TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra trabaja en crear protocolo para atención de desalojos que garantice seguridad jurídica y respeto de derechos humanos.
El titular del Instituto Nacional Agrario (INA), José Francisco Fúnez, señaló que trabajarán distintos instrumentos jurídicos. «Ya no podemos darnos el lujo de continuar con anarquías», aseveró
“Los dos bloques de acceso a la tierra están creando las iniciativas de Ley que van a enviarse al Congreso Nacional y estamos trabajando los diferentes instrumentos jurídicos para poder aplicar las ordenes de desalojo judiciales para que vuelva la calma”, expresó.
“Hemos nombrado algunas subcomisiones que van a trabajar en el protocolo que van a aplicar para establecer los jueces y fiscales de jurisdicción nacional, también se va a trabajar en una Ley que asegure la protección de la vida humana, la seguridad jurídica y los derechos humanos”, añadió.
A este respecto, Funez manifestó que Fuerzas Armadas, Ejercito, Seguridad, INA, Procuraduría y demás enlaces trabajarán en los operativos estratégicos que se harán diferentes regiones del territorio nacional comenzando por las tierras tomadas en la reforma agraria.
“Nosotros no vamos a emitir ordenes de desalojos, para eso están los órganos judiciales; en las ordenes de desalojo que existan el Gobierno va a ser implacable para ponerlas en práctica; no nos podemos dar el lujo de continuar con anarquías con inseguridades hacia la inversión”, explicó.
Para concluir, Fúnez dijo que “esperamos que la otra parte (empresa privada) esté de acuerdo como la FENAGH que le entremos a la tierra ociosa porque en Honduras desde hace 30 años el campesinado no ha tenido derecho a la tierra”.
Prioridad
Uno de los puntos importantes que tendrá la comisión será el Valle de Lean, en Atlántida, donde últimamente se registraron varias tomas por parte de supuestos grupos campesinos.
En tal sentido, se pretende evitar la anarquía mediante acciones estratégicas y viendo el marco jurídico del caso, con respeto a la dignidad humana, sostuvo el titular del INA.
Aquellos casos donde existan órdenes judiciales no ejecutadas son una prioridad para esta subcomisión.
De acuerdo a datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), señalan que alrededor de 2,400 millones de dólares (cerca de 60,000 millones de lempiras) se han dejado de invertir en el país, a causa de las invasiones.
Las luchas por la tenencia de tierras han tenido mayor fuerza en Colón, pero en los meses más recientes se han extendido a cinco departamentos más: Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Islas de la Bahía y Lempira.
La invasión de tierras es un problema que amenaza la estabilidad y la paz social, además de poner sobre base movediza la economía, la producción, la seguridad alimentaria y la llegada de inversión.
Creación de la Comisión de Seguridad Agraria
La presidenta Xiomara Castro anunció el pasado martes la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra tras concluir una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
«Hoy en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) se crea la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra», indicó Castro en un mensaje en cadena nacional de radio y televisión.
Agregó que el sector agropecuario aporta el 12,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el 35 % de las exportaciones del país corresponden a este sector; cuya actividad se desarrolla básicamente en el sector rural, donde el 63 % de la población vive en condición de pobreza y el 50 % en extrema pobreza.
«Históricamente, la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados», acentuó Castro.
Asimismo, dijo que no puede desconocer «las condiciones precarias» del sector rural y agrícola del país, donde la población «lucha a diario por llevar alimentos a sus casas» mientras otros sectores «gozan de grandes privilegios, exoneraciones y jugosas utilidades producto de injustos modelos económicos».
