• Las medidas contemplan sanciones por reclutar menores para actividades criminales y cambios en los procedimientos de allanamiento, bajo condiciones que deberán ajustarse al marco legal.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció una serie de reformas penales y penitenciarias orientadas a fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada y endurecer las sanciones contra integrantes de maras y pandillas en Honduras.
Según explicó el titular del Legislativo, las propuestas son resultado de acuerdos interinstitucionales encaminados a reforzar las herramientas del Estado frente a las estructuras criminales que operan en el país.
Entre las medidas anunciadas destaca la posibilidad de imponer cadena perpetua a los cabecillas de maras y pandillas, como parte de una estrategia para combatir a quienes dirigen estas organizaciones delictivas.
Las reformas también contemplan sanciones relacionadas con el reclutamiento de menores de edad para incorporarlos a actividades criminales, así como disposiciones vinculadas con tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18.
El alcance jurídico de estas medidas dependerá de la redacción definitiva de las reformas y de su aprobación conforme al procedimiento legal correspondiente.
Allanamientos bajo supervisión fiscal
Otro de los puntos abordados por Zambrano es la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial.
Sobre este aspecto, aclaró que las acciones no implicarían ingresar arbitrariamente a cualquier vivienda, sino que serían operaciones planificadas y supervisadas por un fiscal del Ministerio Público.
El objetivo, según lo expuesto, sería fortalecer las actuaciones contra la criminalidad sin dejar de lado el respeto a la legislación y los derechos de los ciudadanos.
Las reformas anunciadas abren un nuevo capítulo en la lucha contra las maras y pandillas en Honduras, con medidas que apuntan a endurecer las penas y ampliar las herramientas de investigación del Estado.
Ahora, el desafío será convertir los anuncios en leyes efectivas, capaces de golpear a las estructuras criminales sin vulnerar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
