- Gustavo Irías advierte que la normativa, aprobada en medio de conflictos por la tierra en el Bajo Aguán, Atlántida y Yoro, podría endurecer la respuesta estatal ante reclamos campesinos y generar restricciones a derechos fundamentales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Gustavo Irías, expresó preocupación por la recién aprobada Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían tener efectos sobre el ejercicio de derechos fundamentales y la protesta social en Honduras.
Según el analista, la normativa surge en un contexto marcado por una conflictividad agraria que se ha mantenido durante más de una década, particularmente en regiones como el Bajo Aguán, Atlántida y Yoro, donde continúan las disputas por la tenencia de la tierra entre empresas agroindustriales, organizaciones campesinas y comunidades garífunas.
Irías señaló que la nueva legislación incorpora elementos contenidos en decretos aprobados anteriormente que endurecen las sanciones relacionadas con el delito de usurpación, situación que, a su juicio, podría tener consecuencias para las acciones de protesta vinculadas a los conflictos territoriales.
“Nos preocupa mucho que se agregue este marco jurídico que puede venir a restringir el ejercicio de las libertades democráticas”, manifestó.
El director de CESPAD advirtió que la aprobación de nuevas herramientas legales en escenarios de alta conflictividad social debe analizarse con cautela, debido al riesgo de que puedan ser utilizadas para limitar manifestaciones o reclamos impulsados por sectores que demandan acceso a la tierra o el reconocimiento de derechos territoriales.
Asimismo, cuestionó reformas recientes relacionadas con el delito de terrorismo, argumentando que algunos conceptos incorporados en la legislación presentan definiciones que podrían prestarse a interpretaciones amplias o ambiguas.
De acuerdo con Irías, esta situación podría generar preocupaciones respecto a la protección de derechos constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho de reunión, pilares fundamentales dentro de un sistema democrático.
El analista insistió en que los problemas agrarios que enfrenta Honduras no pueden resolverse únicamente mediante mecanismos punitivos o endurecimiento de sanciones, sino a través de procesos integrales que incluyan diálogo, fortalecimiento institucional y búsqueda de consensos entre las partes involucradas.
A criterio de CESPAD, la persistencia de conflictos violentos por la tierra en distintas regiones del país evidencia la necesidad de impulsar soluciones estructurales que atiendan las causas de fondo de la problemática, evitando medidas que puedan incrementar la polarización o profundizar las tensiones existentes.
Las declaraciones de Irías se producen en momentos en que diversos sectores continúan analizando los alcances de la nueva Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, una normativa que ha sido defendida por sus promotores como una herramienta para brindar seguridad jurídica e incentivar la inversión, pero que también ha comenzado a generar cuestionamientos por sus posibles efectos sobre los derechos ciudadanos y la conflictividad social en el campo hondureño.
