- Más de 50 expedientes son revisados por inspectores del Poder Judicial, ante denuncias sobre presuntas irregularidades en la homologación de transacciones y mecanismos alternos de solución de conflictos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La Supervisión General del Poder Judicial mantiene abiertas investigaciones contra jueces de los Juzgados de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, tras recibir denuncias relacionadas con la presunta homologación de transacciones que podrían resultar adversas a los intereses del Estado.
Las denuncias fueron recibidas durante los primeros meses de 2026 y, debido al volumen y la complejidad de los casos, actualmente dos equipos de inspectores analizan más de 50 expedientes, correspondientes principalmente a resoluciones emitidas durante 2024 y 2025.
Entre los procesos bajo revisión figuran transacciones que presuntamente podrían haber entrado en contradicción con la jurisprudencia de una Sala y con resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional, situación que ha motivado una revisión de las actuaciones judiciales relacionadas.
Revisan conciliaciones y laudos arbitrales
La investigación también comprende la homologación de mecanismos alternos de solución de conflictos, entre ellos laudos arbitrales, conciliaciones y arbitramentos, así como las actuaciones realizadas por los órganos jurisdiccionales para dar validez a estos acuerdos.
Como parte del proceso de inspección, los equipos encargados recopilan declaraciones de personal jurisdiccional y auxiliar que podría estar vinculado con los expedientes bajo análisis, con el objetivo de esclarecer cómo se desarrollaron los procedimientos y determinar si existieron actuaciones contrarias a la normativa aplicable.
Investigación surge a solicitud de la Sala Laboral
Las diligencias se originaron a partir de una solicitud presentada por la Sala Laboral-Contencioso Administrativo ante la Supervisión General del Poder Judicial, para que se revisaran los casos señalados y se establecieran las circunstancias relacionadas con las resoluciones cuestionadas.
En caso de que durante la investigación se encuentren indicios de responsabilidad, se ha advertido que las actuaciones podrían ser remitidas al Ministerio Público, para que se determinen las acciones legales que correspondan.
No obstante, las investigaciones continúan en curso y, hasta el momento, no existe una conclusión oficial que determine responsabilidad disciplinaria o penal de los jueces señalados.
Las denuncias y los expedientes se encuentran bajo revisión, por lo que cualquier eventual responsabilidad deberá establecerse mediante los procedimientos correspondientes y con respeto a las garantías legales.
La revisión de estos casos pone bajo escrutinio las decisiones adoptadas en los juzgados laborales y el cumplimiento de los criterios jurisprudenciales en la homologación de acuerdos que podrían tener repercusiones para el Estado hondureño.
