- La UNAH alerta que el encarecimiento de los alimentos, los bajos ingresos y la vulnerabilidad climática agravan la crisis y exigen respuestas estructurales del Estado.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Cerca de 1.9 millones de hondureños enfrentan niveles críticos de inseguridad alimentaria aguda en 2026, una realidad que refleja las profundas desigualdades sociales y económicas del país y las dificultades de miles de familias para acceder a alimentos suficientes y nutritivos, advirtió la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, conmemorado este 16 de octubre, el Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) alertó que 1,880,801 personas, equivalentes al 18 % de la población analizada, se encontraban en la Fase 3 o superior de inseguridad alimentaria aguda, según la actualización de agosto-octubre de 2026 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).
El organismo atribuye esta crisis a una combinación de factores, entre ellos el encarecimiento de la canasta básica, los bajos ingresos, el desempleo, el subempleo, la informalidad laboral y la insuficiente inversión social.
Canasta básica cada vez más cara
Uno de los principales factores de presión es el aumento del costo de los alimentos. Según los datos presentados por el OBSAN, el costo mensual de la canasta básica alimentaria urbana por persona pasó de 1,796.45 lempiras en 2019 a 2,683.60 lempiras en 2025, un incremento del 49.4 %.
Esta situación, sumada al crecimiento desigual de los salarios, reduce el poder adquisitivo de los hogares y limita su capacidad para cubrir sus necesidades alimentarias.
A ello se suma la dependencia de las remesas familiares, que alcanzaron 12,212 millones de dólares en 2025, equivalentes al 27 % del producto interno bruto (PIB). Aunque estos recursos sostienen el consumo de numerosos hogares, el observatorio advierte que no han sido suficientes para superar las vulnerabilidades económicas estructurales.
El campo también enfrenta dificultades
La precariedad laboral agrícola y el limitado acceso al financiamiento constituyen otros obstáculos para garantizar la producción nacional de alimentos.
Datos preliminares del Censo Agropecuario Nacional 2024, citados por la UNAH, indican que el 97.5 % de los 879,612 empleos registrados durante el año agrícola 2023-2024 fue temporal, mientras que apenas el 4.8 % de las explotaciones agropecuarias utilizó crédito formal.
El envejecimiento de los productores, la migración, la baja escolaridad y la escasa incorporación de jóvenes también amenazan la continuidad de la actividad agrícola. A esto se agregan los eventos climáticos extremos, que afectan las cosechas y deterioran los medios de vida de las comunidades más vulnerables.
UNAH exige respuestas de fondo
Ante este panorama, el OBSAN llamó al Estado a impulsar medidas estructurales que permitan atender las causas de la inseguridad alimentaria, en lugar de limitarse a responder cuando las emergencias ya se han producido.
Entre sus propuestas figuran incrementar la inversión en protección social, fortalecer los sistemas de información sobre nutrición, ampliar el acceso al crédito agrícola, promover seguros agropecuarios y desarrollar infraestructura de riego y reservas estratégicas de agua y granos básicos.
También plantea priorizar el Corredor Seco y otras zonas con alta vulnerabilidad, fomentar cultivos resistentes al cambio climático y facilitar la incorporación de nuevas generaciones al sector productivo.
Finalmente, la universidad advirtió que la existencia de leyes y políticas públicas no garantiza resultados si persisten las limitaciones presupuestarias, la débil presencia institucional en los territorios y la falta de coordinación entre las autoridades.
La alerta vuelve a colocar sobre la mesa uno de los principales desafíos sociales de Honduras: garantizar que millones de personas puedan llevar alimentos suficientes y nutritivos a sus hogares sin que el costo de la vida siga profundizando su vulnerabilidad.
