• Las autoridades detallaron los cambios al Código Penal y Procesal Penal, que contemplan el endurecimiento de penas y nuevas herramientas para fortalecer la persecución de las estructuras criminales en Honduras.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Los integrantes del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) comparecieron este martes en Casa Presidencial para explicar los alcances de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, publicadas en las últimas horas en el diario oficial La Gaceta, con las que se busca fortalecer la respuesta del Estado frente a las maras, pandillas, asociaciones terroristas y otras estructuras de criminalidad organizada.
Durante la comparecencia, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, en representación del mandatario Nasry Asfura, destacó la coordinación entre las instituciones del Estado y agradeció al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y a los diputados de las diferentes bancadas por la aprobación del paquete de reformas.
García señaló que las modificaciones contemplan el endurecimiento de las penas contra las asociaciones terroristas, nuevos mecanismos para facilitar la persecución penal y controles más rigurosos en los centros penitenciarios, especialmente mediante el régimen de máxima seguridad.
Asimismo, aseguró que el Gobierno trabaja en fortalecer las capacidades de los operadores de seguridad y justicia mediante herramientas tecnológicas, equipo especializado y recursos tácticos.
Endurecimiento de penas y nuevas facultades
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, explicó que entre los principales cambios figura la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar requerimientos fiscales en los casos comprendidos por la reforma.
También destacó las nuevas disposiciones que permiten realizar allanamientos sin orden judicial previa bajo determinados supuestos, con acompañamiento del Ministerio Público y coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia.
En materia de sanciones, Zambrano indicó que las penas pueden alcanzar los 40 años de prisión y la privación de libertad de por vida para determinados responsables, particularmente cabecillas de estructuras criminales y personas que utilicen a menores de edad en sus actividades delictivas, de acuerdo con las conductas y circunstancias establecidas en la normativa.
El titular del Legislativo sostuvo que estas modificaciones buscan proporcionar mayores herramientas legales a las instituciones encargadas de combatir la criminalidad organizada.
Poder Judicial y Ministerio Público fijan su posición
En su intervención, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, manifestó que, una vez publicadas y vigentes las reformas, corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicarlas conforme a sus atribuciones constitucionales.
«Una vez siendo la ley positiva y vigente, no quedará más que aplicarla», expresó Vallecillo, quien también destacó la importancia de fortalecer la seguridad jurídica como un elemento para generar confianza y atraer inversión nacional e internacional.
Mientras tanto, el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, aseguró que el Ministerio Público asumirá la dirección y coordinación de las investigaciones junto con las diferentes fuerzas de seguridad, con el propósito de investigar los delitos contemplados en las nuevas disposiciones, ejercer la persecución penal y presentar a los responsables ante los tribunales competentes.
Reyes también señaló que la recuperación del Estado de derecho requiere el trabajo conjunto de las instituciones y la colaboración de la ciudadanía.
La comparecencia reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público y las instituciones de seguridad y defensa, quienes expusieron las responsabilidades que asumirán en la aplicación de las nuevas disposiciones.
Con estas reformas, el Gobierno y las autoridades del sistema de justicia plantean fortalecer el marco legal para enfrentar a las estructuras criminales, mientras la aplicación de las nuevas medidas quedará en manos de las instituciones competentes, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación hondureña.
