• Gonzalo Sánchez denuncia vínculos entre jueces, magistrados y abogados en casos de alto perfil, cuestiona la imparcialidad de sentencias y advierte retrocesos en el control penitenciario
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Una fuerte denuncia sacude nuevamente la credibilidad del sistema judicial hondureño. El exjefe de la extinta Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Gonzalo Sánchez, aseguró que en el Poder Judicial de Honduras “hay una corrupción tremenda”, al punto que —según afirma— hasta las medidas sustitutivas se negocian.
Sánchez fue más allá al señalar que jueces y magistrados de cortes de apelaciones estarían compartiendo en reuniones sociales con abogados que llevan casos de alto perfil, lo que, a su juicio, compromete seriamente la imparcialidad de la justicia.
“Lo más grave es ver algunos jueces y magistrados bebiendo y comiendo en bacanales con abogados que llevan sus casos… así es bonito ganar casos”, expresó con dureza.
El exfuncionario calificó como alarmante que operadores de justicia mantengan cercanía con litigantes que representan intereses en procesos judiciales relevantes, al advertir que estas relaciones podrían influir directamente en las decisiones judiciales.
“¿Cómo puede un juez fallar en contra de un abogado con el que comparte ese tipo de espacios?”, cuestionó, al tiempo que defendió la posición de los profesionales del derecho que —según dijo— actúan de manera honesta sin recurrir a sobornos.
Sánchez también denunció la existencia de presuntos favores y regalos dentro del sistema, asegurando que en juzgados penales ubicados en el barrio La Granja de la capital, algunos abogados privados entregan obsequios a jueces durante la temporada navideña.
Como referencia regional, mencionó un caso ocurrido en Costa Rica, donde un funcionario judicial fue acusado por compartir en actividades sociales con un abogado involucrado en procesos relevantes, evidenciando —según indicó— que este tipo de conductas ya genera sanciones en otros países.
En otro punto, el criminólogo cuestionó decisiones recientes en el manejo del sistema penitenciario, particularmente el cambio del general Ramiro Muñoz de la administración de cárceles, asegurando que durante su gestión existía mayor control.
“Hoy vemos que las llamadas extorsivas siguen saliendo de los centros penales”, lamentó.
Las declaraciones de Sánchez reavivan el debate sobre la transparencia, la ética y la independencia del sistema judicial en Honduras, en un contexto donde la confianza ciudadana continúa erosionándose frente a reiteradas denuncias de corrupción e impunidad.
