- Plataforma Agraria denuncia criminalización, pide intervención externa en caso Rigores y anuncia recurso de inconstitucionalidad contra reformas al Código Penal
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La tensión en el Bajo Aguán continúa escalando tras la masacre ocurrida el pasado 21 de mayo en la comunidad de Rigores, donde 20 personas perdieron la vida en uno de los hechos más violentos registrados recientemente en esa conflictiva región del país.
Este jueves, el portavoz de la Plataforma Agraria, Yohny Rivas, exigió la creación de una comisión especializada e internacional que investigue la matanza, argumentando que existen denuncias contra agentes policiales y que únicamente una investigación externa podría garantizar transparencia y credibilidad en el proceso.
“Estamos pidiendo que para el Bajo Aguán se nombre una comisión especializada para investigar la masacre del 21 de mayo en la comunidad de Rigores. Tiene que ser internacional y deberá ser integrada además por la ATIC, debe haber una investigación externa para que sea real y creíble”, declaró el dirigente campesino.
La solicitud surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre el manejo de las investigaciones y en un contexto histórico marcado por conflictos agrarios, violencia y denuncias de violaciones a derechos humanos en el Bajo Aguán.
Piden participación de la ATIC y observación internacional
Rivas señaló que la comisión investigadora debe incluir a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), debido a que existen señalamientos y sospechas sobre la posible participación o actuación irregular de cuerpos de seguridad durante los hechos violentos.
La Plataforma Agraria considera que una investigación exclusivamente dirigida por instituciones nacionales podría carecer de confianza entre las comunidades afectadas, por lo que insiste en la necesidad de acompañamiento internacional.
El dirigente también aseguró que organizaciones campesinas mantienen contacto permanente con organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, ante lo que calificó como una campaña de estigmatización y criminalización contra los movimientos agrarios.
“Es importante que el pueblo hondureño conozca que la Plataforma Agraria hace una lucha pacífica y que tiene reconocimiento de diferentes organismos de derechos humanos”, expresó.
Denuncian criminalización de movimientos sociales
Las declaraciones de la Plataforma Agraria se producen en medio de un ambiente de alta tensión política y social alrededor de los conflictos por la tierra en el Bajo Aguán, una zona históricamente marcada por enfrentamientos entre campesinos, empresas agroindustriales y fuerzas de seguridad.
Rivas denunció que desde sectores gubernamentales y algunos funcionarios públicos se estaría impulsando un discurso orientado a vincular a organizaciones campesinas con hechos delictivos, situación que —según afirmó— pone en riesgo a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
La Plataforma Agraria insiste en que sus acciones se desarrollan bajo principios de lucha pacífica y dentro del marco de defensa de derechos territoriales y sociales.
Presentarán recurso contra reformas al Código Penal
Además de exigir una investigación internacional por la masacre, la Alianza Campesina, Indígena y Popular anunció que este jueves presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra reformas al Código Penal aprobadas mediante el decreto 84-2026.
De acuerdo con Rivas, la acción legal se centra específicamente en el artículo 587, el cual consideran una amenaza para organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
“Vamos con este recurso de inconstitucionalidad porque estas reformas buscan generar de alguna manera estigma y mayor criminalización a los defensores”, manifestó.
Las organizaciones sostienen que las reformas podrían abrir espacio para judicializar protestas sociales y limitar las acciones de movimientos campesinos e indígenas en el país.
Bajo Aguán sigue siendo foco de violencia
El Bajo Aguán continúa siendo una de las regiones más conflictivas de Honduras debido a las disputas históricas por la tierra y la presencia de grupos armados, estructuras criminales y tensiones entre distintos actores sociales y económicos.
La masacre en Rigores volvió a colocar la atención nacional e internacional sobre la situación de violencia que enfrenta la zona y reavivó las exigencias de organismos humanitarios para garantizar investigaciones imparciales y protección a las comunidades.
Mientras tanto, familiares de las víctimas y organizaciones campesinas demandan justicia, transparencia y el esclarecimiento total de los hechos que dejaron 20 personas muertas en una tragedia que ha profundizado aún más la crisis social en el Bajo Aguán.
