• La Fiscalía de Comayagua logró prisión preventiva contra el imputado por el mortal accidente en Villa de San Antonio; el MP sostiene que la imprudencia al volante desató una de las peores tragedias viales que golpeó a la Policía Nacional
TEGUCIGALPA, HONDURAS.-
El conductor de la grúa involucrada en el fatal accidente registrado el pasado 17 de junio en la carretera CA-5, a la altura de El Rodeo, Villa de San Antonio, Comayagua, enfrentará el proceso penal tras las rejas, luego de que el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Comayagua, lograra que se le dictara auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva.
La tragedia dejó un saldo devastador: siete agentes de la Policía Nacional muertos y 26 lesionados, en un hecho que estremeció al país y volvió a poner sobre la mesa el drama de la imprudencia en las carreteras hondureñas.
Al imputado se le supone responsable de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria, luego de que las investigaciones del ente acusador apuntaran a que su forma de conducir fue determinante en el siniestro que acabó con la vida de los uniformados.
Según la relación de hechos presentada por la Fiscalía, el accidente ocurrió en el kilómetro 51 de la CA-5, cuando la grúa se desplazaba desde Tegucigalpa hacia San Pedro Sula a una velocidad no prudente para las condiciones de la vía, en un tramo considerado de alto riesgo por su curva y pendiente descendente.
Las pesquisas establecen que el conductor perdió el control del pesado vehículo, que terminó volcándose e invadiendo el carril contrario. En ese trayecto fuera de control, la grúa impactó primero contra un autobús propiedad de la Secretaría de Seguridad, en el que se transportaban los agentes policiales, y posteriormente contra un vehículo tipo cabezal.
La magnitud del impacto fue letal: siete policías murieron a consecuencia de las graves heridas sufridas en el accidente. En el autobús se transportaban 33 funcionarios policiales; de ellos, 26 resultaron heridos de diversa consideración, lo que evidencia la gravedad de la tragedia.
El Ministerio Público informó que las diligencias investigativas, respaldadas por análisis técnicos y periciales, permitieron reunir indicios suficientes para sostener la presunta responsabilidad del imputado en la ocurrencia del accidente.
Además de las irreparables pérdidas humanas, el percance dejó cuantiosos daños materiales, entre ellos la destrucción total del autobús asignado a la Policía Nacional.
Tras valorar los elementos de prueba aportados por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional resolvió dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva, por lo que el acusado continuará privado de libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.
La resolución judicial marca un primer paso en la exigencia de justicia por una tragedia que no solo cobró la vida de siete miembros de la Policía Nacional, sino que también dejó en evidencia el costo mortal de la imprudencia al volante en una de las carreteras más transitadas del país.
