Tuesday, Aug 20, 2019
HomeInternacional (Page 322)

WASHINGTON, EE.UU.

(Spútnik) El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, rechazó la decisión del Gobierno de Guatemala de culminar anticipadamente el acuerdo entre ambos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dijo el organismo en un comunicado.

«El Secretario General rechaza enérgicamente el contenido de dicha carta (entregada por la canciller Sandra Jovel) (…) El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el Gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo», dice el texto publicado por la ONU en su cuenta de la red social Twitter.

Horas antes, Jovel y Guterres se reunieron en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York luego de que el investigador de la CICIG, Yilen Osorio Zuluaga, fuera retenido el sábado por más de 24 horas en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora de la capital de Guatemala, por funcionarios del Instituto Guatemalteco de Migración.

Jovel acusó a la CICIG de violar los derechos de los guatemaltecos.

El incidente con Osorio Zuluaga se resolvió luego de que la Corte de Constitucionalidad considerara que la acción de los funcionarios de migración iba en contra del amparo provisional que dictó el 21 de diciembre pasado.

Tras la resolución, el comisionado colombiano pudo ingresar a territorio guatemalteco.

En octubre del año pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que revocaba las visas y la inmunidad de 11 investigadores de la CICIG y dos de sus familiares que trabajaban en el país.

Ante esto, el 21 de diciembre la Corte de Constitucionalidad dio lugar al recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría de los Derechos Humanos y su titular, Jordan Rodas, por el que le ordenó a la Cancillería la emisión de visas de cortesía a personal de la CICIG y abstenerse de limitarles la libre circulación en el país.

Gutérrez destacó la importancia de las tareas de comisión en Guatemala y dijo que esperaba que el Gobierno «respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal tanto internacional como nacional de la CICIG».

El Gobierno que preside Jimmy Morales anunció este año su decisión de no renovar el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019, y más tarde prohibió la entrada a su comisionado, Iván Velásquez, que había viajado momentáneamente a EEUU.

La comisión, creada en 2006 mediante un acuerdo del Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros a Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.

En 2015, la CICIG asistió en el enjuiciamiento y renuncia del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de abusos contra los derechos humanos en el país.

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

(Spútnik) La canciller de Guatemala, Sandra Jovel, anunció que su país da por finalizado el acuerdo con la ONU respecto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y dio al organismo un plazo de 24 horas para oficializar la culminación oficial del vínculo, informan medios locales.

Jovel hizo estas afirmaciones durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU, luego de mantener una reunión con el secretario general del organismo, Antonio Gutérres.

Jovel y Gutérres se reunieron luego de que el investigador de la CICIG, Yilen Osorio Zuluaga, fuera retenido el sábado por más de 24 horas en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora de la capital de Guatemala, por funcionarios del Instituto Guatemalteco de Migración.

La ministra de exteriores de Guatemala dijo además que la CICIG violó los derechos de los guatemaltecos y afirmó que el presidente Jimmy Morales siempre permitió que se le realizaran investigaciones, informó la radio Emisoras Unidas en su cuenta de la red social Twitter.

«(La) CICIG no realizó su debido trabajo», dijo Jovel según el diario El Mundo.

El incidente con Osorio Zuluaga se resolvió luego de que la Corte de Constitucionalidad considerara que la acción de los funcionarios de migración iba en contra del amparo provisional que dictó el 21 de diciembre pasado.

Tras la resolución, el comisionado colombiano pudo ingresar a territorio guatemalteco.

En octubre del año pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que revocaba las visas y la inmunidad de 11 investigadores de la CICIG y dos de sus familiares que trabajaban en el país.

Ante esto, el 21 de diciembre la Corte de Constitucionalidad declaró dio lugar al recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría de los Derechos Humanos y su titular, Jordan Rodas, por el que le ordenó a la Cancillería la emisión de visas de cortesía a personal de la CICIG y abstenerse de limitarles la libre circulación en el país.

El Gobierno que preside Jimmy Morales anunció este año su decisión de no renovar el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019, y más tarde prohibió la entrada a su comisionado, Iván Velásquez, que había viajado momentáneamente a EEUU.

La comisión, creada en 2006 mediante un acuerdo del Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros a Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.

En 2015, la CICIG asistió en el enjuiciamiento y renuncia del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de abusos contra los derechos humanos en el país.

WASHINGTON, EE.UU.

(Spútnik) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a EEUU que investigue la muerte de dos niños guatemaltecos en diciembre mientras se encontraban bajo el cuidado de la Patrulla Fronteriza luego de ser detenidos junto a otros migrantes que cruzaron la frontera desde México de forma ilegal.

«La CIDH insta al Gobierno de los Estados Unidos a investigar las circunstancias que llevaron a estas muertes y le urge a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, la integridad y la salud de las personas migrantes que se encuentran bajo su jurisdicción», informó el organismo en un comunicado.

La niña Jakelin Caal, de siete años, falleció el 8 de diciembre en un hospital de la ciudad de El Paso (Texas, sureste) tras sentirse mal el día anterior en un centro de detención de migrantes, y el niño Felipe Gómez, de ocho años, murió el 24 de diciembre luego de que médicos de un hospital le diagnosticaran gripe y le dieran de alta.

Los niños habían ingresado a EEUU de forma ilegal días antes de su fallecimiento y fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza.

La CIDH dijo en su comunicado que las autoridades de EEUU deben brindar asistencia médica inmediata, así como agua, alimentación y abrigo a los migrantes cuando se los detiene.

En el caso de la niña guatemalteca, los servicios de emergencia la atendieron horas después de que se sintiera mal en el autobús que la trasladó desde el lugar de captura al centro de detención.

Tras la muerte de los dos niños, la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, pidió al Departamento de Defensa que proporcione más personal médico en la frontera sur de EEUU con México, donde dijo que tiene lugar una crisis humanitaria.

La CIDH también dijo que las autoridades no pueden privar de libertad a niños como medida preventiva del proceso inmigratorio y que deberían disponer de alternativas menos lesivas.

«La muerte de estos dos niños pone de manifiesto, una vez más, los riesgos que tiene para el bienestar de los niños el uso de la detención migratoria. Es importante que seamos conscientes que muchas de las niñas y niños que llegan a la frontera de los Estados Unidos vienen huyendo de situaciones de violencia, desigualdad y discriminación en sus países, así como de enfrentar otras múltiples formas de violencia y trauma en su recorrido migratorio», dijo el comisionado Luis Ernesto Vargas, relator sobre los derechos de los migrantes, en el comunicado de la CIDH.

En tanto, la presidenta de la CIDH, dijo que EEUU debe investigar de manera independiente e imparcial las circunstancias de la muerte de los niños y determinar las responsabilidades correspondientes.

«A su vez, el Estado debe proporcionar las reparaciones apropiadas que exija la justicia a los padres y familiares de estos dos niños fallecidos. Se trata de la vida de dos pequeños niños que estaban bajo custodia de autoridades de los Estados Unidos. Es necesario que esto no quede simplemente como dos muertes más y que el Estado tome las medidas necesarias para reformar protocolos, prácticas y todo lo que sea necesario de forma de prevenir la repetición de estos hechos», agregó.

La muerte de los niños y las condiciones en que son retenidos los migrantes han sido fuertemente criticadas por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, pero el Gobierno de EEUU, que atraviesa un cierre parcial federal por una polémica sobre el financiamiento para un muro fronterizo y que desplegó miles de militares para ayudar ante una ola de inmigrantes, afirma que sus medidas no violan los derechos humanos.