- Gabriela Castellanos cuestiona el caso del titular de Aduanas y advierte que aspirantes al CNE y TJE con procesos legales no deberían ser considerados.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, lanzó una dura crítica contra la administración pública al denunciar que funcionarios con demandas activas contra el Estado continúan ocupando cargos y recibiendo salarios, lo que, a su juicio, refleja serias contradicciones en la gestión pública.
Uno de los casos señalados es el del director de la Administración Aduanera de Honduras, Marco Tulio Abadie, quien —según Castellanos— mantiene una alta demanda contra el Estado mientras forma parte de la administración gubernamental.
“Es uno de los casos, porque no es el primero ni el único… tiene una alta demanda contra el Estado y ahora está percibiendo salario nuevamente por parte de la administración pública”, reprochó.
Límites urgentes y llamado a la coherencia
Castellanos fue enfática al señalar que se deben establecer límites claros para quienes aspiran o ejercen cargos públicos.
“No se puede ni siquiera evaluar a quienes tienen demandas contra el Estado”, sostuvo, al tiempo que instó a resolver estas situaciones mediante conciliaciones que permitan transparentar las relaciones contractuales.
En este contexto, también apuntó directamente a la Procuraduría General de la República, a la que atribuyó una alta responsabilidad en la gestión de estos casos.
Advertencia en proceso electoral
La titular del CNA extendió su preocupación al proceso de selección de autoridades del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, advirtiendo que no deberían ser considerados aspirantes que tengan litigios contra el Estado.
Además, reveló que el CNA ya ha identificado varios casos que serán dados a conocer públicamente como parte de su compromiso con la transparencia.
Avances con deudas pendientes en anticorrupción
Aunque reconoció que Honduras avanza en la construcción de una política pública anticorrupción, Castellanos advirtió que persisten fallas estructurales en el sistema de justicia que han limitado su efectividad en la última década.
Explicó que actualmente se trabaja en una estrategia nacional basada en cinco ejes, con participación de instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial de Honduras, la Comisión Nacional de Banca y Seguros y el Tribunal Superior de Cuentas, además de academia y sociedad civil.
Sin embargo, subrayó que históricamente ha faltado una articulación efectiva que permita resultados concretos.
Alerta por posibles espacios de opacidad
En materia presupuestaria, la directora del CNA alertó sobre el riesgo de que ciertas asignaciones se conviertan en focos de falta de transparencia.
Aunque aclaró que no ha señalado la existencia actual de “partidas oscuras”, insistió en que se deben evitar prácticas del pasado y garantizar la rendición de cuentas.
Castellanos aseguró que el CNA mantendrá una vigilancia activa sobre el uso de los recursos públicos, mediante veedurías y pronunciamientos.
Un mensaje directo al sistema
Las declaraciones dejan al descubierto una tensión de fondo: mientras se impulsa una política anticorrupción, persisten prácticas que ponen en duda la coherencia institucional.
El mensaje del CNA es claro: no basta con discursos ni avances parciales; la lucha contra la corrupción exige decisiones firmes, reglas claras y, sobre todo, consistencia en la gestión pública.
