TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), realizó una denuncia este lunes contra varios exfuncionarios de la administración de Juan Orlando Hernández (204-2022), por el desvió de fondos de la Tasa de Seguridad para gastos de lujo.
Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del ente de sociedad civil, reveló que el despilfarro mediante dicho mecanismo, que entró en vigencia en 2011 bajo la Ley de Seguridad Poblacional, provocó un perjuicio al Estado de más de 307 millones de lempiras.
El CNA en su investigación denominada «Entre el despilfarro y la falsa percepción de seguridad», detalló que los hallazgos son del periodo de 2013 a 2018, lo que abarca el primer mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018; 2018-2022) y los funcionarios que lo acompañaron en su gabinete.
«El despilfarro se ocultaba bajo la Ley de Secretos, una triquiñuela para gozar de extensas del pueblo, la fiesta de millones duró años, pero la buena fortuna se acaba dejando a su paso un sombrío panorama de empobrecimiento», dijo Castellanos en conferencia de prensa.
Por su parte, el investigador del CNA, Luis Urbina, señaló que el modus operandi para sustraer fondos de la Tasa de Seguridad y destinarlos a situaciones distintas a las que corresponden legalmente fue mediante resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
En tal sentido, el expositor detalló que fueron 15 resoluciones a las que se les dio un uso distinto por parte del Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad.
Entre estas, destacan el uso de más de 11 millones de lempiras en compras de vuelos chárter, cuando la verdadera finalidad era la segunda etapa del proyecto de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Asimismo, hubo utilización arriba de L5 millones en alquiler de vehículos blindados y blindaje de vehículo, en lugar de su verdadero fin, comprar 203 automotores.
Del mismo modo, se destinaron más de L29 millones en compra de carros modelo Prado, alquiler de helicóptero, viáticos nacionales e internacionales, cursos, maestrías, alimentación, logística entre otros.
Entre los proyectos era beneficiar a la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas de Honduras, la extinta Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (DNII), Fuerza Aérea Hondureña (FAH) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Asimismo, la creación del Séptimo Batallón de Infantería de la FFAA en los departamentos de Copán, Intibucá y Lempira; se desviaron ocho millones 135 mil 157 lempiras para la Guardia de Honor de Casa Presidencial.
Cabe recordar que la Ley de Seguridad Poblacional tiene como propósito establecer mecanismos para combatir toda amenaza contra la población; para ello establece que los ciudadanos deben obligatoriamente pagar la contribución denominada Tasa de Seguridad Poblacional.
