- El ente anticorrupción pide al Congreso delimitar facultades del Ejecutivo y proteger derechos laborales antes del tercer debate
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) emitió una serie de alertas técnicas ante la discusión en el pleno del Congreso Nacional de Honduras del proyecto denominado “Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano”, al considerar que la iniciativa debe ser revisada con mayor rigor antes de su eventual aprobación.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el CNA hizo un llamado público a revisar el contenido del proyecto para evitar posibles perjuicios constitucionales contra la clase trabajadora.
El organismo aclaró que no cuestiona la facultad del Estado de reorganizar su estructura administrativa ni de racionalizar el gasto público.
Sin embargo, advirtió que la eficiencia institucional no puede construirse debilitando garantías constitucionales ni restringiendo derechos fundamentales.
Riesgo de vulneración a la tutela judicial efectiva
Entre los principales señalamientos, el CNA indicó que el proyecto autoriza reducciones forzosas de personal, incluyendo empleados por contrato y por acuerdo de nombramiento.
Aunque la propuesta contempla el pago de indemnizaciones conforme a ley, simultáneamente restringe acciones judiciales y suspende el mecanismo de control previsto en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil.
Según el análisis técnico, esta combinación podría dejar al empleado público cancelado sin mecanismos reales para reclamar ante posibles irregularidades administrativas, afectando el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
“La reforma administrativa no puede implicar la suspensión práctica de derechos fundamentales”, subraya el pronunciamiento.
Discrecionalidad en la anulación de actos administrativos
El CNA también advirtió que el proyecto faculta al Poder Ejecutivo para anular o rescindir actos administrativos previos —incluyendo resoluciones, contratos y licencias— bajo criterios que podrían resultar discrecionales al momento de calificar la ilegalidad de dichas acciones.
De aprobarse sin parámetros claros ni control jurisdiccional posterior, esta facultad podría:
- Convertir al Ejecutivo en parte y juez definitivo.
- Debilitar el debido proceso.
- Generar inseguridad jurídica para ciudadanos y empresas que hayan contratado con el Estado.
El ente recordó que la corrección de actos ilegales debe realizarse mediante los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, respetando las garantías constitucionales.
Incertidumbre sobre la jurisdicción contencioso administrativa
Otro punto de preocupación es la disposición que suspende la aplicación del artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
De acuerdo con el CNA, la redacción carece de claridad en cuanto a su alcance y efectos.
Advirtió que, ante el cierre o supresión de instituciones públicas, podría no existir continuidad en la responsabilidad procesal del Estado, dejando en indefensión a quienes interpongan demandas.
“Cualquier reforma debe garantizar que la reorganización institucional no se traduzca en evasión de responsabilidad jurídica ni en obstáculos al acceso a la justicia”, señaló el organismo.
Llamado al Congreso antes del tercer debate
En ese contexto, el CNA exhortó al Congreso Nacional a que, durante el tercer debate próximo a iniciar, garantice que cualquier facultad extraordinaria otorgada al Ejecutivo esté claramente delimitada, respete el debido proceso y preserve el acceso efectivo a la justicia.
El pronunciamiento agrega presión al debate legislativo sobre la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una iniciativa que busca reordenar el aparato estatal, pero que ahora enfrenta cuestionamientos técnicos sobre su compatibilidad con principios constitucionales y garantías laborales.
