- Iván Velásquez y Marcos Abel Villeda comparecen tras ampliación del requerimiento fiscal. Fiscalía también solicita revocar medidas a Kefi Gavarrete, señalada en la misma causa por asociación ilícita.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Este lunes, el denominado Caso Koriun, uno de los expedientes más controversiales vinculados a presuntos delitos financieros y estructuras criminales empresariales, sumó un nuevo capítulo con la comparecencia ante la justicia de Iván Velásquez, administrador de la empresa investigada, y Marcos Abel Villeda Galdámez, su representante legal.
Ambos se presentaron voluntariamente ante los tribunales, luego que el Ministerio Público (MP) ampliara el requerimiento fiscal en su contra, en el marco de las investigaciones por el delito de asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de derechos fundamentales, conforme al expediente que vincula a Koriun Inversiones con una supuesta estructura criminal empresarial.
Más implicados bajo proceso
El caso mantiene también en la mira judicial a Kefi Gavarrete, sobre quien la Fiscalía ha solicitado la revocación del cambio de medidas cautelares que actualmente le favorecen.
La petición se basa en el riesgo de obstrucción a la justicia y la gravedad de los hechos imputados.
Junto a Gavarrete, también enfrentan proceso penal Elder Jehovany Gómez, Juan Carlos García Ríos, Deyvi Velásquez y Renán Mairena, todos señalados por formar parte de una supuesta red de delitos cometidos desde el ámbito corporativo, aprovechando esquemas legales y financieros para delinquir.
¿Qué es el caso Koriun?
El caso Koriun ha ganado notoriedad por la complejidad de la red que la Fiscalía asegura desmantelar, donde se entrelazan intereses económicos, funciones empresariales y posibles violaciones a derechos de terceros.
Aunque los detalles específicos del modus operandi aún no han sido revelados completamente al público, el MP sostiene que existen suficientes elementos para procesar a los implicados bajo el cargo de asociación ilícita.
Hasta el momento, la defensa de los señalados no se ha pronunciado ampliamente, mientras que organizaciones de la sociedad civil piden mayor transparencia en el proceso y vigilancia para evitar impunidad, como ha ocurrido en otros casos emblemáticos.
