• El organismo interamericano analizará denuncias sobre el juicio político al exfiscal general, la separación de poderes y el cumplimiento de los estándares internacionales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado de Honduras a una audiencia pública que se celebrará el próximo 5 de agosto en Washington D. C., donde examinará los cuestionamientos relacionados con la independencia judicial, la separación de poderes y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de administración de justicia.
La audiencia tendrá lugar durante el 196 período de sesiones de la CIDH y se produce tras una serie de acontecimientos que reactivaron el debate sobre la autonomía de las instituciones de justicia, el debido proceso y las obligaciones asumidas por el Estado hondureño en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El juicio político al exfiscal general
La controversia se intensificó el 23 de marzo de 2026, cuando el Congreso Nacional inició un juicio político contra el entonces fiscal general, Johel Zelaya.
Dos días después, Zelaya fue destituido de su cargo, una decisión que generó cuestionamientos debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia emitida en noviembre de 2023 dentro del caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, concluyó que la normativa hondureña sobre el juicio político era incompatible con los estándares internacionales de independencia judicial.
En esa resolución, el tribunal ordenó al Estado adecuar su legislación para fortalecer la autonomía de las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar que los procesos disciplinarios respeten las garantías del debido proceso.
La CIDH pidió información al Estado
Como parte del seguimiento a esa sentencia, el 10 de abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos activó el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y solicitó formalmente información al Estado hondureño.
Entre los puntos requeridos figuraban las medidas adoptadas para reformar la legislación sobre el juicio político, garantizar el debido proceso y asegurar recursos judiciales efectivos para las personas sometidas a ese mecanismo.
La Comisión otorgó un plazo de 15 días para que Honduras respondiera a los requerimientos.
Organizaciones solicitaron una audiencia
El 23 de abril, varias organizaciones nacionales e internacionales solicitaron a la CIDH la celebración de una audiencia pública sobre la independencia judicial en Honduras.
En su petición señalaron que persisten problemas estructurales que afectan el funcionamiento del sistema de justicia, entre ellos la concentración de facultades administrativas en la Corte Suprema de Justicia, el uso del juicio político contra altos funcionarios judiciales y electorales, la cancelación de nombramientos y la presunta influencia política en la designación de autoridades.
Asimismo, expresaron preocupación por el incumplimiento de recomendaciones y sentencias emitidas previamente por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Estado expondrá su posición
Tras analizar la solicitud, la CIDH notificó oficialmente al Gobierno hondureño, el 8 de junio, que la audiencia pública se realizará el próximo 5 de agosto en Washington D. C., donde el Estado tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y la documentación que considere pertinente.
Posteriormente, el 18 de junio, la Procuraduría General de la República solicitó al Ministerio Público y a otras instituciones del Estado información actualizada para preparar la defensa oficial de Honduras ante el organismo internacional.
Durante la audiencia, la Comisión escuchará tanto la posición del Estado como los planteamientos de las organizaciones peticionarias antes de emitir sus valoraciones.
Además del juicio político promovido contra el exfiscal general, la CIDH analizará otros aspectos relacionados con la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes, las garantías del debido proceso y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Honduras en materia de derechos humanos.
