TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Tras una reunión, la tarde de este viernes, del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) se aprobó el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen, que tendrá una duración de seis meses con el afán de contrarrestar la criminalidad.
En la reunión estuvieron los titulares del tres poderes del Estado, los ministros de Seguridad, Defensa y Copeco, el jefe de la Policía y del Estado Mayor Conjunto, así como el Fiscal General del Ministerio Público.
El Plan Nacional de Solución Contra el Crimen constituye la II etapa del Plan Nacional de Seguridad que comenzó hace unos meses el gobierno de la República.
Se informó que la presidenta Xiomara Castro prorrogó por seis meses el PCM-10-2023 del 20 de febrero de este año, el que decretó la suspensión de garantías constitucionales y se asigna las responsabilidades por sectores geográficos a la Secretaría de Seguridad y como “colaborador efectivo” en igual materia a la Secretaría de Defensa.
1- Toda información y documentación como resultado del cumplimiento de funciones y actividades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad serán manejados por la Dirección de Investigación e Inteligencia de conformidad con las reservas de las normativas vigentes.
- La presidenta de la República prorrogará la vigencia del Decreto de Emergencia PCM 10-2023 en Materia de Seguridad e inmediatamente se procederá a realizar la asignación de responsabilidades por sectores geográficos a la Secretaría de Seguridad Pública como titular facultada en materia de Seguridad Pública; y a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa como colaborador efectivo en esta materia de conformidad con la Constitución.
Se indicó que la Secretaría de Seguridad es responsable de coordinar y ejercer sus facultades en todo el país y responderá por sus resultados en el Plan directamente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés y estarán bajo su gestión operativa para combatir y poner fin a la criminalidad debiendo responder por sus acciones e informar periódicamente al Consejo de Defensa y Seguridad.
La Secretaría en Defensa a través de las Fuerzas Armadas de Honduras y sus diferentes fuerzas (Ejército, Fuerza Aérea y Naval) colaborará de forma efectiva ejecutando acciones y actividades en materia de seguridad como se ha venido realizando permanentemente.
En el desarrollo del Plan, en los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios informando sistemáticamente al Consejo sobre los resultados concretos de su accionar.
La Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar y del Orden Público colaborará de forma efectiva ejecutando acciones en materia de seguridad, pero ahora en los departamentos de Atlántida, Yoro y Copán brindando los informes correspondientes sobre las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos en el Consejo.
- Se instruye a las Fuerzas Armadas de Honduras para colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario, en la habilitación de batallones como Centros de Reclusión de Emergencia, para el cumplimiento de este plan sometiéndose a los estándares de seguridad penitenciarias y tratados internacionales que regulan convenios internacionales los derechos de los detenidos.
- El Poder Judicial, presidido por la abogada señora Presidenta, Rebeca Raquel, procederá a asignar Jueces con Jurisdicción Nacional para acompañar de manera eficiente y oportuna, las acciones ejecutadas por las fuerzas de Seguridad con base en este Plan Nacional de Solución Contra el Crimen.
- El Ministerio Público, dirigido por señor Fiscal General del Estado, Abogado Oscar Fernando Chinchilla, asignará Fiscales especiales para acompañar de manera eficiente y oportuna, las acciones de las Instituciones de Seguridad del Estado en la ejecución de este Plan Nacional de Solución Contra el Crimen.
- La Presidenta de la República, emitirá Decreto de Emergencia para los equipos técnicos y operativos igual para la construcción, reforma y/o equipamiento de instalaciones y Centros Penales de Seguridad, en cualquier sitio del territorio Nacional, siguiendo los lineamientos nacionales e internacionales de trasparencia y seguridad penitenciaria y detención de las personas.
- Reactivación del 911. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), con la colaboración de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (HONDUTEL), deben prohibir la compra y venta de tarjetas SIM CARD (Chip) para teléfonos celulares, sin que exista un estricto registro e identificación de los compradores, responsabilizando y sancionando en caso de incumplimiento a las
Compañías telefónicas autorizadas y sus sucursales para operar en el país. - Instruir a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, para que elabore un Programa de Análisis Criminal con la participación del Poder Judicial, Ministerio Público, Secretaría de Defensa y Secretaría de Seguridad, mediante el cual se compile y sistematice, de manera ordenada y científica, toda la información que exista sobre denuncias, investigaciones, detenciones, órdenes de captura, requerimientos fiscales, sentencias, para efectos de identificar las personas con mayor incidencia en la comisión de delitos.
- Se establece un protocolo policial para el problema nacional de las tomas en vías públicas internacionales y nacionales, de libre tránsito, perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, anunciando de acuerdo con la ley los procedimientos para solicitar el cese de las tomas y acciones ilegales, poner a la orden del Ministerio Público los responsables y garantizar el libre tránsito y Seguridad de la ciudadanía.
