- El organismo señala que el Estado apenas ha ejecutado el 35 % del presupuesto y que 38 de cada 100 lempiras destinados al pago de la deuda provienen de nuevos préstamos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, advirtió que la baja ejecución del Presupuesto General de la República 2026 continúa afectando directamente a la población hondureña, al tiempo que alertó sobre una dinámica financiera que considera insostenible, debido a la creciente dependencia del endeudamiento para cumplir con el pago de la deuda pública.
Durante la presentación del informe “Seguimiento de la ejecución del Presupuesto General de la República 2026”, correspondiente al primer semestre del año, la organización reveló que el Gobierno apenas ha ejecutado el 35 % del presupuesto nacional, equivalente a una asignación de 443,966.69 millones de lempiras, dejando pendiente la ejecución del 65 % de los recursos en los seis meses restantes del año, lo que aumenta el riesgo de un gasto acelerado, poco eficiente y con menores niveles de transparencia.
El estudio también expone la presión que enfrenta el Estado para atender sus compromisos financieros. Según ASJ, de cada 100 lempiras destinados al pago de la deuda pública, 38 provienen obligatoriamente de nuevos préstamos y 43 de los impuestos que pagan los hondureños, reflejando una fuerte dependencia del crédito para sostener las finanzas públicas.
Asimismo, el informe señala que el 88 % del presupuesto se concentra en salarios, servicio de la deuda, transferencias y otros gastos corrientes, limitando la disponibilidad de recursos para proyectos de inversión que impulsen el desarrollo y mejoren las condiciones de vida de la población.
La organización también evidenció una alta concentración del gasto público, ya que seis instituciones absorben el 71 % del presupuesto nacional. De ese total, el servicio de la deuda representa el 35.7 %, seguido por las secretarías de Educación (24.9 %) y Salud (16.2 %), mientras que Infraestructura y Transporte, Seguridad y Defensa completan el grupo de entidades con mayor asignación de recursos.
ASJ advirtió que la baja ejecución presupuestaria ya está teniendo efectos en servicios esenciales. En el caso de la Secretaría de Salud, la ejecución apenas alcanza el 34.5 %, situación que, según el informe, provoca que uno de cada cuatro pacientes no reciba sus tratamientos médicos completos.
En educación, la ejecución general es del 42.2 %, pero programas considerados prioritarios permanecen prácticamente paralizados. El proyecto Matrícula Gratis no registra ejecución de los 700 millones de lempiras asignados, mientras que la inversión en infraestructura escolar apenas alcanza 9 millones de los 166 millones presupuestados, en un contexto donde más de 1.1 millones de niñas, niños y adolescentes permanecen fuera del sistema educativo.
El informe también cuestiona la distribución del gasto en el sector justicia. ASJ señala que el 70 % de los recursos se concentra en Seguridad y Defensa, dejando una menor proporción para la investigación del delito, al tiempo que expone el deterioro financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), cuyos gastos superaron en 4,338.72 millones de lempiras sus ingresos por venta de energía durante el primer semestre y mantiene una deuda superior a 15 mil millones de lempiras con proveedores.
De igual manera, las instituciones responsables de velar por la transparencia tampoco muestran niveles de ejecución satisfactorios. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), registra una ejecución del 49 %, mientras que el Instituto de Acceso a la Información Pública apenas alcanza el 31 %, panorama que, según ASJ, coincide con las debilidades que Honduras continúa reflejando en indicadores internacionales relacionados con el control de la corrupción, la eficacia gubernamental y el Estado de derecho.
Ante este escenario, ASJ exhortó a las autoridades a establecer un cronograma trimestral de ejecución presupuestaria con metas claras, públicas y verificables, a fin de evitar que la mayor parte del gasto se concentre al cierre del año y garantizar que los recursos públicos se orienten a proyectos que fortalezcan la economía y mejoren el bienestar de los hondureños.
