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TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) aseguraron en su momento que el comisionado de Policía Leonel Sauceda no tenía cuentas pendientes con la ley, a pesar que desde hace años se le venía investigando por presunto blanqueo de capitales, según dos documentos que lograron obtener Radio Globo y ConfidencialHN.

Los certificados de los entes, aseguran que Sauceda no tiene responsabilidades civiles y penales sin embargo, fue requerido por la justicia por la presunta comisión de varios delitos.

Una constancia emitida por el TSC el 25 de abril de 2019, el secretario general del organismo Santiago Antonio Reyes Paz indicó que el alto oficial «no tiene a la fecha ningún tipo de responsabilidad firme, ni existe ninguna intervención por presunción de enriquecimiento ilícito en igual situación que le impida el desempeño de un cargo público».

Por su parte, el secretario general del Ministerio Público, Carlos Javier Martínez Erazo, mediante oficio SG-827-2016 del 4 de mayo de 2016, hizo constar que el sospechoso no tenía denuncias en su contra.

«Desde marzo de 2003 hasta marzo de 2016 y conforme a los registros de la oficina de recepción y distribución de expedientes y las Fiscalías Especiales para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, Fiscalía Especial de Derechos Humanos, Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Unidad de Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia no se encontró denuncia alguna por delito o falta contra el ciudadano Leonel Luciano Sauceda Guifarro», reza el documento, aunque aclara que están basadas en la documentación almacenada en las fiscalías ubicadas en la capital y no del resto de Honduras.

Aunque estos certificados, en apariencia, dan constancia de que el aún jefe de Recursos Humanos de la Policía Nacional, en el fondo había una profunda investigación en su contra que data de una década y que se reforzó con el envío de más evidencias por la junta depuradora y que concluyó en su captura, suscitada la semana anterior.

De hecho, la comisión se desmarcó en su momento de la persecución penal ordenada por el Ministerio Público al afirmar que no tenían información al respecto, sin embargo, el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Jorge Galindo, desmintió a los comisionados y rememoró que ellos presentaron en 2016 un expediente que contenía evidencias que apuntan a que Sauceda estaría coludido con la delincuencia organizada.

En la actualidad, el mediático personaje se encuentra privado de su libertad en una unidad militar de la periferia sur capitalina, mientras que su esposa Patricia Estrada fue confinada a la cárcel de mujeres de Támara.

Al comisionado de Policía y su cónyuge se le quitaron varios bienes y cuentas bancarias ya que no pudieron justificar la procedencia de unos 15 millones de lempiras.

Cabe mencionar que el narco hondureño Juan Carlos Arbizú Hernández, extraditado hace varios años a EE.UU. reveló que el comisionado general Sauceda habría recibido maletas con dinero procedente de actividades ilícitas.

Un oficio girado el 13 de junio de 2016 por el ex subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Roger Medardo Maradiaga, al entonces director de la fuerza pública, Félix Villanueva Mejía, explica que Arbizú, más conocido como Lanchita le indicó: «Dígale a Sauceda que allá lo espero. Que recuerde cuando iba a traer las maletas».

Esa confesión, plasmó Maradiaga en el documento con registro INP-DN-038-2016, tuvo como testigo al entonces director de la Penitenciaría Nacional de Támara, el coronel César Augusto Nájera, a fin de hacer constar la veracidad de los dichos que profirió el narcotraficante minutos antes de abordar una camioneta que lo trasladaría a la base aérea Hernán Acosta Mejía, a fin de ser extraditado a EE.UU.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), Piedad Huerta, expresó que se debe invertir más infraestructura para salas de aislamiento equipadas, por posibles casos de coronavirus.

Señaló que “también hay que invertir en capacitación de los médicos tratantes y para protegerles requiere recursos financieros, yo veo muchos mensajes de crítica por si se pide o no se pide dinero, pero es necesaria la inversión”.

Exteriorizó que hay que evitar la salida del país, es lo más eficaz para controlar esto, para evitar el traspaso del virus entre naciones.

A su vez, la epidemióloga, Elsa Palou, dijo que es de agradecer que esto haya ocurrido en un país del primer mundo, ya que identificaron el genoma en siete días, tienen 60 millones de personas en cuarentena.

“Los chinos nos están enseñando cómo contener el virus, imagínese que la población en Centroamérica es aproximadamente de 35 millones”, apuntó.

Concluyó que “no por estar con el coronavirus debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo con el dengue, con tuberculosis, con otras enfermedades que ya tenemos aquí y que son un problema para el país”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La directora de la Fundación Democracia sin Fronteras (Fdsf), Melissa Elvir, afirmó que el incremento de presupuesto a operadores de justicia como el Ministerio Público los obliga a hacer cumplir la ley de manera imparcial y equitativa.

Explicó que el Poder Judicial con todos los cambios que está haciendo -como la implementación de los juicios virtuales- debe solicitar obligatoriamente un aumento a su presupuesto, “para la protección de los jueces, defensores públicos y auxiliares judiciales y también para todos los abogados que llegan a litigar a las audiencias”.

La funcionaria dijo que hay que actualizarse en todos estos procesos, principalmente con la entrada en vigencia en mayo próximo del nuevo Código Penal.

Agregó, que es necesario el presupuesto para la Corte Suprema de Justicia, ya que es un «punto fundamental para fortalecer el recurso humano, así como capacitar a jueces en cada una de la materias y no solo en temas generales».

“Se ha mejorado y se ha avanzado en algunas cosas, como las audiencias virtuales”, destacó.

Recalcó que tiene que existir una defensa pública fuerte y que pueda atender a toda la población para que exista igualdad de justicia ante todas las personas.