• Los recursos serán trasladados a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) para facilitar su distribución y fortalecer la capacidad operativa de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad, incluso sin sentencia judicial firme.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Congreso Nacional (CN) aprobó este jueves un decreto que establece un mecanismo temporal para centralizar en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) los activos financieros incautados a presuntas estructuras criminales y que actualmente permanecen bajo custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
La medida busca agilizar la disponibilidad y distribución de estos recursos para fortalecer a las instituciones responsables de la seguridad y la administración de justicia, entre ellas las secretarías de Seguridad y Defensa, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la propia OABI, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (NII) y la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC).
La iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo mediante el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, y aprobada con dispensa de debate, a solicitud de la vicepresidenta del Congreso, la diputada nacionalista Tania Pinto.
La parlamentaria explicó que el mecanismo permitirá agilizar la utilización de los fondos incautados para financiar investigaciones, adquirir equipos y fortalecer las capacidades operativas de los organismos de seguridad y justicia.
Además, detalló que las instituciones beneficiarias podrán recurrir a procedimientos de contratación directa para la adquisición de bienes, contratación de obras y servicios, asumiendo las responsabilidades correspondientes en materia de rendición de cuentas.
Fondos podrán utilizarse sin sentencia firme
Uno de los aspectos centrales del decreto establece que los recursos financieros incautados, incluidos depósitos bancarios, títulos valores, inversiones, intereses y otros productos financieros bajo custodia de la OABI, deberán trasladarse de manera inmediata e íntegra a la Cuenta Única del Tesoro.
El traslado se realizará incluso cuando todavía no exista una sentencia judicial firme que declare la privación definitiva del dominio o el decomiso de los bienes.
La Secretaría de Finanzas (Sefin), en coordinación con la OABI y las instituciones financieras correspondientes, tendrá un plazo de 30 días, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para ejecutar el traslado de los fondos.
No obstante, la normativa establece que los recursos deberán mantenerse plenamente identificados y que el Estado garantizará su restitución íntegra a los particulares, incluidos los intereses correspondientes, en un plazo de tres meses cuando exista una resolución judicial que ordene su devolución.
Advierten sobre la presunción de inocencia
Durante la discusión legislativa, el diputado de Libertad y Refundación (Libre) por Olancho, Marco Ramiro Lobo, manifestó que la intención del decreto es positiva para combatir la criminalidad, pero pidió no perder de vista el principio de presunción de inocencia, especialmente cuando se trata de disponer de bienes que todavía no cuentan con una sentencia judicial firme.
Por su parte, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, defendió la normativa y aseguró que no vulnera el debido proceso ni el derecho a la defensa, argumentando que la Secretaría de Finanzas actuará como garante para que los recursos sean restituidos cuando exista una resolución definitiva favorable a sus propietarios.
La aprobación de este mecanismo se suma a las recientes reformas a la Ley de Privación de Dominio y a las modificaciones del Código Penal y del Código Procesal Penal impulsadas por el Congreso para endurecer las medidas contra la extorsión, las maras, pandillas y otras estructuras del crimen organizado.
Finalmente, el decreto establece una excepción expresa: los fondos incautados a la empresa Koriun quedan excluidos de este mecanismo de utilización anticipada de recursos.
