- Santiago Herrera advierte que imponer la Ley de Justicia Tributaria sin consenso genera inseguridad jurídica, frena inversión y bloquea leyes urgentes como la de Beneficiario Final.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, aclaró este lunes que gran parte de las exoneraciones fiscales criticadas públicamente no benefician al sector empresarial, sino que están dirigidas a productos básicos, ONGs y misiones internacionales.
Durante su participación en un foro televisivo, Herrera señaló que “el 56% de esas exoneraciones corresponde a la canasta básica” y destacó que otras se destinan a organizaciones sin fines de lucro y actores que no forman parte del sector empresarial.
Incentivos, no exoneraciones
Herrera subrayó que, aunque algunas empresas reciben incentivos fiscales, esto no debe confundirse con exoneraciones. Como ejemplo, mencionó el Régimen de Importación Temporal (RIT), que incluye al sector cafetalero.
A pesar de representar solo un 0.4% del 1% del RIT, genera 30 dólares por cada lempira otorgada en incentivos y hasta 500,000 empleos durante la cosecha.
“Ese es el beneficio del incentivo, no de la exoneración en sí. No podemos eliminar un régimen solo porque no lo entendemos o porque otros han abusado”, explicó.
Si bien reconoció que ha habido abusos y que el sistema necesita revisión, Herrera enfatizó que las leyes actuales permiten auditar los regímenes fiscales.
“Desde 1976 existen estos regímenes sin auditoría, es cierto. Pero el Estado siempre ha tenido la potestad de revisarlos. El problema es que no se ha hecho”, afirmó.
Llamado al Gobierno
En este contexto, el Cohep instó al Gobierno a no imponerse con la Ley de Justicia Tributaria sin un diálogo previo.
Según Herrera, imponer esta normativa sin consenso genera inseguridad jurídica, frena la inversión y bloquea avances urgentes, como la Ley de Beneficiario Final, fundamental para evitar que Honduras caiga en la lista gris del GAFI y la OCDE.
“Si no tenemos el consenso para aprobar la Ley de Justicia Tributaria, pero sí lo tenemos para la Ley de Beneficiario Final, ¿por qué no avanzamos con eso? El país lo necesita”, cuestionó, recordando que el FMI ha confirmado que dicha ley no forma parte de las metas estructurales del acuerdo Stand By con Honduras.
Sector privado cumple con tributos
Herrera también desmintió críticas de que las empresas no pagan impuestos: “Casi el 80% de los tributos los paga el sector privado. El 75% de los impuestos municipales y de los aportes al seguro social también. ¿Por qué dicen que no pagan?” Incluso citó datos de un grupo financiero que reportó 76 millones de dólares en impuestos en un solo año.
Propuesta para avanzar
El gerente del Cohep afirmó que el sector privado está dispuesto a colaborar en una reforma tributaria, pero exige que se haga con diálogo técnico y sin imposiciones.
Su recomendación es avanzar con las leyes donde existe consenso y abrir un debate serio para revisar el sistema tributario hondureño, evitando que la polarización política en año electoral detenga la economía.
“Parece que no hay voluntad política para revisar las cosas en serio. Solo quieren que se apruebe su ley a su manera. Pero ese no es el camino”, concluyó Herrera, instando a priorizar la seguridad jurídica, la inversión y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
