- La Corte Interamericana concluye que el Estado violó derechos humanos de una mujer trans y falló en investigar con debida diligencia su asesinato
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Honduras por graves violaciones a los derechos humanos de Leonela Zelaya, una mujer trans que fue víctima de detenciones ilegales y arbitrarias en enero, agosto y septiembre de 2004, y cuyo fallecimiento ocurrió el 7 de septiembre de ese mismo año.
De acuerdo con la sentencia, el tribunal regional determinó que durante las actuaciones estatales se desconoció la identidad y expresión de género de Leonela Zelaya, tanto en las detenciones previas como en la investigación posterior a su muerte, lo que constituyó una violación a sus derechos fundamentales y a los estándares internacionales de protección a personas trans.
La Corte también estableció que el Estado hondureño incurrió en responsabilidad internacional por la demora injustificada y la falta de debida diligencia reforzada en las investigaciones del caso, lo que afectó las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de Thalía Rodríguez, quien fue pareja de Leonela Zelaya durante nueve años.
Según el fallo, las deficiencias en el proceso investigativo y la prolongación del mismo generaron sufrimientos adicionales a Thalía Rodríguez, por lo que el tribunal concluyó que Honduras también violó su derecho a la integridad personal.
En este punto, la Corte tomó en cuenta que el propio Estado reconoció de manera parcial su responsabilidad por los hechos denunciados.
La sentencia subraya que el caso de Leonela Zelaya se inscribe en un contexto de discriminación estructural contra personas trans en Honduras, y recalca la obligación del Estado de adoptar medidas efectivas para prevenir detenciones arbitrarias, garantizar investigaciones imparciales y respetar la identidad de género de las víctimas en todos los procedimientos judiciales.
El fallo de la Corte Interamericana representa un precedente relevante en materia de derechos humanos y diversidad en la región, y obliga al Estado hondureño a cumplir con medidas de reparación, garantías de no repetición y adecuación institucional, cuyos alcances fueron detallados en el comunicado oficial del tribunal internacional.
A continuación, el comunicado íntegro:
