- MP desarticula red dentro de casa refugio tras denuncias; niños fueron resguardados por SENAF y el caso ya está en manos de los tribunales
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. –
Un caso que sacude la conciencia nacional salió a la luz este martes, luego de que el Ministerio Público (MP), ejecutara la captura de cuatro personas señaladas por delitos graves en perjuicio de menores de edad en un albergue del municipio de Choloma, Cortés.
Entre los detenidos figura el ciudadano suizo Christof Oliver Wittwer, director del centro, junto a su pareja Petrona Betulia Bautista Pineda, trabajadora social; la psicóloga Fanny Mariel Tábora Paredes y el profesor Jimmy Emanuel Romero Mejía.
A los cuatro se les supone responsables, según su grado de participación, de delitos como otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución.
Denuncia destapó el caso
Las investigaciones comenzaron tras una denuncia que alertaba sobre conductas inapropiadas por parte del personal encargado del albergue.
A partir de ello, equipos especializados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) iniciaron las primeras diligencias.
Dada la gravedad de los señalamientos, se solicitó control jurisdiccional para ejecutar acciones que evitaran que los menores continuaran siendo víctimas de posibles abusos.
Allanamientos y pruebas clave
El pasado 15 de abril, la FEP-NIÑEZ, la ATIC y Medicina Forense realizaron allanamientos, inspecciones, toma de declaraciones y evaluaciones físicas y psicológicas a los menores.
Según las autoridades, estas diligencias permitieron confirmar los hechos denunciados, fortaleciendo el caso contra los implicados.
Niños bajo protección del Estado
Tras la intervención, los menores fueron puestos bajo la tutela de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF), que asumió el control de la casa hogar para garantizar su protección y bienestar.
Proceso judicial en marcha
Los cuatro detenidos serán puestos en las próximas horas a disposición del juzgado competente en Choloma, bajo custodia de equipos de operaciones especiales de la ATIC.
El caso abre nuevamente el debate sobre los mecanismos de supervisión en centros de resguardo infantil y la responsabilidad del Estado en la protección de menores en situación de vulnerabilidad.
Las autoridades aseguran que las investigaciones continúan y no se descartan nuevas acciones en este proceso que ha generado indignación y preocupación a nivel nacional.
