Tuesday, Aug 20, 2019
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WASHINGTON, EE.UU.

(Spútnik) La decisión del Gobierno de Guatemala de desconocer el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) viola tratados internacionales y recuerda a los Gobiernos dictatoriales de la región, declaró el procurador de DDHH de ese país centroamericano, Jordán Rodas.

«La acción unilateral tomada por el Gobierno, que pretende desconocer el Acuerdo con Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, viola el estado de derecho, los tratados internacionales (…) y nos recuerda a los gobiernos dictatoriales que creíamos haber dejado atrás», señaló Rodas en un comunicado.

La canciller de Guatemala, Sandra Jovel, anunció el lunes que su país dio por finalizado el acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a la CICIG, y dio al organismo un plazo de 24 horas para oficializar la culminación del vínculo.

El procurador opinó que esta decisión incurre en una acción flagrante contra la Constitución Política de la República, la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción, y afirma que viola el estado de derecho.

Además, realizó un llamado a la «comunidad internacional, a las organizaciones de la sociedad civil, al movimiento indígena campesino, así como a la prensa independiente (y) a los empresarios honestos y conscientes de que la corrupción nos afecta a todos y al estado de derecho», así como a «los principios democráticos republicanos».

La comisión, creada en 2006 mediante un acuerdo entre el Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros al presidente Jimmy Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.

En 2015, la CICIG asistió en el enjuiciamiento y renuncia del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de abusos contra los derechos humanos en el país.

El Gobierno que preside Morales anunció en 2018 su decisión de no renovar el mandato de la CICIG, que expira en septiembre, y más tarde prohibió la entrada a su comisionado, Iván Velásquez, quien había viajado momentáneamente a EEUU.

WASHINGTON, EE.UU.

(Spútnik) Las autoridades de inmigración de EEUU solo capturaron a seis inmigrantes en la frontera sur que estaban en la lista de terroristas conocidos o presuntos del Gobierno federal en la primera mitad del año fiscal 2018, informaron medios de comunicación citando datos oficiales.

Según una presentación distribuida por la Casa Blanca la semana pasada, 3.777 terroristas conocidos o sospechosos no pudieron viajar ni ingresar a EEUU durante el año fiscal 2017 (1 de octubre de 2017-30 de septiembre de 2018).

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo a FOX News que «casi 4.000» terroristas conocidos o presuntos ingresan ilegalmente a EEUU y que el punto de entrada más vulnerable es la frontera con México; sin embargo, los funcionarios de la administración de Donald Trump no han especificado cuántos de los 3.777 fueron detenidos en la frontera sur.

En total, 41 personas registradas en la base de datos de detección de terroristas fueron descubiertas en la frontera de EEUU y México durante la primera mitad del año fiscal 2018 (1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018), informó NBC News citando datos obtenidos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés).

Sin embargo, 35 de ellos eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, agrega el informe.

La secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, durante una conferencia de prensa la semana pasada se refirió a los más de 3.000 inmigrantes en la base de datos de terror como «extranjeros de interés»; existen múltiples definiciones diferentes para el término en todas las agencias gubernamentales, incluida una persona que proviene de un país de interés.

Según el Instituto CATO, ninguna persona murió o resultó herida en un ataque terrorista cometido en EEUU por «extranjeros de interés» que ingresaron ilegalmente al país de 1975 a 2017.

El Instituto CATO señaló que siete «extranjeros de interés» que ingresaron ilegalmente al país fueron condenados por planear un ataque terrorista en EEUU, pero todos entraron ilegalmente desde Canadá o desembarcaron en puertos estadounidenses antes de que existiera la lista de países de interés.

Ninguna de las siete personas condenadas pudo realizar con éxito sus ataques ni cruzó ilegalmente a EEUU desde México, según el informe.

El Gobierno de EEUU sufre un cierre federal parcial desde hace tres semanas después de que el presidente Trump se negara a aprobar un proyecto de ley de financiamiento porque no incluía más de 5.000 millones de dólares para construir un muro a lo largo de la frontera con México.

Trump amenazó con declarar una emergencia nacional para construir el muro como un asunto de seguridad nacional, citando el temor a los inmigrantes ilegales terroristas y evitando así al Congreso.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik) El Gobierno de México reforzará la frontera sur para evitar que más ciudadanos de países centroamericanos ingresen ilegalmente a su territorio, dijo la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, tras afirmar que el Ejecutivo tiene información sobre la posibilidad de una nueva caravana de migrantes.

Según el portal de noticias Vanguardia, la funcionaria añadió que la medida busca garantizar que el ingreso a México sea ordenado y sin violencia.

Sánchez Cordero hizo estas declaraciones en el marco de la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules mexicanos, que comenzó el 7 y se extenderá hasta el 11 de enero.

La funcionaria dijo que el Ejecutivo cuenta con información que afirma que a mediados de este mes podría llegar una nueva caravana migrante a la frontera sur del país.

Por este motivo, el objetivo del Gobierno es fortalecer los 12 puntos de internación con los que cuenta actualmente, al tiempo que se controlarán los 379 cruces ilegales que detectaron las autoridades; esto con el objetivo de evitar el ingreso irregular al país, publicó Vanguardia.

Sánchez Cordero explicó que quien quiera ingresar a México deberá presentar sus documentos de identidad y todos los datos que se le requieran, ya que de lo contrario estas personas serán deportadas.

Desde octubre pasado, varias caravanas que sumaron casi 10.000 personas llegaron a la frontera noroeste mexicana en busca de asilo en EEUU.