• Señalamientos apuntan a funcionarios de mandos medios y bajos; exigen investigaciones y sanciones para frenar posibles actos de corrupción
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Una denuncia sobre supuestas solicitudes de coimas dentro del Gobierno del presidente Nasry “Tito” Asfura volvió a poner sobre la mesa el debate sobre posibles prácticas de corrupción en la administración pública.
Aunque no se mencionaron nombres ni instituciones específicas, el señalamiento ha generado llamados para que las autoridades investiguen y determinen si existen responsabilidades.
La denuncia fue realizada este sábado por el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), César Chirinos, quien aseguró que funcionarios de niveles ejecutivos medios y bajos estarían exigiendo pagos indebidos dentro de algunas dependencias estatales.
Según explicó, ya sostuvo conversaciones con varios secretarios de Estado para advertir sobre la situación y solicitar que se adopten medidas correctivas de forma inmediata.
Además, indicó que la Andeph, en su papel de veedora social, está dispuesta a colaborar con el mandatario aportando información que permita identificar y corregir estas presuntas irregularidades.
“Es algo que nosotros queremos conversarlo con el presidente porque hay que corregirlo de manera inmediata”, manifestó Chirinos.
Información será entregada al presidente
Al ser consultado sobre qué secretarías estarían involucradas o quiénes serían los funcionarios señalados, el dirigente evitó revelar detalles y afirmó que esa información será presentada directamente al presidente Asfura.
“Eso lo vamos a decir en su momento al presidente para que lo corrija”, expresó.
Chirinos insistió en que, según la información recibida por la organización, las supuestas solicitudes de coimas no provendrían de altos funcionarios, sino de empleados con cargos ejecutivos de nivel medio y bajo.
Asimismo, advirtió que estas prácticas, de confirmarse, afectan la eficiencia del gasto público, encarecen procesos administrativos como compras y proveeduría y terminan perjudicando el manejo de los recursos del Estado.
Piden que la denuncia avance a una investigación
Tras conocerse los señalamientos, el abogado Kenneth Madrid consideró que este tipo de denuncias deben trascender el ámbito mediático y convertirse en investigaciones formales que permitan establecer responsabilidades.
“Uno espera que este tipo de denuncias puedan en su momento tener nombre y apellido para que las personas que han incurrido en estas conductas puedan tener una investigación”, afirmó.
El jurista sostuvo que corresponde a la administración fortalecer los mecanismos de integridad pública, aplicar los procedimientos disciplinarios cuando sea necesario y promover acciones penales en caso de comprobarse la comisión de delitos.
Madrid recordó que los casos de corrupción han afectado a distintas administraciones a lo largo de los años, por lo que insistió en que las denuncias deben ir acompañadas de investigaciones serias y sanciones efectivas para evitar que estas prácticas continúen dentro de las instituciones del Estado.
