TEGUCIGALPA, HONDURAS
Los jueces y magistrados que laboran para el Poder Judicial de Honduras ya no serán removidos de sus cargos, por lo que podrán pasar por décadas, de manera indefinida, por lo que se convertirán en funcionarios vitalicios, según una iniciativa de ley que fue remitido en fecha reciente por la MACCIH a la enlace con el Ejecutivo Lidia Estela Cardona.
El exjefe del organismo, Luiz Marrey Guimaraes, remitió un oficio a la también procuradora general respecto al proyecto de reforma al artículo 319 constitucional respecto a las garantías de los jueces y magistrados y que, según el diplomático, «se fundamenta en lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del caso López Lone vrs. Honduras, donde establece la obligación del Estado de Honduras de adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar la estabilidad e inamovilidad de los jueces y juezas y de otras garantías como mecanismo para asegurar su independencia.
Según el documento, los jueces no podrán ser «removidos, separados, destituidos, suspendidos trasladados, descendidos, ni jubilados sino con su consentimiento o por alguna de las causas y con las garantias previstas en la ley especial de la Carrera Judicial La destitución jubilación suspensión descenso o traslado de jueces y Magistrados sin su consentimiento solo puede realizarse por decision fundamentada en el interes publico en causas previstas en la ley especial de la Carrera judicial asegurando los derechos de defensa».
Asimismo, estos funcionarios «están obligados a mantener y defender su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, en consecuencia, deben denunciar cualquier situación que afecte dicha independencia en el ejercicio del cargo es punible conforme a la ley, cualquier intento de menoscabar o coartar la independencia judicial de un juez o magistrado».
En cuanto a la estabilidad, la iniciativa indica que estos podrán ser removidos «si incurre en alguna de las causas establecidas de forma previa expresa, precisa y taxativa en la Ley especial de la Carrera Judicial, mediante un proceso que cumpla con las garantias administrativas y judiciales que respeten el debido proceso».
Además, se plantea que ningún juez o magistrado «podrá ser acusado o interrogado por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. No podrá ser detenido o arrestado sino en caso de flagrante delito que merezca pena corporal . Si asi ocurriese, la autoridad interviniente debe ponerlo bajo la custodia del juez competente de manera inmediata».
Si bien esta norma conlleva -en apariencia- beneficios para los funcionarioos del Poder Judicial, también podría ser un arma de doble filo para proteger a jueces, magistrados y aquellos que estén señalados por irregularidades, por lo que se convierte en una suerte de inmunidad.
