Monday, Jun 17, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Todos nos asustamos ¡ay es un narcoestado…! ¡Vivimos en un narcoestado, eso es una realidad!”, profirió la exdirectora de Medicina Forense, Julissa Villanueva al trasluz de las evidencias que reflejan la infiltración de la delincuencia organizada en el aparato estatal.

“El país está colapsando, está en crisis, ¿y qué sacaron los fiscales del Ministerio Público en un comunicado anónimo? Acá el que habla le cae supervisión (de fiscalía) o le cae otra cosa”, denunció.

Prosiguió que  “no denunciaron  la infiltración del crimen organizado en nuestras instituciones, eso es lo que tenemos en el Ministerio Público eso es lo que hay en la ATIC, y es lo que se ha querido infiltrar en el aparato de justicia de todo el país”.

Sobre este particular Villanueva,  insistió que  es la evidencia  de que Honduras es un “narcoestado”.

Por otra parte alabó la lucha que han librado los médicos y el magisterio en defensa de la salud y educación.

“El apoyo y solidaridad del gremio médico me ha sentir más orgullosa porque nunca habíamos tomado una actitud así, es responsable y acorde a la realidad, todos tenemos que sumarnos”.

“La doctora Suyapa defiende el mandato de asamblea, el día que Suyapa Figueroa no defienda el mandato de asamblea, ella es removida y de igual forma el día en que ella tenga intereses en quedar bien con un partido político”, pormenorizó .

“No se equivoquen con el Colegio Médico estamos con el pueblo y Honduras va a cambiar, se va a transformar hay que tener voz y fuerza”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Los hondureños que acudan enmascarados a las movilizaciones podrían ser calificados como delincuentes, según una propuesta que presentará en los próximos días ante el Parlamento el legislador nacionalista Oswaldo Ramos Soto.

Consideró que estas personas deben ser perseguidas penalmente porque, a su juicio, es «delincuencia».

Para contrarrestar cualquier cuestionamiento en su contra, indicó que los agentes de la fuerza pública también tendrán que quitarse las capuchas que utilizan durante la represión contra los manifestantes.

No obstante, aclaró que «la Policía debería usar mascaras cuando está en una operación combatiendo la delincuencia, criminalidad y narcotráfico sí debería usar la máscara porque ahí si peligra su vida”.

Asimismo, aseguró que si él fuera uno de los afectados por las protestas, acusaría criminalmente a los organizadores de las movilizaciones y que se les sancione conforme a la legislación penal vigente.

Esta idea podría enardecer los ánimos de un gran segmento poblacional que ha decidido salir a las calles a respaldar la lucha de los médicos y docentes a fin de que el Ejecutivo nacionalista no privatice la educación y salud a fin de complacer a los organismos financieros internacionales.

Las protestas en Honduras se han intensificado en los últimos dos meses ante el empecinamiento de Juan Orlando Hernández de ceder a particulares los sistemas sanitarios y educativos a fin de recibir más recursos internacionales para financiar el aparato burocrático.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Ejecutivo nacionalista decidió de manera unilateral hacer el lanzamiento del denominado Diálogo nacional por la salud y educación a pesar de que no ha querido resolver la crisis en ambas áreas y puja por privatizarlas para obtener una palmada en el hombro de los organismos financieros internacionales.

De acuerdo a la invitación, la presidencia «tiene el honor de invitarle al Dialogo Nacional por la Salud y Educación, les esperamos» y el cual se realizará mañana en uno de los salones de Casa de Gobierno.

Ya se da por descontado que en el evento participarán los gremios afines al orlandismo, asociaciones de padres de familia que están afiliados al Partido Nacional a fin de deslegitimar la lucha emprendida desde hace dos meses por los docentes y médicos, quienes han planteado salidas a la crisis creada por Hernández.

Desde luego, se contempla la presencia del propio hombre fuerte del régimen y sus secretarios de Salud y Educación, en la cual busca apaciguar la masificación de las movilizaciones, a las que se han incorporado estudiantes de secundaria y universitaria.

Y es que el Ejecutivo ha insistido en que derogó varios decretos PCM, pero creó otros que no resuelven de fondo el asunto de la privatización; una parte de los dirigentes magisteriales cedieron al chantaje tras revelarse denuncias de presunto lavado de dinero, extremo que reveló el desinterés de este segmento por la gratuidad de la educación y salud.