- Dos casquillos de bala y un teléfono celular habrían sido dejados como mecanismo de intimidación contra los conductores
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El punto de taxis de El Bosque amaneció este jueves con sus operaciones paralizadas, luego de que conductores denunciaran que estarían siendo víctimas de nuevos cobros de extorsión por parte de estructuras criminales.
La suspensión del servicio ha afectado a los usuarios que habitualmente utilizan este punto de transporte, quienes al llegar se encontraron con que las unidades no estaban operando con normalidad.
De acuerdo con las denuncias, las estructuras criminales estarían exigiendo a los conductores más dinero en concepto de extorsión, situación que habría obligado a suspender temporalmente las operaciones ante el temor por la seguridad de los trabajadores.
Como parte de las intimidaciones, habrían sido dejados dos casquillos de bala y un teléfono celular utilizado presuntamente para realizar las exigencias extorsivas, un mecanismo empleado por estructuras criminales para atemorizar a trabajadores del transporte y exigirles el pago de dinero.
El hallazgo de estos objetos habría incrementado la preocupación entre los conductores, quienes han optado por mantener silencio públicamente por temor a posibles represalias.
Los trabajadores han evitado brindar declaraciones ante cámaras y micrófonos; sin embargo, fuera de estos espacios han solicitado la presencia de las autoridades para que investiguen lo ocurrido, determinen quiénes estarían detrás de las amenazas y les brinden seguridad.
Ante esta situación, se espera la presencia de agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), quienes deberán conocer las denuncias y brindar atención a los afectados.
La paralización del punto de taxis vuelve a poner en evidencia el impacto que la extorsión continúa teniendo sobre el sector transporte en Honduras, donde las amenazas y cobros ilegales no solo generan pérdidas económicas, sino que también obligan a suspender servicios y mantienen bajo temor a conductores y propietarios de unidades.
Mientras las autoridades investigan el caso, los usuarios permanecen a la espera de que el servicio pueda restablecerse con normalidad, mientras los conductores demandan acciones que les permitan trabajar sin estar bajo amenaza de estructuras criminales.
