TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Honduras necesita reglamentar y blindar el juicio político para evitar que este mecanismo de control derive en abusos de poder o se convierta en una herramienta de persecución selectiva, tras la reciente destitución de cinco altos funcionarios, incluido el fiscal general del Estado, coincidiendo con el cambio de Gobierno el pasado enero en el país tras unas polémicas elecciones, afirmaron analistas consultados por EFE.
Aunque el procedimiento cuenta con una ley especial, el analista Lester Ramírez subrayó la necesidad de fortalecer el marco legal para impedir que se instrumentalice contra adversarios políticos.
«Se tiene que reglamentar procedimentalmente (…) Dentro de la reglamentación debe incluirse una formación a los diputados que están en estas comisiones y asegurar que se reconozcan los derechos que tienen las personas enjuiciadas», explicó.
Este mecanismo, que faculta al Legislativo para investigar y destituir a altos funcionarios, está en el centro de la polémica tras la reciente destitución del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) Marlon Ochoa y de Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), junto a los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, todos afines al izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), que perdió el poder en los últimos comicios.
A estas salidas se sumó, el pasado 25 de marzo, la del fiscal general del Estado, Johel Zelaya, también vinculado a Libre, cuyo coordinador general es el expresidente de Honduras Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).
La denuncia contra las autoridades electorales de Honduras se basa en presuntas irregularidades e inconstitucionalidad en los polémicos comicios de 2025, cuyos resultados se demoraron durante semanas, y que ganó el actual presidente del país, Nasry ‘Tito’ Asfura, cuya victoria marcó el regreso al poder del conservador Partido Nacional y un giro en la línea ideológica del Gobierno.
El proceso comienza con la admisión de una solicitud de juicio político ante el Parlamento, que da paso a una comisión especial encargada de investigar y emitir un dictamen. La decisión final recae en el pleno legislativo, que requiere una mayoría calificada de dos tercios —86 de los 128 diputados— para hacer efectiva la destitución.
A diferencia de un proceso penal ordinario, el juicio político no implica sanciones de carácter penal, sino administrativas y políticas, como la destitución del cargo o la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
No instrumentalizar el juicio político
Según Ramírez, el juicio político es un mecanismo de «control democrático y no de control político», aunque advirtió que su aplicación depende del contexto y de la correlación de fuerzas dentro del Legislativo.
A pesar de que el procedimiento está consignado en la Constitución como una herramienta de control, añadió, su legitimidad se ve cuestionada cuando los criterios de selección de los funcionarios responden a cuotas de poder.
«El origen de todos estos problemas es cómo escogemos y cómo seleccionamos a las personas (…) si seguimos escogiendo personas únicamente por un color político, vamos a seguir teniendo estos problemas», sentenció.
El juicio político en Honduras sigue siendo un recurso de «última instancia», cuya efectividad dependerá de si la clase política decide priorizar el fortalecimiento institucional o continuar por la ruta de la concentración de poder, acotó Ramírez.
El director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, coincidió en la urgencia de reglamentar la Ley Especial del Juicio Político para cerrar «vacíos» legales y ofrecer mayores garantías procesales a los funcionarios sometidos a este recurso.
Aguilar señaló que, si bien las recientes destituciones se ajustaron formalmente al procedimiento, es necesario un modelo más «garantista» que no vulnere los derechos procesales.
«Lo que tenemos que cuidar en el futuro es que no se instrumentalice la figura del juicio político», enfatizó García, quien considera que la reglamentación de la normativa es la única vía para llenar las «lagunas» legales y garantizar que el proceso sea un verdadero instrumento de justicia.
Con información de EFE
