• Migdonia Ayestas advierte que Honduras necesita una estrategia de seguridad que desarticule las redes económicas de las organizaciones criminales, combata la corrupción y proteja los derechos humanos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La lucha contra la criminalidad en Honduras no puede limitarse a capturar delincuentes ni a endurecer las penas.
Para desarticular verdaderamente las organizaciones criminales, el Estado debe atacar sus fuentes de financiamiento, sus redes logísticas y las estructuras que permiten su funcionamiento.
Así lo advirtió Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La especialista sostuvo que la seguridad ciudadana es una de las principales exigencias de la población y una responsabilidad del Estado, particularmente frente a fenómenos como la extorsión, las amenazas y el control territorial que ejercen grupos delictivos en diferentes comunidades del país.
Ayestas consideró que las propuestas de reformas en materia de seguridad deben abordarse desde una perspectiva integral, ya que las detenciones y el incremento de las penas, por sí solos, no resuelven las causas de la violencia ni garantizan la desarticulación de las estructuras criminales.
En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer las investigaciones, la persecución penal y la coordinación entre las instituciones, garantizando que los procesos judiciales estén respaldados por pruebas.
Más de 150 estructuras criminales operan en Honduras
Ayestas reveló que, según datos proporcionados por las autoridades, en el territorio hondureño operan más de 150 estructuras criminales, entre maras, pandillas, bandas delictivas y carteles del narcotráfico, que mantienen presencia e influencia en diferentes zonas del país.
Advirtió que capturar a los integrantes de estas organizaciones no es suficiente si el Estado no logra recuperar los territorios bajo su influencia y evitar que otros grupos criminales ocupen los espacios que dejan quienes son detenidos.
Asimismo, señaló que la estrategia debe concentrarse en las economías ilícitas que sostienen estas redes, como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el lavado de activos.
La coordinadora del Observatorio de la Violencia subrayó que es indispensable fortalecer la persecución financiera, investigar el patrimonio de los sospechosos y rastrear los bienes adquiridos mediante actividades ilícitas.
También alertó sobre los riesgos de infiltración del crimen organizado en instituciones estatales y distintos sectores de la economía.
Seguridad sin atropellar los derechos humanos
Otro de los puntos que destacó Ayestas es que el combate a la delincuencia debe desarrollarse dentro del marco constitucional y con respeto a los derechos humanos, para evitar detenciones arbitrarias y que personas inocentes terminen privadas de libertad.
Explicó que los organismos de inteligencia deben identificar las amenazas, los investigadores reunir las pruebas y los operadores de justicia resolver los casos con base en los elementos probatorios.
La especialista enfatizó que la población necesita protección frente a la delincuencia, pero también frente a posibles abusos del poder estatal.
Finalmente, planteó que Honduras necesita una política de seguridad que combine prevención, investigación criminal y financiera, persecución de las estructuras delictivas y fortalecimiento institucional.
El objetivo, sostuvo, debe ser recuperar la tranquilidad de la población y garantizar que los ciudadanos puedan movilizarse libremente y sin temor en sus comunidades.
