Friday, Aug 23, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La audiencia de conciliación prevista para hoy entre el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya y su madre Martha Elena Medrano fue reprogramada hasta el 14 de octubre próximo por un juzgado civil ya que el líder político no acudió a la cita.

La madre del excandidato dijo a periodistas que «se siente traicionada» por su hijo por la causa en su contra; añadió que uno de sus retoños, Iván, es quien le ayuda en sus necesidades.

Recomendó a las madres que «estén preparadas para todo y que tengan sus cosas legalmente y que busquen la ley ya que es lo único que protege a las mujeres».

Según el apoderado legal de la jefa de hogar, José Coto, la audiencia se interrumpió y fue reprogramada para el 14 de octubre a las 9:30 de la mañana.

Declaró que seguirán gestionando una conciliación ante el juez que conoce la causa civil.

Cabe recordar que las partes entraron en conflicto luego de que se buscara anular el testamento hecho por Roberto Zelaya, quien falleció en noviembre de 2018 ya que se alegaron varias razones.

En tanto, el líder opositor no ha proferido comentarios en torno a su ausencia de la audiencia que debió celebrarse este día.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Un tribunal de sentencias decidió hoy absolver a los miembros de la familia Gutiérrez y unas 14 personas más acusadas en la causa de Astropharma, por lo que ya no tienen cuentas pendientes con la ley.

En consecuencia, Marco Tulio, Lena, Julio César y Ginette Gutiérrez fueron declarados inocentes por unanimidad de votos de los jueces que conocieron el juicio que concluyó en fecha reciente.

Por tanto, se les suprime la acusación por falsificación de documentos públicos y otros ya que el Ministerio Público no pudo demostrar pruebas fehacientes durante los debates y, asimismo, se les suspende las medidas cautelares que gozaban en su momento.

La absolución alcanza a varios de los imputados, entre ellos, Tirza Gloria Escobar Cárcamo, María de los Ángeles Fúnez, Lizeth Ruiz Castro, Cristian Manuel Bautista, Martha Gissel Vásquez Ordóñez  y Ericka Castillo ya que se les acusaba por violación de los deberes de los funcionarios y quedan en libertad.

El Poder Judicial publicó en Twitter que la fiscalía no entregó pruebas concluyentes, por lo que la terna de jueces optó por emitir el fallo absolutorio.

La tardanza en la lectura de la sentencia obedeció a la gran cantidad de tomos que contenían miles de páginas respecto a la causa y se mantuvo en suspenso por varias semanas.

Por su parte, la ex vicepresidenta del Legislativo dio gracias a aquellos que confiaron en su inocencia. En una escueta declaración, patentó su conformidad con el fallo e insistió que desde 2015 «mi familia y yo éramos inocentes».

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los jueces y magistrados que laboran para el Poder Judicial de Honduras ya no serán removidos de sus cargos, por lo que podrán pasar por décadas, de manera indefinida, por lo que se convertirán en funcionarios vitalicios, según una iniciativa de ley que fue remitido en fecha reciente por la MACCIH a la enlace con el Ejecutivo Lidia Estela Cardona.

El exjefe del organismo, Luiz Marrey Guimaraes, remitió un oficio a la también procuradora general respecto al proyecto de reforma al artículo 319 constitucional respecto a las garantías de los jueces y magistrados y que, según el diplomático, «se fundamenta en lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del caso López Lone vrs. Honduras, donde establece la obligación del Estado de Honduras de adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar la estabilidad e inamovilidad de los jueces y juezas y de otras garantías como mecanismo para asegurar su independencia.

Según el documento, los jueces no podrán ser «removidos, separados, destituidos, suspendidos trasladados, descendidos, ni jubilados sino con su consentimiento o por alguna de las causas y con las garantias previstas en la ley especial de la Carrera Judicial La destitución jubilación suspensión descenso o traslado de jueces y Magistrados sin su consentimiento solo puede realizarse por decision fundamentada en el interes publico en causas previstas en la ley especial de la Carrera judicial asegurando los derechos de defensa».

Asimismo, estos funcionarios «están obligados a mantener y defender su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, en consecuencia, deben denunciar cualquier situación que afecte dicha independencia en el ejercicio del cargo es punible conforme a la ley, cualquier intento de menoscabar o coartar la independencia judicial de un juez o magistrado».

En cuanto a la estabilidad, la iniciativa indica que estos podrán ser removidos «si incurre en alguna de las causas establecidas de forma previa expresa, precisa y taxativa en la Ley especial de la Carrera Judicial, mediante un proceso que cumpla con las garantias administrativas y judiciales que respeten el debido proceso».

Además, se plantea que ningún juez o magistrado «podrá ser acusado o interrogado por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. No podrá ser detenido o arrestado sino en caso de flagrante delito que merezca pena corporal . Si asi ocurriese, la autoridad interviniente debe ponerlo bajo la custodia del juez competente de manera inmediata».

Si bien esta norma conlleva -en apariencia- beneficios para los funcionarioos del Poder Judicial, también podría ser un arma de doble filo para proteger a jueces, magistrados y aquellos que estén señalados por irregularidades, por lo que se convierte en una suerte de inmunidad.