después, ambas empresas habrían promovido demandas contra el Estado hondureño sustentadas en un laudo arbitral que, de acuerdo con la acusación, nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.
Dentro de ese contexto, la Fiscalía vincula a Márquez con actuaciones realizadas cuando se desempeñaba como secretario de Sedecoas. En enero de 2020, según el requerimiento fiscal, remitió a la Procuraduría General de la República un informe legal que recomendaba suscribir un acuerdo ejecutivo para evitar una “erogación mayor”.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron un convenio extrajudicial que contemplaba pagos millonarios, mientras los procesos judiciales relacionados con el caso continuaban en curso.
El expediente también menciona una demanda presentada en 2022 y admitida por el juez Raymundo Gradiz Viloria. Según las investigaciones del MP, pese a los antecedentes relacionados con la nulidad del laudo arbitral, se habrían continuado ordenando pagos millonarios con cargo al Estado.
La Fiscalía igualmente hace referencia a una audiencia en la que el entonces representante del Estado, Héctor Alvarado Mejía, no se presentó. Su ausencia fue justificada mediante un certificado médico cuya autenticidad, según el informe fiscal, habría sido cuestionada.
El proceso judicial continúa y será en los tribunales donde deberán determinarse las responsabilidades individuales de los imputados y la validez de los señalamientos formulados por el Ministerio Público.
