- A 100 días de gestión, el organismo señala continuidad en modelos de exclusión, desigualdad, militarización y corrupción, mientras persisten crisis en salud, seguridad, derechos humanos y transparencia.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
A 100 días de la administración del presidente Nasry Asfura, el Centro de Estudio para la Democracia en Honduras (CESPAD) advirtió que el país no refleja un “cambio de rumbo significativo” respecto a gobiernos anteriores, señalando la continuidad de un modelo político y económico marcado por la exclusión social, la desigualdad y el fortalecimiento de prácticas que históricamente han generado crisis institucionales en Honduras.
Durante la presentación de un informe especial sobre los primeros meses de gestión gubernamental, el director ejecutivo del CESPAD, Gustavo Irías, cuestionó que las principales decisiones adoptadas por la actual administración mantengan prioridades enfocadas en la deuda pública, la militarización y el impulso de modelos extractivistas, mientras persisten problemas estructurales como la corrupción, la impunidad, la violencia y la precariedad en áreas sensibles como salud, derechos de las mujeres y justicia ambiental.
El informe, titulado “A 100 días del gobierno de Nasry Asfura: preocupaciones y demandas del CESPAD”, analiza distintos ejes relacionados con gobernabilidad democrática, transparencia, derechos humanos y justicia ambiental, advirtiendo que varias acciones impulsadas por el Ejecutivo podrían profundizar las brechas sociales e institucionales ya existentes.
Entre los principales señalamientos, el organismo cuestionó que el Presupuesto Nacional 2026 priorice el pago de la deuda pública y el gasto en defensa y seguridad por encima de la inversión social, mientras se reducen fondos destinados a sectores como ambiente y reforma agraria.
Asimismo, el CESPAD alertó sobre lo que considera una falta de estrategia real en la lucha contra la corrupción, señalando que persisten mecanismos de clientelismo político y concentración de poder institucional que limitan el combate a la impunidad.
En materia ambiental, el informe advierte sobre un fortalecimiento del modelo extractivista mediante la agilización de licencias para proyectos mineros y de infraestructura, sin procesos efectivos de consulta ciudadana, mientras continúan conflictos y denuncias por criminalización de defensores del territorio.
Respecto a los derechos de las mujeres, la organización expresó preocupación por el incremento de los niveles de violencia y femicidios, así como por políticas que, según señalaron, mantienen condiciones de desigualdad y exclusión para las hondureñas.
El documento también aborda la crisis en el sistema sanitario nacional, denunciando una creciente privatización de servicios y mecanismos de contratación que —a criterio del CESPAD— debilitan la transparencia y profundizan las deficiencias históricas del sistema de salud pública.
En temas de seguridad, el organismo sostuvo que el país enfrenta una escalada de violencia y una estrategia gubernamental “reactiva y militarizada”, sin políticas integrales orientadas a combatir las raíces estructurales de la criminalidad y la infiltración del crimen organizado en las instituciones.
Finalmente, el CESPAD hizo un llamado al gobierno de Nasry Asfura para replantear sus prioridades y adoptar medidas orientadas a fortalecer la democracia, reducir la desigualdad y garantizar mayor transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.
En el siguiente enlace accede al informe integro:
